EL MUNDO – 23/07/16
· Lamenta la falta de negociaciones con Rivera / Descarta acudir a la investidura sin apoyo y, en último extremo, prevé una reforma legal para convocar elecciones.
· Mariano Rajoy espera y desespera. Ha puesto sobre la mesa de Albert Rivera una oferta abierta y está dispuesto a escuchar demandas y propuestas. Pero no llegan.
· Ciudadanos se ha «encastillado», aseguran en Moncloa, e insiste en no moverse un milímetro de su última posición: conceder una abstención en la segunda votación de investidura del candidato del PP. Nada más.
Y eso, pese a que el partido naranja es consciente de que este paso es baldío. Nada se desbloqueará sin el voto afirmativo de sus 32 diputados que permitiría a Rajoy reunir la masa crítica de apoyos suficiente (170 escaños) para lograr la abstención del PSOE, sacar adelante la investidura y conformar por fin Gobierno.
Rajoy no acudirá al Congreso sin garantías y, en previsión de un escenario sin candidatos posibles, estudia ya la fórmula para pedir en septiembre la disolución de las Cortes.
El presidente en funciones prepara ya todos los escenarios porque no descarta que Rivera persista en una posición de intransigencia que obligue a prolongar plazos que ya son acuciantes. Así, mientras persevera en los contactos «continuos, intensos y discretos», como explica la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, e incluso trabaja en el borrador de un discurso de investidura que podría, si continúa el bloqueo, acabar en la papelera, estudia también opciones extremas para el caso de que Ciudadanos se mantuviera enrocado.
El escenario último que no descarta el presidente es el de acabar rescatando el dictamen que emitió el Consejo de Estado el 26 de junio de 2003, justo después del caso conocido como Tamayazo cuando, tras las elecciones autonómicas, el candidato socialista Rafael Simancas perdió la Presidencia de la Comunidad de Madrid porque dos diputados de su grupo decidieron premeditadamente ausentarse de la votación.
El objetivo sería conseguir la autodisolución de las Cortes para proceder a la convocatoria de las terceras elecciones. Y ello es así porque Rajoy descarta presentarse ante el Congreso sin garantías de éxito, sólo para poner en marcha el reloj constitucional, que se activa, según el artículo 99 de la Carta Magna, a partir de la primera votación de investidura.
El informe solicitado al órgano consultivo por la Asamblea de Madrid para dilucidar sobre el proceso de investidura y la fórmula apropiada para desempantanar la situación si finalmente no hay ningún candidato a la misma, no puede ser trasladado directamente al escenario nacional, pero podría servir de base si finalmente el tiempo corre y el país se adentra en el mes de septiembre sin que haya mediado una votación de otorgamiento de confianza a un candidato a presidir el Gobierno.
Es más, en Moncloa, tras las elecciones del 20-D se suscitó un intenso debate sobre este escenario, habida cuenta de que el artículo 99 de la Constitución no contempla la hipótesis de que ningún aspirante se presente a la investidura.
Finalmente, la conclusión a la que llegaron los servicios jurídicos de Presidencia fue la de que sería posible que las propias Cámaras aprobaran en un acto institucional solemne una resolución de autodisolución que diera paso al decreto de convocatoria de nuevas elecciones generales firmado por el Rey.
En cualquier caso, advierten las fuentes consultadas, dicho acto para el que no hay precedente debería producirse no antes de que hubieran transcurrido dos meses desde la primera ronda de consultas del Rey a fin de ajustarse al máximo a los plazos naturales que contempla en circunstancias normales la propia Constitución.
Los expertos constitucionalistas consultados por EL MUNDO coinciden en señalar que respecto a esta cuestión existe un vacío legislativo que habría que cubrir siempre con acuerdo parlamentario.
En opinión de los juristas, lo más apropiado sería que los grupos parlamentarios, en plenitud de facultades y representantes de la soberanía nacional, procedieran a modificar el propio artículo 99 de la Constitución a fin de añadir un apartado en el que se señalara el momento a partir del cual empiezan a correr los plazos para la convocatoria de elecciones en el supuesto de que ningún aspirante se presente a la investidura. La fecha de arranque bien podría ser la de la propia constitución de las Cámaras. Esta revisión de la Carta Magna podría ser aprobada con el voto a favor de tres quintas partes de los diputados puesto que no se trata de un capítulo blindado.
En Moncloa aseguran, pese a todo, que Mariano Rajoy no cejará en su intento de llegar a un acuerdo. Y enumeran los graves problemas que acarrearía la imposibilidad de aprobar una senda de consolidación fiscal que responda a los compromisos de estabilidad con la UE; las consecuencias negativas que se derivarían de la falta de Presupuestos para 2017 e incluso las multas que habría que asumir si, como consecuencia de la falta de capacidad de un Gobierno en funciones, no se pueden trasladar a la legislación nacional una veintena de directivas comunitarias pendientes desde hace meses.
«Necesitamos un Gobierno rápido», recalca la vicepresidenta antes de asegurar que «en cuanto lo haya, se harán todos los esfuerzos para recuperar cuanto antes la normalidad».
EL MUNDO – 23/07/16