LIBERTAD DIGITAL 19/04/17
EDITORIAL
· Pocas ocasiones como esta para que el presidente del Gobierno haga de la necesidad, virtud.
Es lógico que la citación como testigo de Mariano Rajoy en el caso Gürtel haya creado profundo malestar en el PP por varios motivos: Para empezar, la citación del actual presidente del Gobierno por parte de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contradice claramente su propia doctrina, de febrero y octubre de 2016, en la que ese mismo Tribunal rechazó el testimonio de Rajoy por no considerarlo «ni pertinente, ni útil» para la causa; criterio que también había sostenido en su día el juez instructor Pablo Ruz «por adivinarse en la motivación de la solicitud» de la acusación popular un interés ilegítimo y de carácter extraprocesal.
En segundo lugar, la citación de Rajoy como testigo contradice también el criterio tanto de la Fiscalía como de la Abogacía del Estado, y sólo había sido solicitada por la citada acusación popular de ADADE, asociación liderada por personas muy próximas al Partido Socialista, como Javier Ledesma y Marino Benítez de Lugo.
Aunque el comunicado del PP no le haga mención, también se puede entender el malestar que ha debido causar en este partido el hecho de que los dos magistrados que han ordenado la declaración de Rajoy sean dos conocidos miembros de la llamada «izquierda judicial», como Julio de Diego –propuesto en su día como ponente por la acusación popular ejercida por Izquierda Unida- y Ricardo Javier de Prada –conocido por justificar el chivatazo a ETA en el bar Faisán en base a las negociaciones que en esos momentos mantenían la banda terrorista el gobierno; o por declarar que en España «se torturaba» a los etarras.
Por otra parte, y en un país en donde el mero hecho de ser encausado o simplemente investigado por un asunto relacionado con la corrupción ya puede suponer para un político el final de su carrera, es lógico que el PP tema un linchamiento mediático y político contra el presidente del gobierno por el hecho de que tenga que declarar ante un Tribunal aunque sea en condición de testigo. El bochornoso autobús de Podemos, donde se mete en el mismo saco a condenados por corrupción, con simples imputados o con personas que sólo son periodistas o simplemente pertenecen a determinados partidos, es una muestra de la nauseabunda y artera utilización que algunos hacen de la lucha contra la corrupción.
Pero precisamente porque no hay que criminalizar ni someter a pena de telediario lo que más que una obligación es una imperativo moral como es el dar testimonio ante un tribunal respecto de lo que se sabe –o no se sabe- de un determinado hecho delictivo, nos parece muy bien que Mariano Rajoy comparezca ante la Justicia, aun en el formato que sea más compatible con sus actuales responsabilidades como presidente del Gobierno, por la presunta financiación ilegal de su partido cuando ostentaba el cargo de secretario general. El hecho de que pueda haber claras motivaciones políticas tras esta citación judicial del presidente del gobierno no es por sí incompatible con el hecho de que ese testimonio pueda tener también un interés estrictamente jurídico. Y pocas ocasiones como esta para que el presidente del Gobierno haga de la necesidad, virtud.
A Rajoy se le debe echar en cara muchas cosas, incluida su falta de contundencia a la hora de limpiar de corrupción su partido o sus lamentables sms de apoyo a Luis Bárcenas. El que vaya a declarar como testigo no es ni debe ser una de ellas. Más bien esta citación debe ser motivo de preocupación por un lamentable y politizado sistema judicial capaz de contradecirse a sí mismo en función de quienes sean los encargados de administrar justicia.