EL CONFIDENCIAL 23/09/13
El Gobierno de Mariano Rajoy prepara algunas ofertas interesantes que ofrecer al presidente catalán, Artur Mas, durante los próximos meses. No serán ninguna cesión ante los nacionalistas, afirman a El Confidencial fuentes cercanas al Ejecutivo central, sino que entran dentro de cualquier dinámica negociadora. “Se trata de hablar sobre temas en los que pueden introducirse modificaciones respecto a la situación actual”, subrayan estas fuentes. Y esos asuntos intentarán servir de bálsamo ante la situación y de moneda de cambio para que los convergentes abandonen la senda independentista que iniciaron hace un año. Se trata de realizar ofertas “que difícilmente se puedan rechazar” a cambio de olvidarse de la consulta independentista. Si Mas las rechaza, los problemas futuros serán de su exclusiva responsabilidad, aseguran las fuentes.
Desde Madrid se observa que “llevamos un año bajo tensión, con gran crispación e incluso con una cierta incomunicación con el PP de Cataluña. Pero en los últimos meses ha comenzado un cierto deshielo. Antes de verano, hubo conversaciones con Duran Lleida, luego se produjo la carta de Mas, más tarde la reunión de Rajoy y Mas y ahora la respuesta del presidente. Todos estos movimientos son síntoma de una cierta apertura a la negociación”.
Los nacionalistas catalanes están decepcionados con la misiva de Rajoy e, incluso, en algunos sectores están abiertamente enfadados porque consideran que cierra las puertas a cualquier consulta y no ofrece alternativas. “Es verdad que, de una manera suave y elegante, se rechaza en primera instancia un referéndum, pero se ofrece el marco legal para abrir una negociación. En ese marco, se puede hablar. ¿Y una consulta? La vemos difícil. El marco legal no la permite en Cataluña”.
Pero no todo está perdido. Hay varios grandes temas en los que el Gobierno central puede incidir. Son viejas reivindicaciones de los nacionalistas que no están satisfechas, ya fuese por imposibilidad técnica o por falta de voluntad política. Cuatro son estas grandes áreas que los populares pondrán sobre la mesa de los nacionalistas para colmar sus aspiraciones: infraestructuras, competencias, financiación y lengua.
En infraestructuras, el Estado ha incumplido sistemáticamente sus compromisos desde hace varios años. Por ley, se había pactado un porcentaje de inversión anual, el cual nunca se ha cumplido. Es más: Cataluña reclama en estos momentos 978 millones de euros en atrasos de esas inversiones pendientes (hasta el año 2009), aunque también están pendientes otros 719 millones por las inversiones del 2010. Esas inversiones son las que se derivan de la disposición adicional tercera del Estatuto, la cual fija que “la inversión del Estado en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se ha de equiparar a la participación del Producto Interior Bruto de Cataluña en relación con el Producto Interior Bruto del Estado por un periodo de 7 años. Estas inversiones podrán utilizarse también para liberar peajes o la construcción de autovías alternativas”. Según este acuerdo, el Estado debería invertir en el 2013 más de 1.900 millones, pero sólo gastará en tierras catalanas algo más de 1.100 millones.
Pues bien, las cosas pueden cambiar en un futuro porque ahora sí habrá “voluntad política” de invertir. Madrid estudia cuánto y cómo, pero habrá propuesta a los catalanes en este terreno, una propuesta atractiva y muy clara. Paralelamente, Cataluña no cobra desde hace tiempo el Fondo de Competitividad que le corresponde. Son 1.450 millones más que lleva años reclamando y que todavía no ha percibido, aunque le corresponden por ley. Aunque no habrá grandes cambios en este capítulo, sí podría intentarse que Cataluña pudiese recibir algo de lo que le deben.
Aviso a navegantes
“No se trata de regalar nada a Cataluña, ojo, sino de cumplir con esta comunidad. Es cierto que existe un relativo déficit de inversiones y que en la actualidad exigen como prioritario el Corredor Mediterráneo. Eso se ha de hablar. Es cierto también que no tiene por qué haber un solo corredor con Europa, sino que puede haber otro central. Pero se puede entender la reivindicación de esa vía de comunicación por todo el litoral. Bien, el Gobierno español está de acuerdo. Cataluña tendrá su corredor”, explican las fuentes consultadas… y añaden: “El Gobierno español está dispuesto a insistir en Bruselas para acelerar este tema”. En otras palabras, un aviso a navegantes.
