- Lo extremista es la manera en que, durante las últimas décadas, los sucesivos gobiernos de España nos han robado la democracia, nos han robado el fruto de nuestro trabajo y le han robado el futuro a nuestros jóvenes
Detecto una cierta confusión. Me parece que es el momento adecuado para detenerse en algunas premisas esenciales. Empiezo. La mayor parte, con mucho, de la sociedad española desea que regrese la prosperidad. La prosperidad perdida pese a los extemporáneos triunfalismos de paniaguados obligados a sonreír. Solo los enemigos de España y los fracasados envidiosos no quieren prosperidad real. También queremos (lo doy por hecho, salvo que los principios fundacionales sean una filfa) la igualdad ante la ley. Igualdad, no equidad, que significa desigualdad. Y que se limpien a fondo las instituciones. Con lejía. Que los corruptos y los delincuentes paguen, aunque sean políticos, sin indultos arbitrarios ni amnistías inconstitucionales. La mayoría social quiere que los jueces sean independientes, no solo sobre el papel, que no cedan a las presiones y que los miembros de su órgano de Gobierno no deban favores políticos.
También desea la España mayoritaria que sus hijos reciban conocimientos —amplios conocimientos— en la escuela, y que los que vayan a la universidad no salgan de ella cegados ideológicamente sino maduros, críticos, formados y aptos para iniciar una vida profesional con la que ganarse la vida a cambio de algo demandado por el mercado. Asimismo, el grueso de los españoles exigimos una sanidad pública eficiente, descongestionada y de la máxima calidad. Y calles seguras. Un Estado que proteja la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos. A fin de cuentas, esa es su razón última de ser.
Un segmento algo menor de la ciudadanía, pero todavía mayoritario, tiene el suficiente sentido común y los conocimientos bastantes para saber que lo anterior solo se logrará a partir de reformas radicales en la educación, la forma de elección del CGPJ, la dedicación de los jueces a aplicar la ley y no a legislar bajo mano reinterpretándola de forma torticera. Radicales tendrán que ser los cambios en la política migratoria. Y muy radicales en cuanto a la estructura territorial del Estado, vista la atracción que ejerce el abismo de la deslealtad sobre los nuevos caciques y sus extensas clientelas mediáticas, empresariales, funcionariales. Y no digo financieras porque ese ámbito ya lo esquilmaron con las cajas de ahorros.
Por fin, una drástica bajada en los tipos de los impuestos directos. Estas radicalidades, que por lo visto se tienen por extremismos en las más altas instancias, exigen, para que su materialización sea legítima, el respeto al imperio de la ley, otro extremismo en la España actual. Ese respeto, innegociable salvo para los golpistas, exige que las reformas requeridas se realicen modificando las normas adecuadas. ¿Y qué pasa cuando esa norma es la Constitución? Para que lo entienda quien tiene que entenderlo: propugnar una reforma de la Constitución siguiendo los cauces que ella establece será radical, pero en modo alguno extremista. Lo extremista es la manera en que, durante las últimas décadas, los sucesivos gobiernos de España nos han robado la democracia, nos han robado el fruto de nuestro trabajo y le han robado el futuro a nuestros jóvenes.