EL MUNDO – 18/07/14
· Mantiene que «es mejor no echar a andar si no se sabe dónde ir y la ruta tiene riesgos».
La posición del presidente del Gobierno en relación con el desafío soberanista de Cataluña es firme pero «no inamovible». Rajoy está dispuesto a escuchar. De hecho atiende y analiza el aluvión de propuestas, manifiestos, cartas y declaraciones que proliferan en los últimos días tomando partido a la espera de que se produzca el encuentro con Artur Mas en La Moncloa.
No habrá referéndum.
Ésa es la postura de partida, pero a partir de ahí el abanico se abre para encontrar escenarios que faciliten la convivencia y permitan la normalidad institucional.
Rajoy mantiene su palabra: no es posible violentar lo que establece la Constitución y lo que han ratificado el Congreso de los Diputados y el Tribunal Constitucional. A saber: la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español y nadie puede obviar este planteamiento. «Lo que sea el futuro de la nación deben decidirlo todos los españoles». No hay camino alternativo sin vulnerar la legalidad. Este es el presupuesto básico del que parte el presidente del Gobierno.
¿Quiere esto decir que no hay alternativas? No. Desde La Moncloa apuntan que Rajoy no ha adoptado una postura pétrea. De hecho, la posibilidad de explorar una tercera vía, ésa que propugna la necesidad de una reforma constitucional, no se ha descartado completamente, aunque se está a la espera de que cumpla al menos dos condiciones básicas: que concrete su objetivo, sus apoyos y su ruta, y que, en ningún caso, se plantee con el único objetivo de satisfacer supuestos agravios de la comunidad catalana.
Desde esta posición es desde la que el presidente contempla el cruce de manifiestos, declaraciones, informes y cartas que se cruzan en los últimos días a la espera de que se produzca la anhelada entrevista en La Moncloa entre él y el presidente de la Generalitat, Artur Mas.
Rajoy cree que es lógico que unos y otros se movilicen ante el desafío catalán. Unos a favor y otros en contra, y que se planteen alternativas y se intenten abrir caminos, pero echa en falta concreción y «soluciones efectivas» que trasciendan de los planteamientos puramente teóricos.
En este sentido, argumentan en su entorno, ve con buenos ojos la «pluralidad» de argumentos que parten de la base de que un referendo como el que pretende celebrar Mas choca de frente con la legalidad constitucional. A partir de ahí, no descarta de un plumazo las llamadas terceras vías, pero está a la espera de que se detallen y, sobre todo, que en torno a las mismas se perciba una masa crítica lo suficientemente consistente como para construir sobre ella un consenso.
«Rajoy ha escuchado propuestas de muy diversa naturaleza», afirman en la Moncloa, «pero nadie ha planteado hasta la fecha una solución viable y efectiva». «Su posición no es inamovible, salvo en lo que afecta a un punto: no se puede romper la soberanía nacional y el Gobierno no puede en ningún caso autorizar pasos ilegales», afirman.
«Su máxima es: si no sabes adonde quieres ir, es mejor no empezar a andar, sobre todo si la ruta tiene riesgos», recalcan.
Y por el momento, el presidente ve riesgos importantes en la tercera vía que proponen algunas fuerzas políticas, sociales y económicas encabezadas por el PSOE. En su opinión, el objetivo de revisar la Carta Magna para dotarla de un mayor tinte federal es hasta ahora un discurso vacío de contenido en torno al cual ni siquiera existe un consenso mínimo. Ni desde el ámbito político ni desde el económico –una parte del empresariado catalán se ha mostrado a favor de esa ruta imprecisa– se han concretado propuestas claras.
En cualquier caso, en La Moncloa aseguran estar a la espera de que la nueva dirección socialista detalle sus planteamientos. Dicen estar convencidos de que, a más tardar en el mes de septiembre, el nuevo secretario general y su Ejecutiva intentarán reactivar su proyecto de reforma constitucional. En Presidencia están atentos.
Y entre tanto restan trascendencia a la futura Ley de Consultas catalana. En cuanto sea utilizada como base jurídica para convocar el referéndum independentista del 9 de noviembre, será recurrida en el Tribunal Constitucional.
«Se trata desenmascarar», aseguran desde el PP, «el fraude que se pretende perpetrar con ella. La Ley de Consultas puede, en su literalidad, ser conforme a la legalidad que establece el Estatuto, pero no puede pervertise para un objeto que no entra, ni de lejos, en su marco de acción. Nunca una norma autonómica puede ser el instrumento que permita modificar los pilares constitucionales», advierten.
EL MUNDO – 18/07/14