EL MUNDO 18/01/14
· «Es imposible dialogar con quien toma decisiones unilaterales»
Artur Mas ha cruzado la línea de no retorno en su desafío al Estado y ha dinamitado los puentes de contacto político con Madrid. Mariano Rajoy lo constató nada más conocer la decisión del Parlamento de Cataluña de pedir al Congreso que transfiera a la Generalitat la competencia para celebrar una consulta independentista. El presidente del Gobierno lo admitió ayer: «Lo que veo desde aquí es un continuo proceso de toma de decisiones unilaterales, y así es imposible dialogar».
Si quedaba algún resquicio a través del cual fraguar un entendimiento, ahora parece definitivamente taponado. El Congreso rechazará la petición catalana y lo hará con los votos de más del 80% de los diputados. El referéndum secesionista no se celebrará porque no cabe en la Constitución, y a lo más que podrá llegar el presidente de la Generalitat será a convocar elecciones anticipadas con sesgo plebiscitario. El recorrido legal llegará hasta ahí; las consecuencias sociales, sin embargo, aún no se han calibrado.
Ayer, el presidente del Gobierno insistió en su posición: «La soberanía radica y la tiene el conjunto del pueblo español, y sólo el pueblo español puede disponer de ella». Es su posición «meridianamente clara» frente a un Artur Mas que actúa una vez tras otra por su cuenta, «sin pretender llegar a ningún tipo de entendimiento».
Desde el Partido Popular se secundó el mensaje de Rajoy. Para Génova, Artur Mas «maquilla de derecho a decidir la imposición a renunciar» a España. Los populares mantienen que el president «ya tiene decidido todo: la fecha de la consulta, la pregunta e incluso la respuesta».
También ellos creen que en esas condiciones no hay margen para sentarse a dialogar, sobre todo porque –afirman– Mas no tiene derecho a proponer la ruptura cuando «una gran mayoría de catalanes, el 70%, se siente catalán y español».
Para los populares es evidente que «la minoría rupturista está sola frente a la unidad de los españoles». De hecho, apuntan que la «obsesión» secesionista de Mas margina «al 44% de los electores catalanes», puesto que «los 87 diputados que votaron a favor» del derecho a decidir en el Parlamento catalán «representan al 56%» de los mismos.
También recuerdan desde la dirección del partido que quienes defienden la independencia no llegan a sumar los dos tercios del Parlament, por lo que ni siquiera podrían aprobar una reforma del Estatuto.
Ayer, en Moncloa, junto a Rajoy, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, no quiso pronunciarse sobre «asuntos internos» que afectan a la organización constitucional de España, aunque sí advirtió una vez más de que la eventual secesión sí tendría «consecuencias» desde el punto de vista de los tratados comunitarios porque la parte desgajada se convertiría de inmediato, a efectos de la Unión Europea, en un «país tercero». «Esto es clarísimo, y lo quiero disipar para que no haya dudas», afirmó.
Rajoy completó el cuadro del día después para una Cataluña separada de España siguiendo el guión plasmado por el Gobierno británico en un informe sobre las consecuencias de una hipotética independencia de Escocia: «Quedaría fuera de la UE, de las Naciones Unidas y de todos los tratados internacionales de los que forme parte por pertenecer al Reino Unido [o, en el caso de Cataluña, a España], y si su moneda fuera el euro [como en el caso catalán], también quedaría fuera de la moneda común y sin el amparo del Banco Central Europeo».
«Esto es información y no opinión», avisó Rajoy antes de rehusar entrar «en más detalles» para «no contribuir a generar más tensión». En todo caso, su conclusión es que la eventual independencia únicamente generaría «un proceso de empobrecimiento de incalculables proporciones» para los ciudadanos que viven en las regiones que optaran por la segregación.
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó, minutos antes que Rajoy y Durão comparecieran en rueda prensa, que el Gobierno no tomará ninguna medida contra lo aprobado anteayer en la Cámara autonómica puesto que no se trata de un «acto de naturaleza definitiva», sino de una votación a partir de la cual se pretende iniciar un proceso que culminará en el Congreso de los Diputados. Corresponde, en consecuencia, a la Cámara debatir y pronunciarse sobre su legalidad.
Santamaría señaló, en cualquier caso, que la posición del Gobierno en este debate es clara: «La soberanía no es delegable. No permitiremos actuaciones contrarias a la Constitución». «Y», recalcó, «el referéndum independentista lo es».