Pregunta.– ¿Cuáles son esos objetivos políticos?

Respuesta.– ETA ha dejado de matar y eso es un logro sin duda alguna para la democracia, lo cual no quiere decir que ETA no haya logrado objetivos significativos. Entre ellos, que la ideología por la que ETA mataba, el nacionalismo, ha salido indemne, es decir, hoy en el País Vasco, igual que en Navarra, hay todavía un clima de «exclusión moral», utilizando el término de Susan Opotow, que afecta a los no nacionalistas. Y eso es, desgraciadamente, un logro del terrorismo al que los demócratas y el Estado de derecho no han opuesto la resistencia necesaria.

P.– Y que ha contado con la colaboración del PNV, ¿cuál ha sido su responsabilidad?

R.– El PNV nunca ha aceptado que el proyecto político nacionalista necesariamente queda contaminado por la violencia terrorista, como decía Mikel Azurmendi. El PNV, además, ha cuestionado instrumentos de la política antiterrorista que eran fundamentales para proteger a los ciudadanos no nacionalistas que estaban siendo intimidados y aterrorizados por la organización terrorista, entre ellos la ilegalización de partidos. El PNV ha legitimado implícita y en ocasiones también explícitamente, a una organización terrorista como ETA y a los cómplices de la organización terrorista. Y el PNV se ha beneficiado de esa violencia porque la violencia lo que ha generado es una sociedad en la cual los ciudadanos no nacionalistas se han visto privados de derechos y libertades fundamentales.

P.– ¿Cómo pasó ETA de estar casi derrotada a conseguir un final tan beneficioso?

R.– En su documentación interna, ETA reconoce que si hubiera logrado sus objetivos máximos, Euskal Herria aparecería en los mapas de Europa. Pero al mismo tiempo reivindica la utilidad del terrorismo. Lógicamente hay un componente propagandístico, pero también, por desgracia, hay algo de verdad. Hoy nos encontramos con que la organización terrorista fue legitimada con la legalización de sus brazos políticos, Bildu y Sortu, cuando ETA aún no se había disuelto y cuando su brazo político, lógicamente, no había condenado de manera inequívoca el terrorismo. En el periodo de 2002 a 2004, ETA reconoce que pueden desaparecer por aniquilación tanto ella como lo que llaman la izquierda abertzale. Y ese proceso se revierte cuando se producen las negociaciones con el Gobierno de Rodríguez Zapatero, y luego con el Gobierno de Mariano Rajoy, que no tiene ni los arrestos morales ni políticos para taponar esa indecencia. Porque de haberse podido conseguir un verdadero final con justicia política para sus víctimas directas e indirectas, hemos pasado a un final que el propio Gobierno llama «sucio», porque no coincide con el modelo o el proyecto que el PP presentó en un determinado momento y por el cual sus propios concejales fueron asesinados. Hoy el relato ya está escrito con los hechos: los sucesivos gobiernos, los partidos políticos y las instituciones del Estado han aceptado la presencia de los representantes políticos de ETA en las instituciones. Esa es la impunidad real, que pone en evidencia la incoherencia de Rajoy cuando promete que no habrá impunidad, difiriendo al futuro lo que ya existe. Y el relato al que recurre el Gobierno, y para el cual destina millones, por ejemplo a través del Memorial de Víctimas, pretende lo que Sandrine Lefranc planteaba en otro contexto de violencia: «Embellecer la impunidad».

