El Gobierno de Mariano Rajoy incluye en el decreto sobre Oferta de Empleo Público, que aprobará hoy, una cláusula que, según el PNV, atribuye al País Vasco la capacidad de fijar la plantilla de la Policía Vasca a partir de los criterios generales de la Junta de Seguridad sin condicionantes de otras normas. Las ocho líneas de este apartado normativo permiten que el Gobierno vasco siga adelante con dos promociones de la Ertzaintza que habían sido recurridas por la Abogacía del Estado, ya que sus convocatorias no respetaron la tasa de reposición incluida en los Presupuestos Generales del Estado de 2015 y 2016. El acuerdo alcanzado fue celebrado tanto por el PNV como por el Gobierno vasco y endulza la disposición de los nacionalistas vascos a apoyar, con sus cinco diputados, los Presupuestos que hoy aprobará el Consejo de Ministros.
El litigio sobre las dos últimas promociones de la Ertzaintza constituía una de las exigencias trasladadas, tanto por el lehendakari, Iñigo Urkullu, como por el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, al presidente Mariano Rajoy. El Gobierno vasco ha puesto en marcha desde 2014 Ofertas de Empleo Público (OPE) anuales para incorporar 254 agentes, una cifra que excedía el número de policías vascos que se jubilaban, por lo que se incumplía el criterio de contención del gasto funcionarial incluido por el Gobierno del PP durante la última legislatura. La Abogacía del Estado en Euskadi demandó ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) la promoción XXV por la que se formó e incorporó a 250 nuevos policías y el TSJPV emitió una sentencia en junio del año pasado en la que dio la razón a la abogada jefe del Estado en el País Vasco, Macarena Olona, decretando la ilegalidad de la convocatoria. El Gobierno vasco, con sus policías ya uniformados y a punto de iniciar las prácticas en la calle, presentó un recurso de casación ante el Supremo para ganar tiempo a la búsqueda de un acuerdo político y decidió congelar el proceso de selección de otros 3.615 aspirantes que ya se habían apuntado a otra convocatoria realizada en los mismos términos.
El pacto, cerrado ayer, y anunciado por el portavoz del PNV, Aitor Esteban, colma las aspiraciones del Gobierno de Iñigo Urkullu y, como señaló el propio Esteban, «allanan el camino» en las negociaciones que mantienen el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro con el diputado vasco y los contactos continuos entre Mariano Rajoy y Andoni Ortuzar. El PNV destacó ayer que la cláusula incorporada a la norma otorga «vigencia indefinida» al criterio de que la Ertzaintza contará al menos con 8.000 efectivos, una cifra acordada en la Junta de Seguridad que conforman partitariamente representantes de los dos gobiernos.
El Gobierno vasco tiene previsto activar anualmente convocatorias policiales de al menos 250 plazas para contrarrestar las jubilaciones que ya están planificadas en la Ertzaintza. Un procedimiento blindado ahora, según el PNV, frente a criterios de congelación de funcionarios que pudiera adoptar la administración central. De hecho, el PNV interpretó oficialmente el acuerdo suscrito como un reconocimiento de la relación de «bilateralidad» entre el Estado y el País Vasco en esta materia. El Gobierno vasco con el lehendakari Iñigo Urkullu y la consejera de Seguridad Estefanía Beltrán de Heredia a a la cabeza, habían exigido que se retiraran las demandas en los juzgados contencioso-administrativos y utilizaron como argumento la competencia en materia policial que desdeñó el TSJPV como argumento jurídico en su sentencia.
«Todavía queda mucho por hablar y no podemos decir que las dos partes hemos llegado a un punto satisfactorio, pero tenemos voluntad y parece que el Gobierno tiene voluntad de llegar a un acuerdo», reconoció ayer Esteban sobre el desarrollo de las negociaciones para que el PNV dé su visto bueno a los Presupuestos de Rajoy. Los nacionalistas quieren apurar hasta el último momento una negociación en la que reclaman, entre otras cosas, 1.600 millones de euros de discrepancia en el Cupo vasco pagado por Euskadi y reclaman asumir la ejecución de las obras que aún restan del Tren de Alta Velocidad que también se descontarían de su aportación fiscal.