Ciudadanos inauguró ayer su «semana de lucha contra la corrupción». La cinta la cortó Inés Arrimadas, portavoz nacional del partido, que calificó con este eslogan estos días porque hoy el Congreso debate la toma en consideración de su proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes; porque ayer se reunieron con el PP para abordar la supresión de los aforamientos y la limitación de mandatos del presidente; y porque mañana la Cámara Baja aprueba la creación de una comisión de investigación de la gestión de las entidades financieras, a raíz del caso Bankia. Pero Ciudadanos cuenta con un invitado especial para su semana: Pedro Antonio Sánchez, presidente del PP de Murcia, al que apoyó en su investidura y sostiene en el Gobierno y que ayer fue citado a declarar como imputado por el caso Auditorio, por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.
Ciudadanos ha pactado con el PP en Murcia –y también en su pacto de investidura a nivel nacional– la separación inmediata de los cargos imputados por corrupción política. En virtud de lo firmado, piden la dimisión inmediata de Sánchez. Pero su exigencia choca con la postura del PP y del presidente murciano, que lo consideran un «error administrativo» y ayer descartaban la dimisión. Sánchez argumenta que lo que se investiga en este caso es «una cuestión absolutamente administrativa» sobre el «expediente de una subvención». Versión que no comparte Ciudadanos.
El presidente murciano ha sido citado como imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia el próximo 6 de marzo. Las diligencias se refieren al proyecto, adjudicación, ejecución y recepción de las obras de dicho auditorio en Puerto Lumbreras cuando Sánchez era alcalde de dicha localidad.
Su desafío a Ciudadanos fue respaldado ayer por Mariano Rajoy. El presidente pidió «prudencia» y respeto a la «presunción de inocencia». «Sobre el tema del presidente de Murcia, prudencia, presunción de inocencia, que es uno de los derechos humanos más importantes de los que disponemos las personas, y recordar que ha tenido 16 archivos en los dos o tres últimos años», dijo Rajoy en una rueda de prensa con el presidente de Francia, François Hollande.
Este desafío lanzado por el PP ante la exigencia de C’s se producía sólo unas horas después de la inauguración de la «semana de lucha contra la corrupción». Sin embargo, desde la cúpula del partido naranja limitaban esta disputa a un «ámbito regional», desechando trasladar al ámbito nacional –ambos son socios preferentes para la gobernabilidad de España– cualquier consecuencia o daño colateral de un incumplimiento. «Es un tema regional, que van a tener que gestionar nuestros compañeros de Murcia», zanjó Juan Carlos Girauta, portavoz en el Congreso de Ciudadanos, tras la reunión con el PP donde le trasladaron la necesidad de modificar la Ley del Gobierno para limitar el mandato presidencial a ocho años. «Su permanencia en el cargo no está por encima de la gobernabilidad de la región. Lo van a discutir, gestionar y supervisar los representantes en Murcia. Es un tema regional, de estabilidad regional», ahondó en un intento de desmarcar la posible tensión en esta comunidad de la política nacional. Todas las opciones están sobre la mesa de Ciudadanos en Murcia, incluida la moción de censura.
Sin embargo, esta imputación de Sánchez es toda una piedra de toque para un Ciudadanos que ayer volvió a enarbolar su rol de formación de regeneración política y lucha contra la corrupción.
La imputación –investigación, en la terminología jurídica actual–, esperada desde hace días en el partido de Albert Rivera, mide la tensión en la relación política entre el PP y Ciudadanos. Los 22 diputados populares en la Asamblea de Murcia eran insuficientes para lograr la investidura de Sánchez. Por eso negoció un acuerdo para la gobernabilidad y la regeneración con Ciudadanos, que incluye en su primer punto: «Separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial». Desde hace días, el mensaje oficial desde la formación naranja era que pedirían su dimisión cuando se le citara como imputado. Ayer venció ese deadline.
«Tiene que dimitir ya», avisaron ayer desde la dirección de Ciudadanos. «Pedro Antonio Sánchez debe de cumplir con el compromiso que ha adquirido con los murcianos y dimitir, en virtud de su palabra, el acuerdo de investidura y la ley de transparencia», apuntó Miguel Sánchez, portavoz regional de la formación naranja.
Más allá de que la separación inmediata de imputados esté recogida en el pacto de investidura, también figura en el artículo 54 de la Ley de Transparencia de Murcia, que indica que la permanencia de un imputado por corrupción política en el cargo no es posible. A ello se aferra también Ciudadanos para pedir al PP que proponga ya un candidato alternativo a Sánchez. Pero su principal argumento para exigir su salida son unas propias declaraciones del aún presidente murciano, horas después de su pacto de investidura en relación al caso Auditorio: «Si me imputan por delitos por corrupción política dimitiré. Así lo he firmado».