En La Moncloa han asumido que los independentistas están dispuestos a cualquier cosa para lograr su objetivo final, la declaración de independencia, y ya tienen preparada lo que en el Gobierno de la Nación han llamado «la trampa final». Se trata de una reforma exprés del Reglamento del Parlamento autonómico, que reducirá al mínimo los plazos y dificultará el control político y y jurídico, para imponer así de forma inmediata una declaración de secesión. Con esa reforma, los independentistas quieren poner el turbo a la ruptura y dejar sin margen de maniobra al Ejecutivo, hasta que los hechos estuvieran consumados.
· «Deriva totalitaria»
El Gobierno denuncia la «deriva totalitaria» de JpS, ERC y la CUP en su intento de reducir al mínimo los debates y los trámites en el Parlament
Este movimiento de los secesionistas ha disparado la alarma en la sede del Gobierno, donde se ve cómo Carles Puigdemont y Oriol Junqueras han acelerado sus planes tras constatar que Mariano Rajoy no piensa negociar ningún referéndum que suponga la liquidación de la soberanía nacional y la unidad de España. «La desconexión es ilegal, y el turbo, antidemocrático», avisan en el entorno de Rajoy.
«El Grupo de Junts pel Sí no ha escatimado en medios en su propósito de adaptar las reglas de juego de la democracia y del funcionamiento del Parlament de Cataluña a sus específicas necesidades para tramitar las leyes de desconexión, que permanecen ocultas», afirman fuentes del Gobierno. «En su deriva unilateral, unidireccional y antidemocrática ha decidido dar una nueva vuelta de tuerca al Reglamento del Parlament, sin tener en cuenta los derechos de los grupos políticos ni la opinión de la mayoría de los catalanes».
La ley de ruptura
La reforma inicial del Reglamento preveía la aprobación en lectura única de las iniciativas legislativas si lo acuerda la mayoría. Era una forma de aprobar leyes de gran trascendencia política de forma exprés, como la ley de ruptura, y sin espacio para el debate. Pero ahora, la nueva vuelta de tuerca que quiere Junts Pel Sí, con las autoenmiendas que ha presentado a su propio proyecto de reforma, afecta al «procedimiento de urgencia». Su objetivo es que, en estos casos, los plazos de todos los trámites solo se puedan prorrogar en una ocasión y por la mitad del plazo inicial. Es decir, no solo se quieren limitar los plazos, sino reducir al mínimo los trámites.
Además, los independentistas han presentado otra enmienda a la reforma del Reglamento del Parlamento autonómico, para avanzar al martes 15 de agosto el inicio del periodo de sesiones, en vez del 1 de septiembre. «Es una triquiñuela más para acelerar el proceso, ya que a las prisas suman la “agostidad”, que es la forma de nocturnidad política respecto a la opinión pública catalana que han elegido los soberanistas», advierten desde La Moncloa. Otra enmienda destacada la ha presentado la CUP, para eliminar a su vez las enmiendas que proponen la retirada de un proyecto de ley cuando el Consell de Garantías Estatutarias haya advertido de su inconstitucionalidad global.
Incrementar las garantías
Al mismo tiempo, la mayoría de las enmiendas que ha presentado la oposición –constitucionalista– en el Parlamento autonómico catalán van en di-
rección contraria: incrementar las garantías y el quorum necesario para poder adoptar una decisión en la Cámara, e impedir así que una mayoría puede pasar por encima de los trámites y plazos democráticos establecidos con anterioridad por consenso.
«Está claro que Junts pel Sí y la CUP son partidarios de reducir los tiempos del debate, las garantías a los diputados, la publicidad a todos los asuntos que se traten y, en definitiva, la democracia en el Parlament. No les interesa en absoluto», advierten desde el Gobierno de la Nación.
Ante este intento de «ruptura exprés», que fulmina cualquier mensaje de diálogo que pretenda transmitir la Generalitat de Cataluña, fuentes de La Moncloa han lamentado «la deriva totalitaria en la que ha acabado el llamado proceso». «Es la deriva de unos partidos que piensan que el fin justifica los medios y que las garantías y normas democráticas de un Parlamento son un mero obstáculo más que hay que saltarse, porque lo único que les importa es imponer su proyecto de división. Ese es su modelo de país», advierten desde La Moncloa.
El Ejecutivo, muy pendiente
El Gobierno sigue muy de cerca todos los movimientos de los independentistas, y este es uno de ellos, la «trampa final», como lo califican en La Moncloa. Pero, una vez consultada la Abogacía del Estado, la conclusión es que no cabe un recurso o impugnación por su parte ante el Tribunal Constitucional. Son los grupos parlamentarios, a su juicio, los que tienen que movilizarse para defender sus derechos y pedir amparo. Es una decisión interna de un Parlamento, que prepara la pista de despegue para una ruptura rápida, aunque la reforma no se liga directamente a ella. Fuentes de La Moncloa reconocen «el poco margen» que tiene el Gobierno aquí. Si se aprueban las enmiendas las estudiarán, pero creen que «hay poco que hacer». «Son los grupos perjudicados y los que se oponen los que pueden acudir en amparo al Tribunal Constitucional por ver lesionados sus derechos», explican.
Lo que sí puede hacer el Gobierno de Rajoy, y en ello está ahora mismo, es denunciar esa «trampa», desvelarla ante la sociedad y hacer ver que los independentistas preparan con esa rampa de despegue a su medida un «golpe de Estado», como ya se dice sin tapujos en el entorno del presidente, en un día. «Pretenden liquidar la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la unidad de España, la soberanía nacional y sacar Cataluña de Europa en un solo día. ¿Cabe mayor radicalismo?», se preguntó Rajoy en Sitges este fin de semana ante los empresarios catalanes.
De esta forma, el Gobierno empieza a preparar el terreno ante la posible aplicación de medidas coercitivas, en el caso de que los independentistas intenten celebrar un referéndum ilegal o pasen a la siguiente fase, la declaración de independencia.