EL MUNDO 07/03/14
· El fiscal ve dilaciones indebidas y deja en 4 los 12 años que pedía para sus dirigentes.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional rebajó ayer de manera muy significativa las peticiones de prisión para 25 acusados en el macrosumario de Batasuna-herriko tabernas y retiró la acusación a otros nueve. Uno de los motivos para la drástica reducción es la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas por la lentitud con la que la sede judicial ha tramitado la investigación contra la cúpula de Batasuna, abierta por Garzón hace 12 años.
Para los dos principales acusados, Rufi Etxeberria y Joseba Permach, que se sentaron en el banquillo con una solicitud de 12 años como dirigentes terroristas, la petición es ahora de cuatro y medio. El fiscal Vicente González Mota pide esa misma pena para Juan Cruz Aldasoro, Karmelo Landa y Joseba Álvarez Forcada, que llegaron a juicio con la amenaza de 10 años. A otros siete acusados de pertenencia se les piden dos años y medio (antes, 10); finalmente, a 13 se les baja de ocho años a dos años y dos meses la solicitud por colaboración terrorista. El balance total es que la petición de 300 años se queda en menos de 70.
Para los cinco acusados a los que se reclama la pena más alta se estima que sólo se puede rebajar la pena en un grado (es decir, de tres a seis años de prisión), ya que prosiguieron su actividad delictiva al menos hasta 2007 y provocaron nuevas actuaciones judiciales que justificaban en su caso la continuación de la causa. En octubre de ese año volvieron a ser detenidos por intentar reconstruir la Mesa Nacional de Batasuna.
Para el resto de acusados se considera que las dilaciones son muy cualificadas, lo que implica la rebaja de dos grados en la pena (es decir, entre año y medio y tres años de cárcel para los acusados de pertenencia y de los 15 meses a los dos años y medio a los colaboradores).
El Fiscal González Mota sostuvo ayer en su informe que los acusados colaboraban o formaban parte «del frente institucional» de ETA y que la dirección armada les daba instrucciones su lo estimaba necesario.
El juez Garzón abrió el sumario por la presunta financiación de ETA y su entorno a través de las herriko tabernas en el año 2002, si bien las investigaciones provenían de otro macrosumario anterior abierto en 1998. El magistrado dictó auto de procesamiento en enero de 2005 y es a partir de este momento donde la Fiscalía detecta los retrasos que conllevan la atenuante.
El auto de procesamiento suponía que la investigación se podía dar por concluida y, sin embargo, no se cerró hasta abril de 2008. En ese periodo la responsabilidad fue compartida entre Garzón y Fernando Grande-Marlaska, que le sustituyó temporalmente en el juzgado. Tras la conclusión del sumario, la causa debía pasar a manos la Sección Segunda, que enredó largo tiempo con el Juzgado de Garzón a cuenta de que no acababa de llegar íntegramete la inmensa causa.
La tramitación siguió con tanta morosidad en la Sección como en el Juzgado. Hubo varios cambios de ponente –al menos tres– y ningún entusiasmo por llevar el asunto a juicio. Finalmente, el actual presidente de la Sección, Ángel Hurtado, puso fin a la situación asumiendo la ponencia y poniendo fecha de juicio.
Al margen de las dilaciones, el segundo motivo que ha provocado la reducción de penas es que el fiscal ha aplicado al caso lo resuelto por el Supremo en el caso Bateragune. Otegi y Díaz Usabiaga fueron condenados a seis años y medio por pertenencia a –lejos de los 12 que se llegaban a pedir aquí– y se les retiró el grado de dirigentes.
EL MUNDO 07/03/14