Rajoy se entiende con Mas

La conversión del 9-N en un acontecimiento multiusos es el último logro del soberanismo catalán y, en especial, del presidente Mas. Ello a pesar de que el recuento de participantes y ‘votos’ emitidos en la consulta popular ofrece un panorama prácticamente estancado en la relación de fuerzas que mostraron las elecciones autonómicas de 2012. Pero el resultado ha sido suficiente para que los pasos que vaya a dar el gobierno de la Generalitat continúen perteneciendo al privativo mundo del «ya se verá» con que el intérprete último del soberanismo independentista, Artur Mas, va señalando el camino.

Para ello cuenta con la inestimable ayuda del presidente Rajoy, su gobierno y su partido. No porque, como se ha reiterado hasta la saciedad, su inmovilismo incremente la impaciencia de los catalanes. Tampoco porque, como se ha denunciado en las últimas horas, haya optado por encarnar el imperio de la ley solo de palabra. La mayor aportación del Gobierno del PP a la causa soberanista en Cataluña está siendo su inanidad política. Aportación a la que se suma la actitud contemplativa del PSOE, que se limita a desgranar su letanía en torno a la reforma constitucional. Su ausencia y su silencio han permitido convertir un escrutinio de voluntades que podía decepcionar a los entusiastas del 9-N en un triunfo político para sus convocantes.

El resultado inmediato es que el principio de legalidad ha quedado completamente desdibujado, y no porque los jueces rehusasen interferir en el desarrollo de la jornada, sino porque ya no se sabe qué alcance tiene una resolución del Tribunal Constitucional ni cuáles han de ser las obligaciones instituciones de la Generalitat. Se ha concedido carta de naturaleza a un nuevo espacio que transita entre las normas y las habilidades tácticas, entre los deberes constitucionales y la creatividad de letrados y comunicadores para ampliar los márgenes de lo posible. Además, junto a ello, se ha fomentado la confusión entre el ámbito de la responsabilidad institucional y el de la iniciativa social, como confluencia fundacional de un nuevo tiempo para Cataluña. El poder de la Generalitat trata de legitimarse directamente en los impulsos de un ‘pueblo en marcha’, aunque prevaliéndose de los resortes adquiridos con el régimen de autonomía que ostentan los convergentes.

El problema no es que la rigidez de las previsiones legales haya sido orillada a la búsqueda de soluciones y salidas políticas efectivas. El problema es que el pretendido anquilosamiento de las normas y procedimientos constitucionales tasados ha propiciado la gestación de una política no solo alegal, sino voluble y cortoplacista en y a cuenta de Cataluña. El principio básico de que, en una democracia asentada, las modificaciones de la legalidad han de seguir los pasos previstos para su reforma se queda en nada una vez encargada la redacción de una Constitución propia para Cataluña.

Pero hasta ese desbordamiento de los cauces vigentes podría ser comprensible si la premisa de la ‘claridad’ –por emular la referencia quebequesa– no se reclamara solo para el recuento final de un hipotético referéndum, sino que se ejerciera en el día a día de la política soberanista. Sin embargo la suposición –aceptada por muchos miles de catalanes– de que el gobierno de la Generalitat está siguiendo una hoja de ruta infalible, cuyos detalles no son dados a conocer para evitar que el «Estado español» obstaculice el éxodo soberanista, disimula la desorientación de un proceso en el que los intereses partidarios y de clanes se juegan a cada hora.

Una certeza destaca entre tanto interrogante: que Artur Mas está consiguiendo imponer su agenda y su liderazgo sobre la ventaja que en las encuestas le venía sacando la ERC de Oriol Junqueras. Éste se mantuvo durante todo el 9-N custodiando una urna de cartón mientras Mas protagonizaba la jornada. El objetivo formal de intentar pactar con el Gobierno de Rajoy un verdadero referéndum puede ofrecer una aparente coherencia al presidente de la Generalitat, pero también le permite posponer la convocatoria anticipada de elecciones. Hasta el punto de que no sería extraño que tratase de agotar la legislatura resaltando, de pronto, los otros desafíos a los que se enfrentan los ciudadanos catalanes, como su deuda pública y el mantenimiento de los servicios y prestaciones sociales. Al fin y al cabo sería el único punto de encuentro hoy por hoy imaginable entre dos bomberos como Mas y Rajoy: un pacto implícito para no pisarse mutuamente la manguera.

Bajo la ‘gran política’ que simuló el 9-N circula la ‘pequeña política’ de la recolocación de las elites en la nueva era del ‘Estado propio’ o del ‘Estado independiente’; casillero que hasta la fecha ha permitido encuadrar a la concurrencia. Mas necesita la negativa expresa de Rajoy a la convocatoria de un referéndum de autodeterminación para trabajarse una candidatura unitaria encabezada por él mismo antes de disolver la Cámara autonómica.

De la misma manera que pudieron concertar la suspensión del 9N y su realización en un clima de práctica normalidad podrían cuadrar sus respectivas agendas políticas a la búsqueda del calendario más conveniente para ambos. Claro que 2015 se presenta como un año endiablado electoralmente, que no deja hueco –con las municipales en mayo y las generales en noviembre– para una cita verdaderamente plebiscitaria. O Mas convoca las autonómicas para febrero, o no tendrá más remedio que agotar la legislatura, el pobre.