Otro sector con el que Rajoy intentará aplacar los ánimos de los nacionalistas es en el de la financiación. El Gobierno ya hizo público que va a revisar el modelo de financiación autonómica. En realidad, no es una concesión gratuita, sino que se ha de revisar ahora, tal y como prevé la ley y, aunque ha advertido que no habrá diferenciaciones y que la de Cataluña se enmarcará dentro del régimen común, se podrían realizar determinadas concesiones, aunque en este sentido el Gobierno central todavía está estudiando hasta dónde podría ofrecer. De hecho, las fuentes consultadas aseguran que el Ejecutivo de Rajoy tiene, en este terreno, margen de maniobra.
El tercer gran sector donde contentar a los nacionalistas es el de las competencias. El Gobierno catalán ha pedido reiteradamente tener el control en varios segmentos. Por un lado, el de los aeropuertos. De hecho, lleva años reclamando el control de la gestión aeroportuaria, especialmente la de El Prat, cuya calificación de aeropuerto internacional ha sido vetada hasta ahora por el Gobierno central. Paralelamente, el propio Estatuto prevé un consorcio entre el Gobierno central y el autonómico para la creación de una Hacienda catalana. Aunque hay sectores del Gobierno de Madrid que no quieren tocar este tema, sí es verdad que está prevista esa figura en el ordenamiento jurídico, con lo que la Generalitat podría tener, de facto, el control del fisco catalán y un peso decisivo en el mismo. Hasta dónde llegará la propuesta de Rajoy en este campo dependerá aún de los informes que le pongan sobre la mesa sus asesores.
El blindaje de la lengua
Por último, existe otro asunto que los nacionalistas consideran de primera magnitud: les gustaría un blindaje en materia de política lingüística. Con ello, estabilizarían, de paso, el sistema educativo, dando carta de naturaleza definitiva a la inmersión lingüística, que ha sido siempre atacada por los sectores más conservadores del PP. Según las fuentes consultadas, este es el punto más difícil de negociar en una mesa, ya que implica liquidar todas las acciones que se han llevado a cabo durante los últimos años y una concesión “ideológica” que en algunos círculos se interpretaría como una “rendición política”.
Para los nacionalistas, no hay oferta que valga. “Pueden ponernos sobre la mesa el concierto fiscal si quieren, porque no caeremos en la trampa. Lo que queremos es que nos dejen decidir nuestro futuro”, dice un alto dirigente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Evidentemente, escucharán y analizarán cualquier propuesta que llegue del Gobierno central, “pero el objetivo de las cartas entre los presidentes y de la negociación es poder realizar la consulta. No debemos perder de vista este objetivo”, subrayan las fuentes.
Los populares echan en cara a CiU su “lenguaje ambiguo” a la hora de negociar, de dirigirse a su electorado y de gobernarEn la oposición, se augura un mercadillo de ofertas y contraofertas los próximos meses entre representantes de los dos Gobiernos. “El Gobierno central tenía dos opciones ante la carta de Mas: dar una respuesta tibia para evitar el efecto rebote o dar una respuesta por elevación y coger el toro por los cuernos, es decir, presentar una propuesta que dé una solución al país. Y ahí, el PP debería acordar con el PSOE la reforma de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA) y del Senado. Quizá eso requeriría una reforma constitucional, pero es necesario. Con ello, se daría al problema una visión de Estado”, dicen a este diario fuentes de Ciutadans.
Con las negociaciones en ciernes, no obstante, la oposición desconfía de llegar a una solución definitiva. “Intentar contentar a CiU con una propuesta de mínimos sería confundir el todo con la parte, es volver a la táctica que se ha llevado a cabo durante los últimos 30 años”.
En el PP, sin embargo, creen que “no hay escenario posible sin Esquerra Republicana (ERC). Habrá que ver qué papel juega esta, que va capitalizando los movimientos independentistas mientras los votos huyen en manada de Convergència”. Los populares echan en cara a CiU su “lenguaje ambiguo” a la hora de negociar, de dirigirse a su electorado y de gobernar. “Hablan de Estado propio, de derecho a decidir, de cincuenta mil cosas. Pero eso sólo son subterfugios, sucedáneos. Lo único que quieren decir es independencia. Y, además, cuando Europa dice lo que dice y les llegan múltiples mensajes sobre su expulsión de la UE, CiU se ve obligada a mantener su ambigüedad. Pero lo cierto es que en su agenda soberanista ya tienen la fecha del referéndum y de la independencia”. El objetivo del Gobierno central, pues, es modificar esa agenda y borrar la fecha.