El dilema está planteado. Querer y poder, un Gobierno contra otro, una ley frente a otra. Y en el centro, la paga extra de los 67.000 funcionarios vascos, que por ahora sigue en el aire. Por encima de argumentos jurídicos y políticos, la premura de tiempo puede convertirse en la razón última que fuerce la voluntad de ambos ejecutivos; la de impedir su abono en el caso del central y la de autorizarla en el caso del Gobierno de Patxi López. Las dos administraciones lo saben y han comenzado a acelerar los pasos para hacer cumplir sus objetivos.
El último en anunciarlo fue el Ejecutivo de Rajoy, que ayer aseguró que apremiará al Consejo de Estado para que emita en un tiempo récord de tres días un informe para que la Abogacía del Estado pueda presentar ante el Constitucional un Conflicto Positivo de Competencia. El TC podría aceptarlo en apenas cinco días y bloquear de manera inmediata el anuncio del Gobierno vasco.
El Consejo de Ministros aprobó ayer la decisión de precipitar la batalla legal al considerar que pagar la extra contraviene el Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria. La decisión llega después de que el Delegado del Gobierno, Carlos Urquijo, instara el jueves al Ministerio de Hacienda a tomar medidas de manera urgente.
Ahora, el Gobierno central deberá solicitar al vasco un documento que certifique que la decisión de autorizar el pago de la extra es firme, ya que el mero anuncio público, jurídicamente no es suficiente.
El conflicto de competencias que se plantee vuelve a dejar en el aire la posibilidad de que los empleados públicos de la Administración vasca lleguen a cobrar la paga este mes. Si tanto el Consejo de Estado como el Tribunal Constitucional acortan los plazos en la toma de sus decisiones, el abono de la nómina extraordinaria podría no hacerse efectiva. Fuentes del Ejecutivo de Patxi López apuntaron ayer que la orden de pago podría darse entre el 10 y el 12 de diciembre, si bien el ingreso no se produciría hasta días después, avanzada la segunda quincena de mes.
Para que la paralización sea legal, basta con que el Pleno del Constitucional admita a trámite la providencia que le remitirá el Gobierno, sin necesidad de esperar a que emita el dictamen que resuelva la cuestión.
La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer que este mecanismo se aplicará sobre todas las comunidades que «incumplan la legislación del Estado», incluidas Extremadura y Navarra. Apuntó que se estudiarán las «fórmulas» elegidas por estas comunidades, que optan por adelantar el abono de las pagas de 2013 para determinar si así se vulneran las leyes.
El Gobierno vasco reiteró ayer que con su intención de pagar la extra no incumple ninguna ley. En un comunicado recordó que ya en julio inició un procedimiento contra el citado decreto ante el Constitucional «por vulnerar competencias atribuidas a la comunidad autónoma y por intentar aplicar una interpretación abusiva de lo que debe ser legislación básica». López considera que su actuación sólo responde a la aplicación de una «ley vigente», como es la de presupuestos de 2012, y basándose en «un informe muy sólido» de sus servicios jurídicos.
El Ejecutivo vasco entiende que el Gobierno del PP recurra ante el TC si considera que se incumple la ley «pero supone un abuso que trate de imponer la aceptación de sus tesis mediante amenazas fuera de lugar contra los funcionarios».
En su escrito va más allá y acusa el Ejecutivo de Rajoy de «compensar con autoritarismo y advertencias que suenan a chantaje» la falta de criterio de las medidas que ha adoptado para reducir el déficit. Añade que esos son «los riesgos de legislar desde La Moncloa a golpe de decreto en vez de hacerlo desde el Parlamento».