LIBERTAD DIGITAL, 27/4/12
La lucha contra ETA abrió la primera brecha interna de la era Rajoy. Oficialmente, no hay cambios. Mayor cree que sí. El PP vivió un día complicado.
Nada ha cambiado, a ojos del presidente del Gobierno. Ni una sola coma de la política antiterrorista, incluida la penitenciaria, suscrita en el programa electoral con el que concurrió a las elecciones, hace menos de un trimestre. «Es la misma de siempre. ETA tiene que desaparecer. No hay más camino que ése y el cumplimiento de la ley», zanjó un molesto Mariano Rajoy, que a través de su entorno se quejó de las «interpretaciones» realizadas por el último movimiento del ministerio del Interior.
El jefe del Ejecutivo intentaba así echar agua al incendio político que dio inicio a primera hora de la mañana, y que acabó convirtiéndose en una auténtica crisis política. Para Rajoy, el plan para la reinserción de presos de ETA no supone «beneficio penitenciario alguno», pero no lo creen así las víctimas, que ven en «una cesión» a los verdugos y «un varapalo» a quienes sufrieron su terror.
Pero es que, además, en el partido que sustenta al Gobierno se volvió a revivir un intenso debate interno sobre la línea marcada en la lucha contra ETA. La calma se rompió en añicos y volvieron las dos almas; quienes reclaman mando dura y los que piden -principalmente del PP vasco, a las puertas de las elecciones- gestos ante el nuevo escenario, enmarcados en la discreción.
Una vez más, Jaime Mayor Oreja abanderó el criterio de que a la banda terrorista, ni agua: «El mayor error, el mayor desenfoque, que podemos cometer unos y otros es dar la impresión de que estamos administrando el fin de ETA», afirmó. En un primer diagnóstico, realizado en los micrófonos de esRadio, el exministro del Interior añadió: «Todo lo que signifique ahondar en la mentira del proceso de paz me parece un desenfoque». Y en este sentido criticó abiertamente el paso dado por el Ejecutivo: «No se entiende bien que se presente un plan y un programa» sobre los presos «y se diga que no hay cambio en la política penitenciaria».
«Preocupación» e «inquietud» que se traslada a otros representantes del partido, de los cuadros medio y alto. Para un veterano dirigente, «el que el PNV celebre que Interior haya movido ficha» no es una buena señal. Menos aún, añade otro, «que hagamos como los socialistas y no contemos con las víctimas, que parece que nos estorban».
Frente a estas voces de su propio partido que por primera vez protestan, Rajoy negó la mayor. En una comparecencia junto con el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, solemnizó que «nada hay que negociar con ETA. Ni lo hemos hecho ni lo vamos a hacer». Es lo que él mismo suele titular como «Ley y Estado de Derecho» contra los asesinos. En línea, aún afirmó que el plan anunciado «no varía ni va a variar» su plan de acción en la materia.
En cuanto a la llamada vía Nanclares, el presidente no entró en el detalle, sino que se quedó en la brocha gorda. Ésa que le sirvió para decir que «es un plan para presos que se hayan desvinculado clara y públicamente» de la banda terrorista, para que «empiecen a trabajar en su reinserción» y también para que «pidan perdón y se arrepienten», si bien este extremo no sería de obligado cumplimiento, papeles en mano. Así las cosas, reiteró: «No atribuye beneficio penitenciario».
Nuevo error de comunicación
En el Gobierno y en el PP cundió el desconcierto. La filtración, vía agencia EFE, se conoció a primera hora de la mañana. Entonces empezaron a sonar por doquier los teléfonos. Un alto cargo del Ejecutivo admitió: «No tenía ni idea». En Génova, miembros de la dirección nacional confirmaron la descoordinación. «Hasta que no habló el ministro, no supimos la postura oficial». Y, en mitad, una reunión de la cúpula -presidida por María Dolores de Cospedal– con los barones locales del PP precisamente para vender las políticas del Ejecutivo. «Nos piden que expliquemos las reformas, pero nos enteramos de decisiones de tal calado por los digitales», se quejó un asistente a la cita.
Pocos minutos después de la comparecencia de Rajoy, el PP respaldaba oficialmente su versión de los hechos. No salió Cospedal, tampoco estaba previsto. Quien se expuso ante la prensa fue, una vez más, Carlos Floriano, que retrasó su salida al ruedo para evitar al máximo interpretaciones confusas, a tenor de lo delicado del debate. El vicesecretario de Comunicación sí que mandó un mensaje expreso a las víctimas, cosa que el presidente obvió: «Ley y Estado de Derecho, ni una sola modificación», afirmó, sin incluir nada más.
Los habituales portavoces advirtieron que era «difícil» explicar el paso dado por Interior, más allá de insistir en que no supone un beneficio penitenciario. «No es un cambio legal», insisten. Las palabras de Mayor Oreja, miembro de la dirección nacional, lo ponían más complicado. «Entre otras cosas, por su gran predicamento interno«, evidenció un dirigente. Algunas voces incluyeron un matiz importante: la cercanía de los comicios vascos, y la intención de ganar votos «por el lado del PSE». Algunos pusieron lupa en la ponencia Gestión del final de ETA que se aprobará en el congreso del PP vasco del 12 al 13 de mayo, y que Rajoy respaldará con su presencia.
La unidad, el cierre de filas, que tan claramente se evidenció en materia económica, a pesar de los duros ajustes y de las medidas impopulares, saltó a consecuencia de algo mucho más ideológico: la lucha contra ETA. La mayoría de críticas en privado, pues el aura de poder del presidente es inmenso. Pero la voz de Mayor Oreja resonó con fuerza: «No es nada tranquilizador», advirtió.
LIBERTAD DIGITAL, 27/4/12