«Reconozcamos que la democracia triunfó y dejemos que ETA se diluya con el tiempo»

EL MUNDO 19/03/13
ENTREVISTA GONZALO MOLINER

La entrevista con Gonzalo Moliner (Valencia 1944 ) se celebró a finales de la semana pasada en su despacho oficial. Es un hombre afable y educado, correcto en la formas y cauto en el fondo. Mide sus palabras si se trata de opinar sobre casos que están siendo juzgados y hace honor a su cargo apelando constantemente a la independencia de los jueces. Está satisfecho por la resolución que permitirá parar los desahucios, se define como republicano y alerta del desprestigio de la Jefatura del Estado.

Pregunta.- Ahora los jueces podrán frenar desahucios si detectan cláusulas abusivas, tras la resolución de la UE ¿Qué trascendencia tiene?
Respuesta.- La resolución del Tribunal de Justicia de la UE tiene una enorme trascendencia porque permite a los jueces que intervienen en reclamaciones por hipotecas impagadas suspender el desahucio en aquellos casos en los que crean necesario investigar si el contrato de crédito incluyó cláusulas abusivas.
P.- Algunos jueces ya lo hacían…
R.- Sí, es una posibilidad que algunos jueces españoles ya habían contemplado, pero este fallo aporta mayor seguridad jurídica al proceso. Además, obliga al legislador a adecuar la legislación vigente a las normas de protección al consumidor que rigen en la UE. Eso es bueno.

P.- Antes de seguir, permítame un inciso. ¿Cuánto han recibido los miembros del CGPJ en gastos de representación? ¿O, como usted dijo, se han acabado las vacaciones caribeñas en este órgano?
R.- Todos los gastos del CGPJ son públicos, y se publican en nuestra web, pero estamos siendo muy austeros. Si es que existieron alguna vez, cosa que desconozco, aquí se han acabado las vacaciones caribeñas. Pero fue una forma de hablar.

P.- Oiga, ¿viajar en turista para el presidente del Supremo y del CGPJ es un desdoro?
R.- No es un desdoro. Siempre viajo en turista.

P.- Según el CIS, los jueces son, junto a los periodistas, las profesiones peores valoradas. ¿Le preocupa?
R.- Sí, claro que nos preocupa. Pero no creo que esa percepción obedezca a hechos reales, porque aunque hay juzgados y jueces que pueden tener problemas, la judicatura funciona bien. Y la mayor parte de los jueces cumplen los ritmos

P.- Pero no es sólo que la Justicia sea lenta, sino su politización, y el CGPJ es la prueba de ello….
R.- Se mezclan cosas. El CGPJ es un organismo político administrativo y, efectivamente, en ese sentido se puede hablar de politización. Pero en los jueces no interviene el control político ni hay interferencias políticas. Por tanto, podríamos decir que el CGPJ está politizado, pero nunca que los jueces están politizados.

P.- Pero hay jueces conservadores y progresistas que no se salen del guión del partido que los nombra.
R.- Por encima de la ideología de cada juez o del partido que les proponga está la ley, la Constitución. El juez, sea progresista o conservador, tiene que mantenerse dentro de unos márgenes. Y así lo hacen, aunque se pongan etiquetas ideológicas que les hacen mucho daño.

P.- Dice que los jueces no tolerarán espacios de impunidad frente a la corrupción. ¿Los hay?
R.- No. Ni los toleran ni hay espacios de impunidad. El tema de la corrupción preocupa mucho y estamos impulsando medidas para ayudar a los juzgados que tienen problemas para investigar casos de corrupción y darles gran celeridad.

P.- ¿Usted ha pedido que se acelere, por ejemplo, el caso Bárcenas?
R.- No. En absoluto. Yo como presidente del CGPJ no puedo interferir en la acción de los jueces.

P.- ¿Y le parece correcto que Gómez Bermúdez no se haya inhibido en favor de Ruz, desoyendo la recomendación del fiscal?
R.- No puedo opinar, porque es una cuestión jurisdiccional.

P.- Pues para algunos su negativa a inhibirse es propia de un juez estrella e impropia de un momento de crisis donde no deberían duplicarse los gastos de la Justicia.
R.- No sé si eso supone más gastos a la Justicia. Pero a los jueces hay que dejarles actuar.

