- Pumpido no puede pretender, como Fidel Castro, responder solo ante la Historia. Tendrá que responder ante nosotros, el pueblo español, cuya inmensa mayoría está espantada por la discrecionalidad y el descrédito en el que ha caído el Constitucional
Estamos ante un viejo aserto de la historia del Derecho: ¿quién juzga al juez? ¿Quién vigila al vigilante? ¿Quién alguacila al alguacil? Pues eso es lo que se pregunta la inmensa mayoría de los españoles ante la errática trayectoria de Conde-Pumpido en el Constitucional. Desde cargarse recientemente el principio de la presunción de inocencia hasta llegar a la fechoría de borrar un delito clamoroso como el de los ERE. Con toda razón, la Audiencia de Sevilla va a recurrir a una instancia superior, planteando una cuestión prejudicial ante el TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En definitiva, se trata de aplicar el viejo principio de cualquier democracia por el cual a una instancia como el Constitucional se le somete a controles y contrapesos. Pumpido no puede pretender, como Fidel Castro, responder solo ante la Historia. Tendrá que responder ante nosotros, el pueblo español, cuya inmensa mayoría está espantada por la discrecionalidad y el descrédito en el que ha caído el Constitucional. Las instituciones están por encima de las personas, pero son las personas las que acreditan o desacreditan a las instituciones. El tiempo de Pumpido en el Tribunal pasará, al menos de momento, como el tiempo más negro que se recuerda.
Alguien ha planteado, con buen criterio, que urge cerrar el actual TC para preservar la Constitución. Nos están destrozando la carta Magna por la puerta de atrás y hay que denunciarlo todos los días. Solo así se podrá poner coto a la mayor arbitrariedad que se recuerda en la democracia española.
Una sombra de sospecha sobrevuela sobre este TC. Una sombra que hace un enorme daño al organismo y a España. Si Hans Kelsen, padre de la idea que alumbró este tipo de tribunales, levantase la cabeza en la España actual, se volvería a morir. Dos aspectos, finalmente, creo que merecen ser reflexionados: el daño reputacional de la institución y el daño a la economía española por la falta de seguridad jurídica.
Va a ser muy difícil, según pude escuchar a un notable profesor universitario, reconstruir la confianza en el Constitucional español después del paso de Conde-Pumpido por él. Cada vez que en el futuro haya una decisión que desagrade a una de las partes, vamos a escuchar invocar el desprestigio alcanzado ahora.
Por otra parte, las resoluciones contradictorias, incluida la amnistía y demás delirios independentistas, tomadas solo por agradar a un Gobierno que depende de 7 votos —que apenas representan 400.000 ciudadanos—, sitúan a España en niveles muy bajos en el concierto internacional. Un TC independiente no debe someterse al capricho del Gobierno de turno. Nadie invierte en un país, caso de Venezuela, Senegal o Nicaragua, si no hay seguridad jurídica. España ha perdido un enorme atractivo justamente por eso, porque la imagen que el TC da internacionalmente es más propia del tercer mundo que de una democracia.
¿Ante quién rinde cuentas Conde-Pumpido? ¿Quién juzga al juez? Le dejo al lector la posterior reflexión, aunque no vamos a dejar de denunciar la anomalía que sufre y padece ahora mismo la ciudadanía española.