LOS 10 ACUERDOS DE LA CONFERENCIA
1. Políticas de Empleo. Crear puestos de trabajo de calidad.
2. Protección civil. Constituir un Consejo Nacional sobre este asunto.
3. Reto demográfico. Estrategia Nacional frente al envejecimiento.
4. Pacto educativo. Añadir las aportaciones autonómicas al acuerdo.
5. Unidad de Mercado. Desarrollar una ley que elimine trabas.
6. Tarjeta Social. Grupo de trabajo para diseñar este proyecto.
7. Vulnerabilidad energética. Evitar cortes de energía y crear programas sociales.
8. Financiación. Inicio de los trabajos para aprobar un nuevo modelo.
9. Participación autonómica en la UE. Reforzar el papel de las comunidades.
10. Violencia de género. Promover pacto de Estado.
La financiación autonómica se atasca por la falta de ingresos
· Rajoy espera alcanzar un acuerdo con las CCAA antes de que finalice el año, pero advierte de que la recaudación es 20.000 millones menor que en 2007Rechaza el diálogo bilateral con Cataluña
Habrá nuevo sistema de financiación autonómica y el compromiso inicial es, pese a la enorme complejidad, el de conseguirlo antes de finales de año. Todas las comunidades aspiran a obtener con el futuro modelo más recursos, pero desde el Gobierno ya se advierte de que la condición imprescindible para conseguirlo es el mantenimiento de la actual política económica, preservando las reformas puestas en marcha e incidiendo en la consolidación fiscal. Sólo así, avisó Rajoy, «seremos más libres y podremos hacer más cosas».
El presidente echó ayer el freno en cierta medida al aluvión de demandas y reclamaciones que presentan todos y cada uno de los territorios, independientemente de su color político, cuando se emprende una negociación de este tipo, que conlleva inevitablemente calcular, con base en parámetros muy diversos y a veces enfrentados, cuánto dinero necesita cada comunidad para mantener en un régimen de igualdad los servicios públicos y las prestaciones que reciben los ciudadanos.
Recordó Rajoy que España se adentra en 2017 sin haber recuperado aún el nivel de recaudación que tenía hace una década. En concreto, la cuenta se resiente todavía en 20.000 millones de euros. Esto, unido al espectacular incremento del gasto en pensiones (40.000 millones más que en 2007, y al alza) y Sanidad, impiden pensar en un aumento significativo del dinero a repartir.
«No hay más objetivo; esta es la gran prioridad», recalcó. «Llegar al acuerdo no será sencillo y, al final, no complacerá a todos al cien por cien, pero todos tenemos», puntualizó, «la voluntad de mejorar nuestra financiación y para eso hay que tener recursos e ir a la mayor, que es mantener el crecimiento económico».
La Conferencia de Presidentes que se celebró ayer en el Senado al menos se diferenció de las ediciones anteriores en el espíritu de colaboración que exhibieron todos los participantes. Rajoy llegó a calificar el debate de «muy fructífero» y «muy útil». Según sus palabras, ha quedado demostrado que el encuentro, que a partir de ahora será anual, puede ser un «órgano para construir», siempre y cuando se mantenga alejado de los problemas políticos del día a día.
La financiación autonómica centró en buena medida la cita, a la que no acudieron los presidentes de Cataluña y País Vasco, únicos ausentes de la cumbre. Todos los demás líderes territoriales estuvieron de acuerdo en la necesidad de reformar el modelo y en hacerlo, claro está, para elevar las cifras.
Rajoy les urgió a no perder de vista las necesidades crecientes en pensiones, que en la actualidad suponen el 28,3% del gasto, y en sanidad, que se eleva al 14,2%. A ello hay que sumar la factura para cubrir la dependencia –cubierta en la actualidad en su mayor parte por las propias autonomías–, el coste de la educación y otras prestaciones sociales. Y sin olvidar que España se enfrenta a un grave problema demográfico, con varias comunidades arrojando tasas de crecimiento vegetativo negativo y unas previsiones que apuntan a una pérdida en los próximos 50 años del 11% de la población. Este asunto será objeto, según pactaron ayer los presidentes autonómicos y el Gobierno central, de una nueva estrategia nacional para intentar revertir la actual pirámide poblacional.
Mientras, en el plazo de un mes se habrá constituido un comité de expertos que preparará los datos y organizará las distintas propuestas para empezar a negociar el nuevo modelo de financiación autonómica. En paralelo, y a petición de un buen número de autonomías –prácticamente todas a excepción de Madrid y Baleares–, se creará un grupo de trabajo encargado de elaborar un estudio sobre la corresponsabilidad fiscal de cada territorio.
En definitiva, se trata de hacer una suerte de mapa impositivo de España en el que se reflejará el nivel de los tributos existentes en cada comunidad: sucesiones, donaciones, patrimonio, IRPF…
Las diferencias, muy importantes entre unas y otras, suponen en definitiva, como señalaron los presidentes de Andalucía y Extremadura, una clara «discriminación entre ciudadanos». Una situación que para el castellano-manchego, Emiliano García-Page, o el valenciano, Ximo Puig, puede compararse con la existencia de paraísos fiscales.
Será este punto uno de los más complejos a abordar con vistas al futuro sistema. En el lado contrario del planteamiento se sitúa principalmente Madrid, un territorio en el que sucesiones y patrimonio son tributos simbólicos. La presidenta Cristina Cifuentes se muestra dispuesta a defender su sistema porque, asegura, ha servido para impulsar el crecimiento y, con ello, la recaudación.