EL CONFIDENCIAL 20/10/16
· El Congreso, pese al rechazo del Ejecutivo en funciones, tramita iniciativas parlamentarias de socialistas y nacionalistas que suponen un aumento del gasto de 5.000 millones de euros
Encaminado ya el PSOE hacia la abstención en una próxima investidura, y a falta de que su comité federal apruebe el cambio, el Gobierno en funciones empieza a preparar el terreno con el objetivo de tener un mínimo de maniobra en la próximo legislatura. Para empezar, y si al final no hay terceras elecciones, el futuro Ejecutivo del PP planea recurrir al Tribunal Constitucional para que el Congreso respete su derecho al veto en los proyectos de ley que pueda elaborar la oposición en su contra cuando supongan aumento de gasto o disminución de ingresos presupuestarios.
En el arranque de la legislatura, y pese al acuerdo firmado con Ciudadanos, el Grupo Popular ha comprobado cómo se quedaba en minoría en la Mesa del Congreso (pese a ceder en su día un puesto al partido de Albert Ribera) y el órgano de dirección de la Cámara empieza a admitir a trámite iniciativas de los socialistas, los grupos nacionalistas y comunidades autónomas vetadas por el Ejecutivo.
Se trata de un total de 10 proposiciones de ley promovidas desde la oposición que, según los cálculos del Gobierno, supondrían una desviación del gasto de unos 5.000 millones de euros. Ese aumento de gasto que promueven los partidos que se disputan el papel de opositores asciende a la cifra mínima de ajuste que tendrá que aplicar el nuevo gabinete de Mariano Rajoy en cuanto tome posesión, para cumplir con los compromisos presupuestarios adquiridos con la UE.
El Ejecutivo en funciones invoca su prerrogativa constitucional de veto a esas iniciativas de los grupos de la Cámara, tanto los ya presentados como los que puedan pactar a partir de noviembre socialistas y nacionalistas con el apoyo concreto en alguno de ellos de Ciudadanos, cuyos dos miembros en la Mesa de la Cámara votan hasta ahora como oposición para levantar los vetos gubernamentales y poner en apuros a los populares.
Las iniciativas del PSOE hasta ahora vetadas correspondían a la paralización de la Lomce, la supresión de tasas judiciales o la ‘universalidad’ de las prestaciones sanitarias. Solo liquidar la reforma educativa supondría perder alrededor de 600 millones en fondos europeos.También había una particular del grupo de Rivera sobre el autoconsumo eléctrico junto con las correspondientes a los gobiernos autonómicos de Baleares, el País Vasco y Galicia.
La Mesa de la Cámara ha pedido informes a los servicios jurídicos ante el nuevo conflicto de atribuciones que se presenta entre el Legislativo y el Ejecutivo, el segundo después del choque en la anterior legislatura por la negativa del Gobierno en funciones a someterse al control ordinario del Congreso. La Cámara fue entonces el órgano que pidió al Tribunal Constitucional que interviniera para fijar criterio.
En fuentes gubernamentales consultadas por El Confidencial, dan ahora por hecho que será el nuevo gabinete quien recurra al TC en cuanto tome posesión para que avale sus prerrogativas constitucionales de defensa del equilibrio presupuestario. El Grupo Popular solo cuenta con sus 137 diputados para frenar los planes de derogación general de todas las reformas que el Gobierno saliente sacó adelante con su mayoría absoluta, como la de estabilidad presupuestaria, la laboral, la de unidad de mercado, la local o la parcial que reordena la Administración general del Estado. Todas fueron fundamentales para reducir el déficit público y para pasar de la recesión económica al crecimiento, según insisten en el Gobierno.
En el PP son conscientes de que tendrán que pactar con la oposición cambios en algunas de esas reformas, pero sin perjudicar el equilibrio de las cuentas públicas y los avances en competitividad logrados en los últimos cuatro años. Rivera solo está dispuesto a apoyar al Grupo Popular en los puntos concretos pactados para la investidura de Rajoy y, de hecho, ya dejan solos a los diputados del PP a la hora de frenar en el Congreso iniciativas del PSOE, ERC, la antigua Convergència o el PNV, como ocurrió en la Cámara hace dos semanas.