EL MUNDO 08/04/14
· Criticará la incomparecencia del ‘president’ de la Generalitat en el debate y no concretará ofertas de diálogo. El 86% del Congreso votará en contra.
· PP, PSOE y UPyD descartarán con sus votos la consulta soberanista en Cataluña.
Mariano Rajoy, apoyado por una mayoría aplastante del Congreso –el 86%–, descartará hoy ceder a la Generalitat la competencia para celebrar un referéndum independentista en Cataluña. Los artículos 1 y 2 de la Constitución serán la clave que esgrimirá el Ejecutivo. Esto es, la legalidad vigente, según la cual la unidad de la nación es indisoluble y dimana de una soberanía que reside en el conjunto de los españoles. El presidente anclará su tesis en el núcleo de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional para desmontar los planes de Artur Mas.
Sin embargo, más allá de esta negativa, las fuerzas políticas se enfrentarán a un dilema de fondo puesto en suerte también por el Alto Tribunal: la posibilidad de afrontar precisamente una reforma de la Carta Magna que redefina el modelo de Estado.
La posibilidad de embarcarse en una reforma de la ley de leyes no cuenta por el momento con el beneplácito del Gobierno, que no ve suficiente comunión entre las fuerzas políticas como para afrontar un proceso de revisión constitucional con garantías de éxito y, además, prefiere no aventurarse en un terreno tan delicado cuando los esfuerzos deben concentrarse en consolidar la todavía incipiente recuperación económica.
El Ejecutivo –previsiblemente el propio presidente– se centrará en un mensaje fuerza que, con las leyes en la mano, no admite hoy discusión: no cabe la posibilidad de que una parte del país suplante al todo, o lo que es lo mismo, los catalanes no pueden decidir sobre algo que compete a todos los españoles. Este es el sentido de la doctrina expresada recientemente por el TC: Cataluña no puede erigirse como sujeto soberano. Y, además, el jefe del Gobierno no tiene capacidad para autorizar ningún acto en este sentido porque ello implicaría situarse al margen de la ley.
El rechazo por tanto a la posibilidad de convocar la consulta soberanista será radical. Mariano Rajoy cerrará esa puerta a cal y canto proporcionando una exhaustiva argumentación jurídica que se prepara en La Moncloa, coordinada por la vicepresidenta, desde hace semanas. Además, la voz del Gobierno se elevará para criticar abiertamente la actitud de Artur Mas, que ha optado por no comparecer en la sede de la soberanía nacional para defender personalmente el que enarbola como su gran proyecto político.
El presidente, no obstante, insistirá en que su disposición al diálogo se mantiene en pie pero dentro de los márgenes que permite la ley. El terreno que se abre incluye las próximas negociaciones –que estarán estrechamente unidas– sobre el sistema tributario o el modelo de financiación autonómica. E incluso hay pista para cuestiones lingüísticas e inversión en infraestructuras.
Rajoy abrirá un escenario general, sin ofertas concretas que podrían suscitar el recelo inmediato de otras comunidades. Pondrá así, una vez más, la pelota en el tejado catalán, aunque lo hará con poca esperanza de que se acepte la mano tendida.
Tras los últimos pasos de Mas, en La Moncloa contemplan con escepticismo creciente la posibilidad de que recapacite. Gestos como el pacto suscrito entre CiU y Reagrupament, una formación radical escindida de ERC que defiende como único objetivo la declaración unilateral de independencia, no hacen sino confirmar lo que en el entorno de Rajoy califican de «deriva imposible».
La posición firme del Gobierno, que contará con el apoyo de los votos de PSOE y UPyD, no será sin embargo un obstáculo para que la mayoría de los grupos parlamentarios apunte hoy la necesidad de constituir una mesa de diálogo que empiece a limar posiciones y a buscar terrenos de acuerdo con vistas a una reforma constitucional.
El PSOE abanderará la propuesta con el argumento de que sólo por esa vía puede ofrecerse una alternativa que permita superar el desafío secesionista que hoy plantea Cataluña y que, mañana, podrían imitar otras comunidades históricas.
El discurso de rechazo a la consulta independentista también será rotundo desde el bando socialista. Hasta ahí la coincidencia con el Gobierno será clara. Sin embargo, Rubalcaba planteará su escenario de reforma de la Carta Magna utilizando también en su favor la última sentencia del TC que, tras negar a Cataluña la condición de sujeto soberano, sí admitía el derecho a decidir siempre y cuando éste se interprete como una toma del pulso de los ciudadanos meramente consultiva, y con el límite de que si arroja un resultado contrario a lo que permite la Constitución –un sí a la secesión lo sería– la única vía expedita para su implementación sería precisamente una negociación con vistas a reformar la propia Carta Magna.
El problema que hoy plantea este debate radica en que no todas las fuerzas políticas contemplan la reforma desde la misma perspectiva. Los argumentos son tan diversos que sin un trabajo previo de criba, el empeño podría acabar dinamitando los pilares básicos del propio edificio constitucional.
El líder del PSOE es consciente de este problema. De hecho, Rubalcaba defenderá la necesidad de sentarse previamente a dialogar sobre el futuro de España y el encaje de sus territorios en el Estado. A partir de ahí se daría el paso hacia la reforma de la Constitución porque la ley de leyes está, como señalaba ayer el ex ministro Ramón Jáuregui, «un poco oxidada». La reforma que propugna el PSOE debería ser «puntual», «acotada» y «consensuada». Afectaría al Título VIII, que regula la ordenación territorial, pero no sólo. También apuestan por actualizar los derechos y libertades e incluso cambiar la Carta Magna para que se pueda reformar de forma más flexible.
Jáuregui citó ayer las declaraciones del presidente del TC, Francisco Pérez de los Cobos, a EL MUNDO cuando mantenía que hay que «desdramatizar» la reforma. En su opinión, eso confirma que «está creciendo la idea de que la Constitución requiere una reforma importante» y debe verse como algo «completamente natural». Los socialistas creen que su propuesta serviría para integrar a parte de los nacionalistas que ahora están inmersos en la deriva soberanista. Y sentaría las bases para un nuevo acuerdo que daría estabilidad al país. Rubalcaba defenderá por tanto «el diálogo» y «las reformas» como instrumentos «necesarios» para solucionar «el problema importante que tiene España», siempre «en el marco de la Constitución».
Por su parte, la portavoz de UPyD, Rosa Díez, incidirá en que la propuesta del Parlament «es antidemocrática». Según Díez, «el nacionalismo es insaciable» y «sólo se frenará si ve que no puede sacar nada del Estado». Para ella, «lo más parecido al discurso hispanofóbico del nacionalismo catalán es el discurso del franquismo» porque «los dos utilizan el argumento de que o estás con ellos o eres un traidor a España o a Cataluña, según el caso».
EL MUNDO 08/04/14