EL MUNDO 30/09/14
· Ambos coinciden milimétricamente en condenar el desafío de la Generalitat porque «atenta» gravemente contra la Constitución
El Gobierno cortó ayer en seco el camino emprendido por Artur Mas hacia la independencia. Y lo hizo con el respaldo total del PSOE. Como había anunciado, el Ejecutivo actuó con la máxima celeridad formalizando ante el Tribunal Constitucional (TC) sendos recursos contra la Ley de Consultas y contra el decreto de convocatoria firmado por el presidente de la Generalitat el pasado sábado.
Para Mariano Rajoy y para Pedro Sánchez, que coincidieron a veces casi milimétricamente en sus declaraciones, se trata de un asunto de «extrema gravedad» porque, como apuntó el presidente, «desborda la democracia» y «atenta gravemente contra los derechos de todos y contra la Constitución». Lo peor, en opinión de ambos, es que Mas «lo sabía desde el principio». Y actuar desde un cargo público en contra de la ley a sabiendas es prevaricar.
La ocasión para Moncloa era tan trascendente que fue el propio presidente del Gobierno quien compareció para dar cuenta del acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros extraordinario. Sólo uno: impugnar ante el TC la Ley de Consultas y el decreto de convocatoria.
En su breve declaración, el presidente condensó la esencia de los argumentos políticos y jurídicos que justifican la contundente acción del Gobierno frente a la Generalitat y que cuentan con el respaldo unánime de todos los miembros del Consejo de Estado. Apenas unos minutos después, el líder del PSOE comparecía en la sede socialista de la calle Ferraz para alinearse plenamente con el presidente. De hecho, ambos mantuvieron un encuentro el lunes 22, después de que el Parlament aprobara la Ley de Consultas, y consensuaron una posición común en defensa de la legalidad constitucional.
El Gobierno, como explicó el presidente, sostiene que la consulta pretendida por Mas es incompatible con la Carta Magna tanto por su objeto como por su procedimiento. De hecho, dijo, «atenta directamente» contra ella, ya que contradice de plano su artículo 1, según el cual, la soberanía nacional reside en el pueblo español en su conjunto, de forma que, «una parte de él no puede tomar decisiones sobre lo que afecta a todos».
Y lo mismo sucede respecto al artículo 2 que consagra la indisoluble unidad de la nación española, por lo que «cualquier intento de disolverla», recordó Rajoy, «es radicalmente contrario al texto constitucional».
El presidente puso especial empeño en desmontar el argumento del derecho a votar y a decidir en el que se han apoyado recurrentemente las fuerzas independentistas. «Es falso», dijo, que tal derecho «se lo pueda atribuir unilateralmente una comunidad, negándoselo al resto de la nación. Es un recurso demagógico», añadió, «apelar a algo que suena bien: el derecho a expresarse, el derecho a ser escuchado. El problema es que quien esgrime esos argumentos en la realidad le está privando de ese derecho a quien realmente le corresponde, que es el conjunto del pueblo español».
Por todo ello, para el jefe del Ejecutivo, la conclusión es meridiana: «La consulta [que pretende Artur Mas] es profundamente antidemocrática». «No hay nada ni nadie; ni poder ni institución alguna», sentenció, «que pueda romper ese principio de soberanía única e indivisible sobre el que se basa nuestra convivencia. No hay nada ni nadie que pueda privar a todos los españoles del derecho a decidir lo que es su país».
Rajoy aseguró «lamentar profundamente» la decisión de Artur Mas de convocar la consulta de autodeterminación porque, apostilló, «va en contra de la ley, desborda la democracia, divide a los catalanes, los aleja de Europa y del resto de España y perjudica gravemente a su bienestar, por no hablar de la frustración a la que condena a una parte de los ciudadanos de Cataluña al animarles a participar en una iniciativa que no puede, por su ilegalidad, ver la luz. Lo peor», añadió tajante, «es que lo sabía desde el principio».
El secretario general de los socialistas también abundó en este terreno. Sánchez, igual que Rajoy, «condenó» la decisión de Mas. Para el líder del PSOE, haberla firmado le coloca «fuera del marco de la legalidad democrática». Y ello es especialmente grave porque el president «encarna la institucionalidad de Cataluña, cuyo fundamento es la Constitución española» y, además, porque lo ha hecho, recalcó, siendo «plenamente consciente de que su decisión es contraria a la legalidad que obliga a todos los dirigentes políticos».
