EDITORIAL EL MUNDO – 21/07/16
· La sorprendente abstención de diez diputados nacionalistas en la elección de la Mesa del Congreso, que facilitó la presidencia de Ana Pastor, ha revolucionado las negociaciones para una posible investidura de Mariano Rajoy por la presencia entre los abstencionistas de parlamentarios del Partit Demócrata Catalán –antigua Convergència–, formación que ha echado un pulso al Estado por su deriva independentista.
El portavoz de los nacionalistas catalanes, Francesc Homs, ha sido muy cáustico al responder por las razones que motivaron ese voto y no ha reconocido la existencia de un acuerdo entre partidos, pero su homónimo del Grupo Popular, Rafael Hernando, fue muy claro al manifestar en la noche del martes en la Cope que se trata de un «acuerdo puntual con PNV, Coalición Canaria y Convergència». A cambio de este apoyo el PP estaría dispuesto a que CDC contara con un grupo parlamentario propio, algo que, según la legislación no tiene derecho. Convergència, que cuenta con ocho diputados, no supera el 5% del voto a nivel nacional ni el 15% en cada una de las circunscripciones en las se presentó.
Habrá que esperar acontecimientos, pero si esto es así, como parece, se trata de un hecho grave que el PP debe explicar y que puede dificultar aún más la investidura de Rajoy. Entendemos la reacción de Ciudadanos, cuyo vicesecretario general, José Manuel Villegas, afirmó ayer que si se confirma la existencia de «un pacto entre el PP y los que quieren romper España» su partido se replantearía la abstención en la segunda votación para la investidura de Rajoy «para volver al no».
Es legítimo que el PP busque acuerdos con otras fuerzas políticas para conseguir la presidencia del Gobierno, pero no lo es que para ello haga concesiones a partidos que han hecho de la ruptura de España su único objetivo en la política. Sin ir más lejos, CDC forma parte de la coalición Junts pel Sí que esta misma semana secundó en el Parlamento catalán, forzado por la CUP que se vale de su debilidad electoral, la creación de un «mecanismo unilateral» para proceder a «la desconexión con la legalidad del Estado español a través de la aprobación de las leyes».
Es la misma CDC que impulsó en el Parlament en 2015 la Ley de Medidas Fiscales y Financieras que contempla la creación de «estructuras de Estado». Una norma que acaba de ser anulada por el Tribunal Constitucional. No se entiende que con estos antecedentes, el PP pueda conceder un grupo parlamentario propio a los nacionalistas catalanes, lo que les daría mayores recursos financieros y, sobre todo, mucha más visibilidad en los debates en el Congreso. ¿Para qué la iba a utilizar quienes quieren romper España?
Hay que recordar también que Artur Mas y Francesc Homs –con quien negocia directamente el PP en Madrid– están imputados por desobediencia y prevaricación al organizar la consulta del 9-N de 2014 cuando había sido suspendida por el Tribunal Constitucional. El PP, además, tendría que explicar a la opinión pública por qué criticó al PSOE hace apenas unos meses, cuando este partido prestó senadores a CiU para que pudiera conformar un grupo propio en la Cámara Alta.
Este movimiento popular tampoco se entiende en el ámbito de la estrategia de cara a la investidura de Rajoy. En primer lugar, puede cambiar el clima de entendimiento con Ciudadanos, un partido clave para que Rajoy pueda seguir ocupando el Palacio de La Moncloa. Después, porque quita presión al PSOE ante la investidura. Sánchez ha empujado al PP a «buscar acuerdos con la derecha nacionalista», que concederían a Rajoy la mayoría para ser investido y evitarían así a los socialistas la abstención para formar Gobierno.
Pero más allá de la estrategia política coyuntural, el PP se juega perder su discurso sobre la unidad de España si hace concesiones a Convergència sin conseguir que ésta abandone sus postulados separatistas.
EDITORIAL EL MUNDO – 21/07/16