La comisión bilateral que hoy mantendrán Moncloa y la Generalitat viene marcada por la ausencia deliberada que Pere Aragonès quiso escenificar en la Conferencia de Presidentes. Convencido, el dirigente de ERC, de que su actitud despectiva hacia la reunión multilateral de las autonomías fortalece su pulso negociador con el Gobierno de Pedro Sánchez. Son dos apuestas diferentes, la del nacionalismo vasco y el catalán, que sin embargo han sido homologados por el resto de mandatarios autonómicos que se han sentido agraviados ante los tratos de deferencia que les dispensa el presidente del Gobierno.

Con la participación condicionada de Urkullu en la pasada cumbre de presidentes (aguardó hasta el último momento reclamando el cumplimiento de compromisos pendientes), el lehendakari y su partido no se han librado de la imagen de mercadeo que tanto desprestigia a la política. Los presidentes autonómicos, visiblemente molestos con Sánchez, reclaman para todos el mismo trato. Sin arbitrariedades. La pandemia ha ido recolocando a todos. Y ha dejado en evidencia a un presidente del Gobierno que se ha desentendido de la quinta ola hablando solo de su «medalla de oro» en vacunación cuando nos hemos ganado el segundo puesto del ranking europeo en cuestión de contagios.

No están los tiempos para hacer distinciones. Y los gobernantes autonómicos del resto de España meten en el mismo saco de sus reprobaciones a nacionalistas vascos y catalanes.

Hay que hilar muy fino en estas comparaciones. La principal diferencia entre Ajuria Enea y la Generalitat es el respeto a la legalidad que los segundos no practican.

Quienes tratan de justificar a Pedro Sánchez por sus concesiones al secesionismo catalán utilizan el comodín de ‘todos los gobiernos anteriores cedieron ante las exigencias de los independentistas’. Pero yerran en las comparaciones. En primer lugar porque los antecesores de Sánchez nunca llegaron al extremo al que se ha atrevido el actual presidente del Gobierno: desautorizando al Tribunal Supremo al indultar a los condenados por sedición y malversación a penas de 13 años de cárcel. Por ejemplo. O pretendiendo ocupar el órgano de gobierno de los jueces si no le hubiera frenado el toque de atención de la Comisión Europea. O esquivando el control en el Parlamento.

Y en segundo lugar, porque los nacionalistas vascos, a diferencia de los catalanes, no se salen del carril de la legalidad. El sistema foral del Concierto es la fórmula más constitucional que garantiza la implicación de Euskadi en el proyecto común compartido. El Concierto es un derecho reconocido desde 1878, cuando el nacionalismo vasco aún no existía, y la Carta Magna, un siglo después, lo «ampara y respeta». Otra cosa es el cálculo del Cupo que Euskadi paga al Estado en concepto de transferencias no recibidas y que siempre ha tenido un enfoque más político que técnico. Con un recuento opaco que ha sido considerado por muchos sectores políticos «excesivamente bajo».

Ha terminado el curso político y el PNV ha dejado sobre la mesa de Pedro Sánchez los deberes pendientes. Si no agiliza el traspaso del Ingreso Mínimo Vital o el Tren de Alta Velocidad, puede no seguirle hasta el límite del barranco. Un aviso de Andoni Ortuzar. A fin de cuentas el PNV ya ha demostrado que puede cambiar de caballo en plena carrera. Pero mientras no exista una alternativa consolidada de gobierno, estos avisos son lo más parecido a un brindis al sol.