P.– Pero la legalización fue aprobada por el TC…

R.– Esa decisión es muy importante y está relacionada con el tema del dichoso relato, que al final se ha convertido en un pretexto para encubrir errores y negligencias. Ese relato se centra en buscar una explicación que sea cómoda y confortable para los partidos democráticos. Sin embargo, estos mismos partidos, PP y PSOE, son los que aceptaron y no hicieron nada cuando el TC tomó una decisión que fue política, no cabe ninguna duda, porque como dijo el Supremo, los brazos políticos formaban parte de la estrategia de ETA y por lo tanto no podían ser legalizados. Además, tanto el PSOE, cuando se legaliza Bildu, como el PP, cuando se legaliza Sortu, denuncian hipócritamente, como repetía constantemente el ministro Fernández Díaz, que ambos partidos habían traspasado las líneas rojas, evidenciando que estaban incumpliendo los propios límites que el TC les había planteado, pero no hacían absolutamente nada. Lo que la documentación evidencia es que PP y PSOE aceptaron lo que el PSOE negoció con la organización terrorista en Suiza y en Noruega. Frente al relato dominante sobre el final de ETA que enfatiza la derrota de la organización terrorista, hay que afirmar que a partir de 2008 hay una negociación entre el Gobierno y el partido político que representa a ETA a través de intermediarios, no sentados en una mesa cara a cara como había ocurrido hasta entonces, una negociación, gracias a la cual la organización terrorista consigue algunas de las exigencias que planteó entonces: la legalización de su brazo político, la abolición de la doctrina Parot, la excarcelación de Josu Uribetxeberria Bolinaga…

P.– ¿O sea que mintió Rajoy cuando dijo que no se habían hecho concesiones a la banda?

R.– Rajoy miente absolutamente. Cuando el PP llega al Gobierno, acepta la estrategia del PSOE. Y este es otro de los logros de ETA, el hecho de que un gobierno democrático no tenga la decencia de ser claro con sus ciudadanos, de que el gobernante utilice la mentira frente al gobernado, porque el contrato social y político en democracia exige decir la verdad. Sin embargo, el PP pone en práctica una política que en público niega que esté siguiendo, mientras que en privado la acepta y la defiende. Y los propios dirigentes del PP reconocerán al cabo de los años que siguieron esa estrategia y que por eso permanecieron en el ministerio del Interior algunos asesores de Rubalcaba.

P.– ¿Por qué cambia de postura el PP?

R.– Por una relevante ausencia de liderazgo tanto político como moral. La lucha contra el terrorismo es enormemente complicada y exige grandes sacrificios, pero el nuevo liderazgo del PP no está dispuesto a asumir el combate ideológico, político y social que se requiere para defender una determinada política que supusiera un final muy diferente. Ya en los años 90, Juan Aranzadi plantea que el final de ETA tiene una trascendencia práctica e ideológica, es decir, es muy importante el modelo de final del terrorismo, porque en función del que se adopte, el nacionalismo sufrirá o no sufrirá, verá o no disminuida su responsabilidad por compartir una ideología con la organización terrorista. Por eso, el PP de José María Aznar asume que hay que arrebatarle el liderazgo político y moral al PNV, que había ejercido un veto en la forma de abordar la lucha contra el terrorismo. Y a partir de ese momento se aplica lo que los servicios de inteligencia propusieron, que era un modelo contraterrorista integral, orientado no al corto plazo, sino al medio y largo plazo. En 2002 hay un informe reservado de la comisaría general de información en el cual se explica cómo la política antiterrorista del Gobierno Aznar, de la cual es parte fundamental la ilegalización de partidos, complementada con otros instrumentos policiales y judiciales muy relevantes, ha tenido efectos demoledores para la organización. El documento señala que ETA estaba en una situación en la cual si no ocurre lo que sucedió en el 92 tras la caída de la cúpula de Bidart y no ocurre lo que en 1998, con el pacto entre el PNV y ETA que da lugar a Lizarra, es decir, si el PNV no acude en auxilio de la organización terrorista, puede llegar el colapso de ETA y del complejo terrorista. Y lo que nos encontramos es que no solo el PNV acude en auxilio de ETA. También el PSOE. Y posteriormente el PP va a respaldar a quienes han acudido en auxilio de ETA y van a aceptar ese modelo de final que rompe con el que el PP había intentado introducir en el periodo de Aznar.

P.– ¿Está cometiendo el Gobierno en Cataluña los mismos errores que en el País Vasco?

