Esquerra Republicana de Catalunya y la CUP han cerrado un preacuerdo para facilitar la investidura de Pere Aragonès como presidente de la Generalitat el viernes si ambas formaciones consiguen también recabar el apoyo de Junts per Catalunya. El acuerdo es fruto de la lógica de pactos que sigue a cualquier elección en un sistema parlamentario, pero el mensaje que destila es de negativa excepcionalidad en múltiples sentidos. En primer lugar, por consolidar la influencia en el Gobierno de Cataluña de una formación muy radical como la CUP, que afirma que la Constitución y el Estatut no deben ser un límite a la acción del Govern y del Parlament, como recordó uno de sus dirigentes en una entrevista con este periódico. En segundo lugar, por el secretismo que rodea el pacto, que ha sido anunciado pero no publicado. Y “finalmente” porque compromete al Govern a “preparar” las condiciones necesarias a lo largo de la legislatura para realizar “un nuevo embate democrático preferentemente en forma de referéndum”.

El secretismo sobre el contenido del pacto es casi total. Apenas se esbozan tres líneas de acuerdo y los partidos se niegan a hacer públicas las concreciones alegando un malentendido “respeto a las bases” que deben ratificarlo. La CUP sostiene también que hay algunos flecos por rematar. Lo que se ha transmitido del mismo no es tranquilizador. De entrada, por el “nuevo embate democrático”. Pese a que se sigue defendiendo la idea de una negociación con el Gobierno, nada hace prever que esta sea la máxima prioridad, habida cuenta de que ni la CUP ni Junts, socios imprescindibles para un Gobierno nítidamente independentista, apuestan por esta vía. Después, por la reiteración de que se va a suspender la utilización de las llamadas balas de foam en los disturbios callejeros a la espera de que se publique el protocolo de su utilización. Si bien los protocolos de actuación en seguridad pública pueden y deben ser permanentemente revisados para garantizar su eficacia y respeto a los derechos fundamentales, los partidos independentistas vuelven a quebrar la confianza en el cuerpo de los Mossos d’Esquadra en un momento muy sensible.

Desgraciadamente, hay más motivos de inquietud, relacionados con Junts. La nueva presidenta del Parlament, Laura Borràs, da muestras de querer interpretar su cargo sin el espíritu de neutralidad que este exige, y prefiere ejercerlo como guardiana de las esencias independentistas. Su partido, por otra parte, se ancla a posiciones extremas, incluido un papel para el Consell per la República como delirante institución paralela.

A la espera del desenlace de las negociaciones esta semana, nada hace prever que los gobernantes catalanes quieran dejar atrás la inestabilidad que tanto daño ha infligido ya a sus conciudadanos. Un nuevo Govern que mantenga el sello del desbarajuste permanente y con los antisistema en el epicentro de la toma de decisiones no servirá para resolver el conflicto. Solo conducirá a más irrelevancia de puertas hacia afuera y a más frustración interna.