Florencio Domínguez, LA VANGUARDIA, 15/2/12
La falta de voluntad política del Gobierno de Chávez para extraditar etarras repercute en la justicia de ambos países
La decisión de la Audiencia Nacional de no extraditar a Venezuela a un acusado de asesinato en aquel país si el Gobierno de Caracas no firma un compromiso de reciprocidad ha puesto de manifiesto que las relaciones judiciales entre las dos naciones siguen lastradas por la presencia de etarras protegidos por el Ejecutivo de Hugo Chávez. En el fondo de la resolución del tribunal español está el caso del etarra Arturo Cubillas, al que Caracas se niega a extraditar alegando que tiene ciudadanía venezolana, además de la española.
El Gobierno de Chávez argumenta que el artículo 69 de su Constitución no permite que se aplique una medida de ese tipo contra uno de sus nacionales, pero los tribunales venezolanos han hecho una interpretación diferente e, incluso, el propio Gobierno de Caracas ha extraditado a acusados con doble nacionalidad.
En noviembre del 2010, Caracas entregó a Colombia a un miembro de las FARC y a dos supuestos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Una de las personas extraditadas era Priscila Ayala, acusada de ser miembro del ELN, que tenía doble nacionalidad, colombiana y venezolana. A pesar de la doctrina invocada en el caso Cubillas, el Gobierno de Chávez no tuvo inconveniente en enviar a Bogotá a Priscila Ayala, porque Caracas tenía interés en mejorar las relaciones con Colombia. Los motivos políticos del Gobierno chavista permitieron extraditar a una acusada de terrorismo a Colombia en la que se daban los mismos requisitos que el etarra reclamado por los tribunales españoles. Al extraditar a la elena, Caracas no estaba cometiendo ninguna ilegalidad ni vulnerando su Constitución. Al contrario.
Tenía la cobertura del Tribunal Supremo venezolano, que ha dado luz verde a la entrega a la justicia de otros países a personas que habían adquirido la nacionalidad venezolana después de cometer delitos graves. Este es, una vez más, el caso de Cubillas.
En el año 2008, el Tribunal Supremo de Venezuela acordó entregar a Bélgica a un acusado de origen libanés que había adquirido la nacionalidad del país sudamericano. Y lo mismo hizo con otro delincuente colombiano que se había nacionalizado en Caracas. El máximo órgano judicial de Venezuela estableció que «en casos como estos, donde ciudadanos extranjeros adquieren la nacionalidad venezolana con posterioridad a la comisión de graves delitos (terrorismo, tráfico de sustancias estupefacientes y los catalogados como de delincuencia organizada, entre otros) fuera del territorio de la República, con la clara intención de obstaculizar un eventual proceso de extradición, la Sala Penal ha decidido entregar (cuando así le sea requerido) a quienes se presume han transgredido los intereses y valores fundamentales de una nación».
El Gobierno de Chávez tiene, por tanto, respaldo jurídico para corresponder a la reciprocidad que le exigen los tribunales españoles. Lo que le falta es voluntad política, y eso repercute desfavorablemente en el funcionamiento de la justicia de los dos países.
Florencio Domínguez, LA VANGUARDIA, 15/2/12