R.– Sí, no hemos extraído las consecuencias. En un discurso memorable, Ana Iríbar establecía una relación entre los motivos por los cuáles su marido fue asesinado, el nacionalismo, y el nacionalismo que hoy en Cataluña está utilizando otro tipo de violencia para subvertir el orden constitucional. Gregorio Ordóñez, dijo Iríbar, entró en política porque en esta sociedad se asesinaba a ciudadanos por defender sus ideas, y entró en política para que se protegiera a los ciudadanos que no estaban protegidos por el nacionalismo. ¿Qué hace el Gobierno de la nación para proteger a otros ciudadanos que no disfrutan de sus derechos y libertades, como consecuencia de la intimidación nacionalista? Los dirigentes del PP, a los que se les llena la boca prometiendo verdad, memoria, dignidad y justicia son los primeros que vacían de contenido y significado político a sus propias víctimas. Las víctimas fueron asesinadas por unos motivos, por unas causas políticas y esos asesinatos tienen consecuencias políticas, y esas consecuencias políticas interpelan al PP y al PSOE. No se puede recordar a las víctimas sin exigir la delegitimación de esos asesinatos y aunque lo verbalicen en algunas ocasiones, no lo exigen con los instrumentos del Estado de derecho.

P.– ¿Por qué se le da tanta importancia al perdón?

R.– En la operación de limpieza de la responsabilidad del nacionalismo que implica este final del ETA, uno de los recursos es el perdón. Por eso hay tanto interés por convertir una cuestión privada en una colectiva y política, porque con ese perdón se lavan las conciencias, con ese perdón la responsabilidad del criminal queda diluida y se dificulta la aplicación de justicia. Es un instrumento, como si el PNV quisiera llevar el traje a la tintorería para lavar las manchas de sangre. Eso no es suficiente, hay que exigir una rendición de cuentas, hay que denunciar el beneficio político que han extraído quienes ahora reconocen que no han estado a la altura de las circunstancias y pretenden con el perdón borrar esas responsabilidades. El perdón, además, exige unas determinadas condiciones, en ausencia de las cuáles lo que de verdad tiene una superioridad moral es el resentimiento. Como planteaban Jean Améry o Thomas Brudholm, el resentimiento, que no tiene que ser confundido con sentimientos de venganza, es una denuncia política y moral de las condiciones injustas que impiden ese perdón.

P.– ¿Por qué es tan crítico con Patria?

R.– Se utiliza Patria como si fuera un libro de Historia del País Vasco o del terrorismo de ETA, pero el PNV es mencionado de manera explícita en una sola ocasión, y la ideología nacionalista que hay detrás del terrorismo de ETA y que el PNV continúa defendiendo prácticamente desaparece. Lo que hay, además, es un relato en el cual el familiar de la víctima es doblemente humillado, en primer lugar, por el asesinato, y luego porque su único objetivo en la vida consiste en conseguir que el asesino exprese su perdón, y cuando éste llega, en forma de un párrafo muy sucinto, provoca la satisfacción de la víctima. Y ya está. El libro focaliza las exigencias de responsabilidades en un plano muy limitado y no se pide responsabilidad a la ideología y las instituciones que legitimaron los asesinatos.

P.– ¿Qué le parecen las políticas de memoria que está impulsando el Gobierno para los estudiantes?

R.– En las llamadas unidades didácticas para estudiantes de 4º de la ESO se han eliminado a ¡Basta ya! y al Foro de Ermua, los dos movimientos en torno a los cuales se va a vehicular una respuesta cívica sin parangón en la sociedad vasca, quienes van a romper la espiral del silencio que el nacionalismo había impuesto para atenazar a los no nacionalistas, quienes van a ayudar a los ciudadanos desprestigiados a sentirse algo protegidos. Movimientos que no reivindicaban sólo la Paz, como Gesto por la Paz, sino la Libertad, porque también en una dictadura puede haber paz.