ABC – 28/07/16
· El presidente llamó a Sánchez, Rivera e Iglesias para solicitar unidad en la respuesta.
· El presidente Rajoy ya advirtió hace meses de que el Gobierno no iba a pasar «ni una» frente al desafío independentista catalán, y ayer tuvo otra oportunidad para demostrarlo.
En cuanto se consumó el nuevo paso dado por el Parlament hacia la secesión, Rajoy llamó a Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias para explicarles la respuesta que iba a dar el Gobierno de la Nación y para pedirles unidad. El Consejo de Ministros llevará ante el Tribunal Constitucional la resolución de los independentistas catalanes por «vulnerar radicalmente» una sentencia que ordena impedir y paralizar cualquier actuación en ese sentido.
Rajoy dejó en manos de la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, la declaración pública institucional del Gobierno. Fuentes de Moncloa explicaron que se consideró que ese era el nivel de respuesta más adecuado en ese momento. En Twitter, el líder del PP sí lanzó un mensaje por la tarde: «El Gobierno seguirá actuando con firmeza y proporcionalidad para garantizar el cumplimiento de la ley en Cataluña. MR».
La número dos del Ejecutivo, que compareció en el Congreso a las dos y media de la tarde, calificó de «muy grave» el paso dado por el Parlamento catalán, pero quiso transmitir un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, porque «el Gobierno está muy pendiente» de las decisiones que se toman para defender el orden constitucional, la igualdad de los españoles y el derecho de todos a decidir lo que quieren que sea su país. «El Gobierno no va a pasar ni está pasando ni una. Tenemos una actitud vigilante», advirtió.
Según subrayó, la resolución aprobada supone una «vulneración de la legalidad constitucional», pero es más grave aún por la «contumacia» con que se actúa. En ese sentido, explicó que el Consejo de Ministros aprobará mañana un acuerdo por el que se autoriza a la Abogacía del Estado a presentar ante el Constitucional un incidente de ejecución de sentencia contra la resolución aprobada por el Parlament.
El Gobierno entiende que esa resolución vulnera radicalmente la sentencia del TC del 2 de diciembre de 2015, que declaró inconstitucional y nula la «Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña sobre el inicio del llamado proceso de desconexión», aprobada el 9 de noviembre, así como el reciente auto del TC del pasado 19 de julio, en el que se advierte «a los poderes implicados y a sus titulares, especialmente a la Mesa del Parlamento, bajo su responsabilidad, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos enunciados». El Gobierno cree que hay unidad, voluntad política y mecanismos jurídicos suficientes para hacer frente a ese desafío secesionista, y resaltó la «receptividad» de los líderes de la oposición.
De hecho, Pedro Sánchez salió ayer a leer una declaración institucional en la que el PSOE prestó todo su apoyo al Gobierno contra el «abierto desafío» del Parlament. Para Sánchez, la decisión adoptada es de una «extraordinaria gravedad» puesto que Junts pel Sí y la CUP «carecen de toda facultad» para adoptar decisiones que «violan la Constitución y el Estatut». «En una democracia, el incumplimiento de la ley no puede quedar a la elección de cada ciudadano o responsable público. No hay legalidad selectiva. Toda ella exige su cumplimiento», advirtió Sánchez para defender las resoluciones del TC.
«Que actúe la Fiscalía»
Al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, la decisión de los políticos catalanes le produjo «tristeza» porque «ha dividido a un Parlamento en dos, y a la sociedad catalana». Rivera espera contundencia en la respuesta del TC «para garantizar el Estado de Derecho» y reiteró que «la ley hay que cumplirla en cualquier punto de España».
También confió en que «la Fiscalía actúe de oficio» dada la gravedad del asunto. Rivera explicó ante su grupo en el Congreso que el paso hacia la desconexión dado por el Parlamento autonómico catalán es «una afrenta y un reto a la Constitución», y quiso recordar que «ningún político está por encima de la justicia; si alguno lo hace, entonces no se está en una democracia».
ABC – 28/07/16