RAFAEL ARIAS SALGADO – MUNDO

Pregunta.–¿Fue la Transición tan fácil y perfecta como ustedes la recuerdan en las celebraciones de los 40 años que se están realizando?
Respuesta.–Todos los tiempos heroicos producen añoranza. La Transición es una etapa fundamental, pero no podemos estar permanentemente respirando por ella. Había un espíritu de acuerdo en que la fórmula para salir de la dictadura era la prudencia. El primer indicio fue la Ley de Amnistía, el primer texto legislativo de las Cortes del 77. Una amnistía total y absoluta, salieron de la cárcel hasta los terroristas con delitos de sangre. La clave fue que todos los que nos sentamos en aquellas Cortes conocíamos la Historia de España al dedillo.

P.–¿Por qué ahora ese consenso tan amplio no es posible?
R.–En un estado de partidos, el cambio en el sistema de partidos implica un cierto grado de crisis institucional. La sociedad española ha acogido con complacencia el multipartidismo, pero empieza a haber dificultades funcionales a las que no estamos acostumbrados.

P.–¿Dificultades funcionales?
R.–Sobre todo producidas porque la Transición se hizo a dos y los dos partidos fundamentales han sufrido un desgaste. La crisis económica es estructural, profunda y de larga duración, ha perjudicado a mucha gente, obligada a hacer un esfuerzo brutal. La configuración institucional del Estado y los problemas estructurales exigen puntos de acuerdo entre los partidos mayoritarios y desgraciadamente en los países latinos esa cultura del acuerdo es difícil, hasta que se produce un fenómeno de ruptura, como en Francia. Al final, la falta de acuerdo a quien rompe es a los partidos tradicionales. Los ha roto en Francia y los ha empezado a romper en España. Los partidos tienen que caer en la cuenta de que los acuerdos son rentables políticamente.

P.–El PSOE parece que no piensa lo mismo.
R.–Es que yo creo que el PSOE está equivocado. Los buenos acuerdos de los que se beneficia la sociedad nunca quitan votos.

P.–¿Qué opina de la impugnación de la Transición que hacen algunas fuerzas políticas?
R.–Me preocupa, porque esa impugnación conduce a un debate político estéril y con un cierto riesgo. Lo que nos unía en aquel tiempo era una voluntad conjunta de construir en España una democracia representativa.

P.–Eso es lo que ha entrado en crisis ahora, no sólo en España.
R.–Yo no creo que esté en crisis. Ya se verá que la democracia representativa es un régimen muy difícil de superar en términos racionales. Dígame usted cuál es la fórmula alternativa, siempre salen los totalitarismos, en nombre de la nación o del proletariado. Nadie ha inventado todavía nada que pueda sustituir a la democracia representativa.

P.–¿Qué opina de la irrupción del populismo también en España?
R.–Los populismos tratan de liquidar la democracia representativa. Hay que reconocer que un partido como Podemos ha tenido un gran éxito al emerger con tanta fuerza. Para ellos, la democracia representativa es un accidente, quieren liquidarla si pueden. Pero deben saber que el método de la Transición es el único posible para cambiar la arquitectura institucional. Acuerdos amplios, si no, España es muy difícil de gobernar.

P.–¿Por qué hicieron ustedes tan difícil reformar la Constitución?
R.–Fue una decisión muy consciente. Hay que decirlo con claridad. Nosotros no queríamos que la Constitución se reformara, por eso acordamos un procedimiento muy reforzado para hacerlo prácticamente imposible. Aunque sí existen aspectos del diseño institucional que se pueden mejorar.

P.–Parece que los tiempos no van precisamente por ahí. El Gobierno catalán busca la independencia a través de un referéndum.
R.–Los catalanes siempre han tenido un sentido de lo propio respecto a lo cual se hizo un gran esfuerzo en la Transición. La Constitución estableció un sistema asimétrico con dos clases de autonomías. El mayor rango estaba previsto para Cataluña, País Vasco y Galicia. Eso saltó por los aires cuando el PSOE pidió para Andalucía lo mismo que para Cataluña. Y fue lo que acabó con la UCD. El PSOE se saltó el acuerdo tácito para que las autonomías no históricas se recondujeran por la vía del artículo 143.

P.–¿Por qué se ha llegado tan lejos en Cataluña?
R.–El consenso en el ámbito institucional se rompe como consecuencia del segundo estatuto de Cataluña. Es el único que no se ha hecho por consenso. Eso fue un error del PSOE tan grande como la campaña que hizo el PP poniendo mesas en la calle para firmar en contra. El PP cometió un error político y el PSOE un error político e institucional.

P.–Hay voces que reclaman una actuación política, además de la exigencia del cumplimiento de la ley.
R.–Lo que ha faltado es discurso político en Cataluña, y para eso PSC, PP y Cs tendrían que haber hecho una coalición para hacer el mismo discurso desde el principio. Además de combatir la ilegalidad. Ese discurso político habría legitimado el estado de las autonomías, que es lo que pretende deslegitimar el independentismo. No es una batalla política, Cataluña puede poner en riesgo la propia supervivencia del Estado.

P.–¿Sería posible que el Estado reconociera a la singularidad de Cataluña como nación?
R.–Si eso ya lo tienen reconocido. El nacionalismo catalán lo que no quiere es que el ministro de Hacienda mande en Cataluña. No es un problema de identidad nacional. Institucionalmente, el Estado es muy fuerte porque tiene la legitimidad de su parte, una legitimidad que procede de la Transición. Eso solamente puedes desmontarlo con la fuerza, sin olvidar una cosa, que el Estado tiene el monopolio legítimo de la coacción, un término que está en la doctrina constitucional de todos los países del mundo.

P.–Incluso con la aplicación del artículo 155.
R.–Los temas operativos dependen del momento. El Estado de Derecho no puede permitir una ruptura de su legalidad. Habrá que hacer todo lo que la Constitución permita. No se puede descartar nada.