Gabriel Albiac-El Debate
  • Las imágenes de aquel predecesor de la señora González, de nombre Luis Roldán, fundiéndose el erario público en calzoncillos, rodeado de rayas de polvo blanco y de señoritas tirando a exuberantes, es un estigma indeleble en la memoria socialista. Roldán acabó en la cárcel. ¿Qué va a pasar con estos de ahora, aventajados aprendices y herederos suyos?

«¿Y quién vigila al vigilante?» El tópico sella, solemne, la paradoja más áspera de la teoría política que nace con el Estado moderno en el siglo XVII. No demasiados de los tratadistas de entonces toman nota de su origen burlesco, en el desvergonzado Juvenal, cuya sátira pone en escena la desazón de un viejo marido atormentado por las posibles veleidades de su joven esposa cuando él está ausente. «Es muy sencillo resolver eso», le sugiere un amigo, al cual hace confidente de su desarraigo. «Ponle un guardián para vigilarla». Responde el otro, aún con mayor angustia: «Sí, ¿y entonces quién vigila al vigilante?»

No hay sociedad moderna que no viva esa burlesca incertidumbre como el más serio de sus callejones sin salida. El Estado moderno inventa el ejército nacional. Antes de entonces, las armas y sus portadores eran propiedad privada de los grandes señores, entre los cuales el rey era uno más y no necesariamente el mejor armado. Al ejército nacional, lo prolongan, desde el último decenio del siglo XVIII, las fuerzas de seguridad que mantengan la integridad de la ciudadanía. Y, como prolongación de uno y otro, los servicios de inteligencia, sin los cuales ambos serían inoperantes. Configuran el cuerpo de los guardianes de la nación en su doble dimensión: pública como privada. En la defensa de las fronteras frente a naciones enemigas, como en la defensa de la integridad personal y el patrimonio de cada cual frente a sus compatriotas delictivos.

Ninguna nación podría persistir sin ese monopolio —o, al menos, hegemonía— de la fuerza material en manos de un grupo diferenciado de profesionales al servicio directo del Estado. Pero no hay ángeles. En ninguna sociedad humana. Solo precarios humanos. Por definición, corruptibles. No corromperse es moralmente meritorio, precisamente porque corromperse es facilísimo…, sobre todo cuando uno tiene el control de las armas y del núcleo más duro de las instituciones. El poder ejecutivo lo tiene. En una dimensión que, sin la plena división de poderes, lo haría irrefrenable. La corrupción es, así, la más íntima escolta de cualquier gobierno. Al cual, solo el temor a ser cazado por policía judicial y magistrados contiene en sus hipopotámicas tentaciones. De ahí que todo gobernante busque seducir a jueces y policías. Uno lee a James Ellroy y se lleva unas cuantas sorpresas sobre la democracia en la patria de la democracia allá por los años sesenta del siglo veinte. Y sobre la distinción entre Estado y Hampa.

Lo de la España de Pedro Sánchez va considerablemente más lejos de la más bestia apropiación del Estado por la mafia en aquella selvática trilogía de Los Ángeles, maquinada por el gran maestro de la novela negra contemporánea. ¿Que quién vigila en la España del siglo XXI a los vigilantes…? Veamos. ¿Cuál es la más eficiente de las fuerzas de vigilancia en la España del último siglo? Pocas dudas caben: la Guardia Civil. En su vertiente armada como en la de «inteligencia». En sus capacidades de policía científica, cuanto en su fiabilidad como policía judicial. Hagamos un fugaz balance de su semana pasada. Directora General de la Guardia Civil, Mercedes González: imputada por el juez Pedraz. Director Adjunto Operativo (esto es, mando funcional supremo), Teniente General Manuel Llamas: imputado en el mismo procedimiento.

Los cargos que sobre ellos se ciernen son feamente deshonrosos: presunta prevaricación, organización criminal, obstrucción a la justicia, deslealtad profesional, revelación de secretos… Igual de deshonrosos y de feos serían si los hubiera realizado un ciudadano cualquiera. Pero, ¡la más alta jerarquía de la Guardia Civil…! Por fortuna para el cuerpo, algo lo salva. Definitivamente. A esa presunta red delictiva la ha desenmascarado una unidad de élite de la propia Guardia Civil, la UCO, al servicio de la Fiscalía Anticorrupción, y sobre esa unidad reposa hoy el honor y el prestigio de todo el cuerpo. Como la Fiscalía Anticorrupción salva hoy el tan mancillado honor de una Fiscalía General a la que el primer ministro Sánchez proclamó obscenamente ser privada propiedad suya.

No, no es la primera vez que pasa. Ni hay que escandalizarse de ello. Sí, ponerle la solución más dura. La corrupción es el talón de Aquiles de las democracias. Por eso, luchar contra su carcoma debe ser prioritario. Las imágenes de aquel predecesor de la señora González, de nombre Luis Roldán, fundiéndose el erario público en calzoncillos, rodeado de rayas de polvo blanco y de señoritas tirando a exuberantes, es un estigma indeleble en la memoria socialista. Roldán acabó en la cárcel. ¿Qué va a pasar con estos de ahora, aventajados aprendices y herederos suyos?[1.1]

No, la imagen de maloliente patán de taberna que tenía Roldán no se repite en los de ahora. Son más pulcros, más aseaditos. Pero, ¿es lo que hacen menos grave? Pedraz les imputa formar parte de la red criminal que, bajo la batuta de la porquera Leire Díez, buscó el modo de sobornar, chantajear o, terciado el caso, destruir a jueces y fiscales no adictos al Capo de la Moncloa. ¿Cabe un delito más mortífero contra la seguridad ciudadana? Al lado de eso, la coca y las damas venales de Luis Roldán son casi una broma. Y, por cierto, el ministro del cual la Directora General de la Guardia Civil depende fue, antes de ser esto que es ahora, un muy honorable juez.

Juvenal lo formuló en tono festivo. Hace casi dos milenios. Quis custodiet ipsos custodes? «¿Quién vigilará a los propios vigilantes?»