EL CONFIDENCIAL 28/03/17
JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS
· Los partidos de la secesión están imponiendo en Cataluña un sistema de gobierno bonapartista, es decir, autoritario, que les está restando reputación de manera continuada
Cuando, primero, el TSJC, el 13 de marzo pasado, condenó a Mas y a dos de sus exconsejeras por desobediencia grave al Constitucional y, luego, el TS hizo lo mismo con Homs el 22 de marzo, nadie salió a las calles de Barcelona para protestar por las sanciones de inhabilitación impuestas por ambos tribunales. La reacción popular fue gélida e indiferente, y bien distinta al acompañamiento de ciudadanos abanderados que llevó casi en volandas al expresidente de la Generalitat a la sede judicial cuando en febrero dio comienzo el juicio oral.
Esa ausencia de reacción en la calle sugiere que las movilizaciones populares secesionistas las activan la ANC y Ómnium Cultural con no poco trabajo y abundantes medios, pero que permiten poner en duda la espontaneidad propia del carácter insurreccional —colectivamente desobediente a la ley y a los tribunales— de los sectores independentistas. Algo falla en el entusiasmo de esas masas multicolores y festivas de las Diadas y otras efemérides.
Los partidos de la secesión están imponiendo en Cataluña un sistema de gobierno bonapartista, es decir, autoritario, que les está restando reputación de manera continuada. La reforma del reglamento del Parlamento catalán, ‘manu militari’ (sin contar con la oposición), para aprobar, también ‘manu militari’ (es decir: sin debate, en lectura única), la denominada y clandestina —por desconocida— ley de transitoriedad que declararía la república catalana, ha sido un golpe serio a la credibilidad democrática del PDeCAT y de ERC (sobre la CUP no había dudas). Más aún cuando la precaria mayoría separatista en la Cámara aprueba un Presupuesto —con la ayuda medida de dos votos de los 10 de la CUP— tachado de ilegal tanto por el Consejo de Garantías Estatutarias como advertido como tal a la presidenta y la Mesa por los letrados del órgano legislativo. Ante la impotencia, autoritarismo. Una prueba no solo de falta de conciencia democrática, sino de auténtico despotismo.
Ni Puigdemont ni Junqueras estarán con Rajoy en Barcelona, adonde acude para exponer planes de infraestructuras que son importantes para Cataluña
Las autoridades de la Generalitat huyen, además, del debate y de las presencias que les son incómodas. El presidente Puigdemont no asistió a la conferencia convocada por Rajoy el pasado día 17 de enero. Tampoco acudirá al Senado porque, en vez de comparecer ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas, lo que pretendía era pronunciar en el recinto de la Cámara Alta una conferencia, o, en otras palabras, deseaba, seguramente, que el propio Senado, con toda lógica, se negase a que su naturaleza se confundiese con un club de debate o con un ateneo.
Hoy, ni Puigdemont ni Junqueras estarán con el presidente del Gobierno en Barcelona, adonde acude para exponer planes de infraestructuras que son importantes para el desarrollo de Cataluña. Mañana, un dato para el contexto, Artur Mas comparece en el Parlamento catalán para explicar la financiación, presuntamente irregular, de la extinta CDC, suicidada con cicuta convergente para hacer de cortafuegos de las responsabilidades que no pocos de sus dirigentes contrajeron con comportamientos corruptos (ahí están el caso Palau, Pretoria y, muy pronto, el del 3%). El ruido de la corrupción es en Cataluña ensordecedor.
El Círculo de Economía de Barcelona acaba de advertir en un comunicado sobre los riesgos de la “vía unilateral” y reclama el cumplimiento de la ley: “Nada es democrático —dicen los empresarios catalanes— si se vulnera el principio fundamental del cumplimiento de la legalidad”. También denuncia que es peligroso que se convierta “en norma el hecho de poner en duda la actuación de la administración de la justicia”. Y atención a este párrafo: “Pese al cansancio acumulado, la creciente radicalización y la sensación de encontrarnos en un callejón sin salida, estamos convencidos de que pueden darse las condiciones para una negociación”.
Los gestores empresariales de Cataluña tienen razón. Como dejaba claro Carles Castro ayer en ‘La Vanguardia’ —citando la publicación ‘Catalunya en proceso’—, la mayoría del secesionismo aceptaría una vía intermedia —tercera vía— porque solo una parte de los ciudadanos que apuestan por la separación se reconoce independentista ‘esencial’. Hay muchos esencialistas, pero más aún ‘independentistas estratégicos’. Y los que no lo son —los que militan en el autonomismo— también muy mayoritariamente desean mejorar el autogobierno catalán.
Esta tipología política transaccional en Cataluña favorece el llamamiento de los empresarios del Círculo y abona la tesis de la bondad de la negociación dentro de la Constitución y sin rupturas, ni afectación a la soberanía nacional ni a la unidad de España. Y favorece también a este planteamiento flexible la deriva bonapartista del secesionismo oficial al que la CUP acaba de amenazar con liquidar la legislatura si el referéndum no se convoca antes de otoño. En esas fechas, abandonarán el Parlamento catalán salvo que Puigdemont convoque y celebre la consulta.
Rajoy, el PP, el PSOE, el PSE y Ciudadanos disponen de las mejores condiciones de coyuntura para poner sobre la mesa —sin incoherencias, sin abdicaciones, sin ilegalidades— una proposición sugestiva y convincente a los muchos catalanes que están dispuestos a escucharla, decepcionados —incluso asustados— de la desbandada secesionista y de sus expresiones autoritarias.
La cuestión catalana —lo dicen también los empresarios del Círculo— es española, y el desentendimiento de ella —“que se cuezan en su propia salsa”— es una irresponsabilidad que terminaría igualando a la del directorio secesionista dependiente de los votos de la Candidatura de Unidad Popular, cuyos militantes quisieron ayer, nada menos, que okupar la sede del PP en Barcelona. Nadie en Cataluña llegó a pensar que todo un gran país como aquel fuese a depender de un grupo antisistema y ultraizquierdista. Es tarde para lamentarse, pero no para actuar tal y como recuerda el ecuánime comunicado del Círculo de Economía barcelonés. Rajoy sigue teniendo, al menos de momento, la palabra y los medios para hacerlo.