EL CORREO, 20/4/12
El ministro del Interior, Jorge Fernández, opina que la organización carece de capacidad para retornar al terrorismo
«Mientras no se disuelva y se lo transmita a los españoles, todo lo demás sobra». Mariano Rajoy fue tajante anoche a la hora de expresar la actitud de su gabinete ante ETA, a la que advirtió que es la única que «debe moverse» porque el Estado continuará aplicando la «ley y el Estado de Derecho». En una comparecencia ante los medios de comunicación en Bogotá junto con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el jefe del Ejecutivo español indicó que su posición sigue siendo «muy clara». «Quien se tiene que mover es la organización terrorista, el Estado sólo tiene que aplicar la ley y los instrumentos del Estado de Derecho», expuso Rajoy , que acto seguido resumió su planteamiento en tres ideas: «Ley, Estado de Derecho y disolución definitiva».
No obstante, el Gobierno comienza a interiorizar que el parón en la violencia etarra es para siempre. Ayer, en vísperas de que se cumplan seis meses desde que la banda anunció el «cese definitivo» de sus acciones, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, admitió que la organización está «muy diezmada» y las fuerzas de seguridad consideran que ya «no tiene capacidad operativa para volver a actuar como una banda terrorista».
Este medio año sin atentados ni impuesto revolucionario, con una clara evolución de la izquierda abertzale tradicional hacia la vida institucional y con apenas episodios aislados de kale borroka parecen haber modificado la visión inicial de los dirigentes populares que pensaron que podían encontrarse ante un truco más del mundo de ETA para retornar a la política y reorganizar su maltrecha infraestructura.
Pese a que un simple pistolero con ganas de matar es «incontrolable», el ministro indicó ayer que ETA carece de «zulos inmensos» de explosivos y se ve reducida a «una mermada estructura» en el sur de Francia. Tal es la decadencia que Fernández observa en la banda que, según aseguró en la Ser, por primera vez en décadas es la izquierda abertzale la que «manda». Explicó que el proceso en paralelo de debilitamiento de la organización, acorralada por la Policía y los jueces, y de fortalecimiento de su entorno político, cimentado en los sucesivos éxitos electorales, ha cambiado la batuta de manos.
Política de firmeza
Aun así, Fernández se mantuvo en consonancia con Rajoy al aseverar que el Gobierno no variará la política de firmeza contra ETA y sus presos, ni tampoco la de ignorancia y cuarentena hacia la izquierda abertzale. Reconoció que lo ocurrido desde el 20 de octubre, cuando los terroristas anunciaron el cese de su actividad armada, es «esperanzador», pero rechazó caer en «la ingenuidad» y mantuvo la exigencia original. En otras palabras, el proceso de fin del terrorismo estará «incompleto» hasta que la banda anuncie su desmantelamiento definitivo e incondicional.
Es más, el ministro del Interior puso ayer dos condiciones a Amaiur y Bildu si quieren hablar con el Ejecutivo y el PP: que exijan la disolución inmediata a la organización terrorista y pidan perdón por los crímenes y ataques «que han jaleado durante años». El ministro no tiene dudas de que si la izquierda abertzale lo pide, «ETA se vería abocada a su disolución». A la espera del paso, el Gobierno mantendrá una política penitenciaria inflexible y el veto a cualquier contacto con la banda o los radicales, por más que la antigua Batasuna se manifieste en las calles.
EL CORREO, 20/4/12