«En todo país democrático», añadió el dirigente socialista, «el derecho a decidir es la ley. El respeto a la legalidad democrática. En consecuencia, no hay democracia sin ley ni ley sin democracia. Y en democracia las leyes cambian conforme al procedimiento previsto en la ley y sólo con la ley».
El jefe de la oposición se mostró ayer muy duro contra Artur Mas, rotundo en su rechazo de lo que calificó como «una quiebra de la legalidad» y firme en su respaldo a los recursos aprobados por el Gobierno. Eso sí, tras el apoyo a la rápida respuesta del Ejecutivo de Mariano Rajoy, Sánchez volvió a discrepar en cómo afrontar después el problema. E insistió en que frente a «las trincheras» y al «cruce de monólogos», el Gobierno debe abrir el diálogo para pactar una reforma federal de la Constitución.
Rajoy desplegó la misma filosofía para explicar la «obligación» que tiene el Gobierno de «recurrir en defensa de la Constitución, de las libertades y de los derechos de todos y cada uno de los españoles, incluidos los ciudadanos de Cataluña».
«No es admisible», dijo, «contraponer ley a la democracia, porque sin ley no hay democracia ni respeto a los derechos de los ciudadanos y sin ley tampoco hay política».
El presidente aseguró que «las leyes se pueden cambiar» pero, de la misma manera que el líder de la oposición, advirtió de que siempre hay que hacerlo «por los cauces democráticos establecidos».
Fue entonces cuando Rajoy recordó que para plantear una reforma constitucional hay que seguir unos pasos inevitables. A saber: «Proponerla en los términos democráticamente establecidos y conseguir los apoyos necesarios para sacarla adelante». En ningún caso vale, recalcó, «buscar atajos o subterfugios para violentar la legalidad».
El PSOE, con Pedro Sánchez al frente, es el partido que con más ahínco propugna una reforma de la Constitución en un sentido federal que, en su opinión, serviría para ofrecer un mejor encaje a la singularidad de Cataluña y adecuar la ley fundamental a la nueva realidad del país en múltiples aspectos. No obstante, los socialistas en ningún caso se han planteado dar ni un solo paso que desborde el marco legal.
Ayer, Sánchez volvió a lanzar su propuesta de reforma como «única alternativa». Según él, la «tensión» entre catalanes y entre una parte de estos y el resto de España «debe ser resuelta a través del acuerdo». Un acuerdo que «pueda ser refrendado después por todos los ciudadanos». Y ahí dejó la pelota en el tejado de Rajoy, a quien apuntó como la persona en quien cae la principal «obligación» de encontrar «un modelo de convivencia en el que conjugar mejor unidad y diversidad». El secretario general del PSOE tendió ayer su mano al presidente, y también a Artur Mas, para trabajar en este sentido.
Sánchez insistió en que el desafío catalán no se soluciona sólo «leyendo los artículos de la ley» o «solemnizando lo obvio» [en referencia a la repetición de que la soberanía nacional reside en todo el pueblo español], sino haciendo política. Y eso significa, dijo, reformar la Constitución, porque «petrificarla» no va a «hacerla más fuerte». «La mejor defensa de la Constitución es su renovación», resumió.
Por parte del Gobierno se recuerda –y así lo hizo ayer Rajoy– que permanentemente ha estado abierto al diálogo con la Generalitat y con su presidente. Sin embargo, le reprocha el que haya hecho este esfuerzo imposible porque su estrategia ha sido la de los hechos consumados intentando forzar al Ejecutivo a «encontrar una solución a decisiones unilaterales imposibles de compartir».
«He estado dispuesto», aseguró el presidente, «a negociar desde el primer día, pero nunca ha existido una posibilidad real porque se han tomado decisiones unilaterales pretendiendo llegar a un punto de no retorno que obligara al resto a aceptarlo sin más».
Pese a todo, Mariano Rajoy hizo ayer un último intento de tender puentes. El presidente aseguró que aún se está a tiempo de «enderezar el rumbo, superar la confrontación y buscar un diálogo fructífero». Sólo puso una condición: el respeto a la legalidad.
Los argumentos del presidente
>« Lamento profundamente que el presidente de la Generalitat haya convocado esta consulta de autodeterminación. Va en contra de la ley, desborda la democracia, divide a los catalanes».
> «Es falso que el derecho a votar y a decidir sea un derecho que se pueda atribuir una comunidad, negándoselo al resto de la nación. Es un recurso demagógico apelar a algo que suena bien».
> «Las leyes se pueden cambiar por los cauces democráticos. Quien desee cambiar esta situación puede plantear una reforma».