El Gobierno «actuará» en defensa del orden constitucional «un minuto después» de cada paso que pretenda dar la Generalitat para poner en práctica su plan independentista. «Nada se quedará sin respuesta», afirman en La Moncloa, avanzando aún más en las advertencias que el propio Rajoy plasmó en la carta que ayer remitió al president Carles Puigdemont y en la que rechaza de plano la pretensión catalana de negociar los términos y condiciones de un referéndum secesionista.
En el Ejecutivo ha cundido esta semana la sensación de que el reto conduce al choque de trenes. No ven margen alguno para el entendimiento, especialmente después de que el presidente de la Generalitat presentara en Madrid su proyecto de independencia como algo irrenunciable e inamovible y así se lo trasladara por escrito a Rajoy 48 horas después.
Después también de que se hiciera público un borrador de la ley de desconexión que prepara Puigdemont para instaurar de manera inmediata la república catalana. Desde el Govern han asegurado que el citado documento está «desfasado» e incluso que es «falso», pero esto apenas ha servido para rebajar el grado de alarma que suscitó en el Ejecutivo un papel que tachan de «delirante». Es más, desde el entorno del presidente se reta a la Generalitat a hacer público el verdadero proyecto de ley, a no hurtárselo a las fuerzas parlamentarias y a la ciudadanía contraviniendo las más elementales prácticas de la democracia.
El Gobierno tiene todos los posibles escenarios estudiados y previstas todas las medidas de actuación en función de las circunstancias. Se niega a concretar para «no dar bazas al adversario, no trasladar alarma a la sociedad, no perder razones en derecho y no alimentar el victimismo».
«Es muy importante», advierten en Moncloa, «no dar pasos antes que ellos». Y lo afirman aun a sabiendas de que este ejercicio de contención ante la escalada de anuncios irremediables de la Generalitat es interpretado por muchos ciudadanos como «pasividad» e incluso miedo.
Ayer, Rajoy puntualizó por escrito a Puigdemont que no aceptará ningún proceso de diálogo cuyo fin sea sobrepasar la línea roja que marca el respeto a la soberanía nacional y al Estado de Derecho. Dos conceptos, pilares del orden constitucional, que las pretensiones de la Generalitat convierten en papel mojado.
«Ni usted ni yo», recalca el presidente en su carta, «tenemos capacidad para negociar sobre aquello de lo que no disponemos. Ello supondría hurtar de sus derechos al conjunto del pueblo español, y por ende, a los catalanes, y ningún legítimo gobernante puede proceder de esa manera».
Para el presidente del Gobierno la «propuesta política» que le ha hecho Puigdemont de acordar juntos las condiciones de la consulta de autodeterminación no es sino «una invitación a pactar la forma de vulnerar el núcleo esencial de la Constitución española».
En otras palabras, es una mano tendida para cometer un delito, planteando incluso una «amenaza tan grave para la convivencia» como lo es el advertir con una declaración de independencia si no se ven satisfechas las exigencias del Govern.
En su misiva, Rajoy se refiere también al conjunto de iniciativas legales que prepara ya la Generalitat para llevar a cabo sus planes y con las que se pretende «la liquidación absoluta del orden constitucional».
Son precisamente estas actuaciones preparatorias las que el Ejecutivo combatirá de manera inmediata en cuanto se produzcan para cortar el paso al intento final de llamar ilícitamente a los catalanes a las urnas para que se pronuncien sobre una ilegalidad.
En el Gobierno se han activado todos los resortes de alerta con la vista puesta en la segunda quincena del mes de agosto, habilitada para el trabajo del Parlament con el objetivo de dedicarla a tramitar los textos sobre los que se pretende sustentar el proceso de desconexión y el referéndum previo, así como llevar a cabo todos los actos contractuales necesarios para una convocatoria a urnas.
«El verano será movido», vaticinan en los despachos de Presidencia, donde insisten en que en esta ocasión, a diferencia de lo que sucedió en 2014 en el llamado proceso participativo del 9-N, no se producirá ningún simulacro de votación.
Entonces, la Generalitat, presidida por Artur Mas, procedió a convocar la consulta de independencia el 28 de septiembre, sólo un día después de que se promulgara la Ley de Consultas Populares No Referendarias y Participación Ciudadana elaborada para tal fin por el Parlament. Entre la convocatoria y la celebración del pretendido referéndum –que finalmente, a resultas de la suspensión cautelar dictada por el Tribunal Constitucional, fue un proceso alternativo– mediaron 42 días.
El Gobierno central sospecha que la Generalitat planea celebrar el referéndum a primeros de octubre. El Govern por el momento, en su estrategia de intentar esquivar los impedimentos legales que planteen los tribunales, actúa en secreto y con sigilo rechazando de plano concretar fechas y procedimientos. Se limita a asegurar que sus planes son irrenunciables y que se llevarán a cabo a la vuelta del verano. Añaden además que su propuesta de pacto es la última oportunidad.