Javier Tajadura Tejada-El Correo
El próximo 14 de octubre, con la reforma de la LO 7/2014, más de cuarenta terroristas –incluidos algunos de los criminales más sanguinarios de ETA como García Gaztelu, ‘Txapote’– verán reducidas sustancialmente sus penas, 400 años entre todos ellos. Hasta ahora, la ley impedía –mediante una disposición adicional– que los etarras pudieran descontar del cómputo de sus penas en España los años pasados cumpliendo condena en otro Estado. En la medida en que las Cortes han reformado la ley y suprimido esa disposición, los terroristas se beneficiarán inmediatamente de la reducción de penas. Esta reforma legal produce así el efecto de un indulto parcial encubierto y pone de manifiesto que el ministro del Interior mintió a la opinión pública, en general, y a las asociaciones de víctimas, en particular, cuando en febrero de 2022 negó expresamente que con la reforma de esta ley se pretendiera rebajar las condenas de los terroristas. Esto es precisamente lo que se ha hecho.
La supresión de la mencionada disposición adicional era una constante reivindicación de Bildu y no figuraba en el proyecto de ley original enviado por el Gobierno al Consejo de Estado primero, para que emitiera el preceptivo informe, y al Congreso de los Diputados, después, para su tramitación parlamentaria. La supresión se debe a una enmienda presentada por un diputado comunista (de Sumar), concertado obviamente con Bildu y con el visto bueno del PSOE. Enmienda presentada durante el procedimiento legislativo y que –asombrosamente– fue aprobada sin oposición alguna. La Comisión de Justicia no puso reparos; el Pleno del Congreso aprobó la reforma por unanimidad (con los votos del PP, Vox y UPN incluidos); en el Senado, no se presentó enmienda alguna en contra. Llegados a este punto el proyecto se convertirá inexorablemente en ley el próximo 14 de octubre salvo que el Gobierno haga uso de su facultad de retirar el proyecto: un proyecto de ley que ha sido aprobada por unanimidad en el Congreso.
La reforma pone de manifiesto la existencia de un acuerdo entre el Gobierno y Bildu para lograr la progresiva excarcelación anticipada de los presos de ETA. Es cierto que, aunque el PP y Vox hubieran votado en contra, la enmienda habría salido adelante, pero resulta escandaloso que dichos partidos hayan votado también a favor. Resulta patético que, ante esa situación, el líder de la oposición parlamentaria se haya limitado a pedir «perdón» por el «error». En política, la asunción de responsabilidades implica dimisiones. Los diputados que firmaron «haber estudiado con detenimiento dicha iniciativa, así como las enmiendas presentadas» y votaron a favor –aunque ahora digan estar en contra– deberían presentar su dimisión irrevocable. Y en cuanto a los demás, ha quedado en evidencia una incompetencia generalizada y una culpable falta de diligencia agravada por el hecho de disponer de más de cien asesores contratados a dedo (PP y Vox disponen de 125): los diputados no saben ni lo que votan. Con ello se da un paso más en el desprestigio de la institución parlamentaria y en la pérdida de confianza de los ciudadanos en sus representantes.