Realidad en descomposición

· La única solución real está en la incondicional restauración de la ley

PABLO Iglesias, el líder de Podemos, el mayor partido comunista de Europa hoy en día, con 70 escaños distribuidos por sus franquicias, pedía ayer que se aboliera la figura delictiva del enaltecimiento del terrorismo. Está claro que los comunistas españoles quieren entrar en una nueva fase de agresión al Estado en la que quieren desmontar impedimentos. El enaltecimiento de los crímenes terroristas y violencia contra gobernante e instituciones justifica por adelantado posibles acciones futuras y ayuda a intimidar aun más a la sociedad. Ahora que con leyes de Memoria Histórica cada vez más perversas pretenden prohibir por ley que se exprese la verdad sobre el pasado de España. Y la verdad sobre unos y otros. Cuando se publican en libro las pruebas de que la II República nada tenía de democrática cuando llega el 18 de julio. Porque además de los golpes de Estado de octubre de 1934, el Frente Popular había robado las elecciones de febrero a la derecha. Casi evocando los asaltos de aquella época, una banda juvenil de otra organización comunista y separatista, las CUP, asaltaba ayer una sede del PP. Esta organización es cómplice de la Generalidad. Una y otra, inmersas en el delito flagrante. Es el hampa que ya gobierna. Pues un día antes, en el Congreso del PP de Baleares, el nuevo presidente, Gabriel Company, se negaba a utilizar el castellano en su alocución final. Y se rechazaba una enmienda que otorgaba a los padres el derecho a elegir la lengua de educación de sus hijos. El PP se une a la política de marginación de la lengua española. Contra los derechos de los españoles. Por mucho que nos cubran de eufemismos. No lejos, también en un Congreso del PP, del catalán, en Hospitalet, el presidente Mariano Rajoy se quejaba de que los separatistas violan el Estado de Derecho porque «sin el cumplimiento de la ley no hay democracia». Cuatro trazos de la actualidad española que dan toda la razón a Rajoy: No se cumple la ley, ergo no hay democracia. Pero Rajoy no tiene derecho a la queja. Sino el deber de atajar la realidad que lamenta.

No se cumplen las leyes, se violan impunemente y quienes están obligados por ley y juramento a hacerlas cumplir dichas leyes, no lo hacen por cálculo político y conveniencias propias. Son capaces de todo con tal de no hacer nada. No es solo falta de voluntad. No hay recursos. Ni coraje para asumir la responsabilidad de poner fin a esta deriva suicida. No hay músculo político y moral para aplicar la ley con la razón que asiste al Gobierno de España. Por eso el proceso de descomposición, que ya afectó al PSOE de lleno, arrastra ahora al PP. Y sin reacción se llevará por delante tarde o temprano a las instituciones. La victoria total del golpismo de la Generalidad, la independencia de Cataluña, es imposible. Porque nadie en Cataluña está dispuesto a sacrificar nada, no hablemos de la vida propia o de un hijo, por esa independencia. Y porque arrastraría a violencia y destrucción a medio plazo a toda España. Pero los efectos de este desafío son devastadores. La nauseabunda actitud del PP de Baleares hacia la lengua común –de ahí su importancia y el odio que le profesan, por unificadora–, sería impensable sin la agitación y dinero del catalanismo separatista y agresivo en Baleares o Valencia. Toda España está ya secuestrada en su desarrollo y convivencia por el chantaje permanente de la sedición separatista. La deriva es terrorífica para una España inmensamente frágil en una Europa en serio peligro. La única solución real está en la restauración incondicional de la ley. Cuando más tiempo tarden los gobernantes en llegar a esta conclusión más traumática habrá de ser.