Se supone que un servidor debería de estar exultante porque el providencial Gobierno de progreso le va a sacar de encima una deuda de 2.284’5 euros. (Cuantía per cápita de la llamada ‘quita’ autonómica en Andalucía). Y es probable que muchos de mis paisanos se sientan muy contentos al escuchar tal noticia en boca de María Jesús Montero. Incluso que, como pretende la ministra–candidata, desconfíen de Juanma Moreno por oponerse a una medida de efectos tan benéficos. Pero sucede que ese pasivo que en teoría se nos va a condonar a los andaluces en la realidad lo seguiremos debiendo puesto que será el Estado el que se haga cargo del empréstito, cuyos tenedores –fundamentalmente bancos y fondos de inversión– no van a perdonar un céntimo. Ni del principal ni de los intereses financieros, que continuaremos pagando con nuestros impuestos. En materia fiscal, la única en la que de verdad se agradecería un alivio, nadie nos va a ahorrar un ápice de esfuerzo.

Frente a la sincronizada propaganda gubernamental habrá que insistir, pues, en que esta falsa dispensa no es más que un birlibirloque, un artificio contable urdido con el exclusivo fin de disimular la enésima cesión al chantaje de los soberanistas catalanes, necesitados de un rescate de su quiebra asfixiante. Un nuevo privilegio disimulado como un favor al resto de comunidades, para colmo condenadas a un reparto asimétrico de la presunta rebaja por habitante: cinco regiones doblan esa ratio a las otras diez, y por descontado el País Vasco y Navarra quedan aparte gracias a sus cuestionadas y cuestionables franquicias constitucionales. Se trata sólo del principio de una operación de escala mucho más grande: la de una Hacienda propia para Cataluña, la vieja aspiración nacionalista de una estructura tributaria al margen de los modelos regulares. Una fiscalidad confederal donde el Ebro y su próspero valle representen la frontera de las desigualdades.

El plan está bien trazado con el acompañamiento de una maniobra envolvente contra el adversario. Los barones del PP, gobernantes en la mayoría de las autonomías –más Barbón y Page, insuficientemente sanchistas según la escala oficial de obediencia al mando– tendrán dificultades para explicar a sus votantes las objeciones a un aparente regalo, y Montero se presentará ante los suyos con una ofrenda bajo el brazo. Por una vez, sin embargo, Feijóo ha logrado mantener en sus manos el control orgánico que le faltó cuando Mazón se empeñó en aferrarse al cargo. En esta clase de retos es donde un político ha de demostrar el verdadero liderazgo.

Los dirigentes populares van a sufrir para componer un marco eficaz a la hora de defender el rechazo frente a unos rivales muy hábiles en el argumentario. El riesgo existe y puede comprometer algunos resultados, pero va siendo hora de comprobar si merece la pena empezar a tratar como adultos a los ciudadanos.