P.- ¿Existen los jueces estrella?
R.- Existir existen, pero a mí no me gusta que existan.

P.- ¿Bermúdez es un juez estrella?
R.- No lo puedo calibrar. Le conozco y sé quién es, y hay otros muchísimos jueces que no sé quiénes son, realizan su función sin salir en los medios y trabajan muy bien.

P.- ¿Es habitual que practiquen diligencias dos jueces a la vez?
R.- Lo normal es que un caso lo lleve un solo juez, y sea uno el que instruya las diligencias. Por eso se acude a la Sala de lo Penal en caso de conflicto de competencias.

P.- El caso Bárcenas no es uno más, y por las filtraciones a los periódicos podemos estar ante la financiación ilegal del partido que gobierna…
R.- A mí me indigna que se filtre todo, hasta documentos que deberían estar en los juzgados. Es intolerable que esto ocurra en el caso Bárcenas o en otro. Los cauces procesales debieran seguirse sin aspavientos y esperar a que resolviera el juez o el tribunal. Aquí han salido documentos que pueden llevar a contradicciones con los que realmente se ven en el juicio real. Y eso lleva a hacer juicios paralelos, y a penas del telediario, nefastas para todos.

P.- Vamos, que lo que estamos viendo puede que no sea cierto…
R.- No lo sé, lo que digo es que estos juicios paralelos hacen daño a la sociedad. Si por un lado se publica una cosa y por otro en el juicio se demuestra otra, al final se genera una mala imagen tanto para los periodistas como para los jueces. Y de ahí el desprestigio de ambas profesiones.

P.- ¿Y hay forma de parar los pies a un chantajista como Bárcenas, que dosifica cómo filtra la información?
R.- No sé si Bárcenas es un chantajista, pero no creo que haya forma de pararle más que investigando lo que dice y hace. Aplicando la ley.

P.- Al tratarse de un caso que afecta al Gobierno, le habrá llegado algún tipo de sugerencia, ¿no?
R.- En absoluto. A mí nadie desde Moncloa me ha sugerido nada.

P.- ¿No sorprende que en el caso Nóos los miembros de la sociedad estén imputados, menos la Infanta?
R.- Es un proceso judicial abierto y solo el juez sabe lo que hay. Eso sí, le diré que en este país la justicia es igual para todos, se llame Urdangarin o como se llame.

P.- ¿Le preocupa el deterioro de imagen de la Jefatura del Estado?
R.- Me preocupa que la Jefatura del Estado esté en boca de todos, todos los días. No es bueno para el sistema sea el Rey o un jefe de Estado.

P.- ¿El Rey debe abdicar?
R.- Esa decisión corresponde valorarla al jefe del Estado. Si piensa que debe abdicar, que abdique y si no, que no lo haga. Yo a la Jefatura de Estado la veo como institución.

P.- ¿Usted es republicano?
R.- Sí, me considero republicano. Pero Don Juan Carlos ha demostrado que tiene una capacidad de integración ciudadana que merece la pena. Y yo le respeto por ello.

P.- ¿Está en riesgo la monarquía?
R.- No, no lo creo.

P.- El fiscal general autorizó pedir el suplicatorio para José Blanco. ¿Es partidario de modificar la figura del aforado?
R.- El aforamiento lo que hace es perjudicar a los políticos, porque al final les priva de más defensa de las que tendrían si no fueran aforados. Por ejemplo, si es juzgado por el Supremo no tiene otra posibilidad de recurso. Creo que hay que tomar medidas para solucionar este tema.

P.- ¿De qué tipo?
R.- Tal vez mantener el aforamiento, pero no con esa exigencia o remisión directa al Supremo. O que hubiera una sala de juicio y otra de apelación en el Supremo.

P.- ¿Que se haya pedido el suplicatorio contra Blanco significa que irá inevitablemente a juicio?
R.- Sí, posiblemente sea así. Cuando se pide un suplicatorio normalmente se da. Y, seguramente, se celebre el juicio. Es algo que debe decidir el Tribunal Supremo.

P.- ¿Y la figura del imputado también se debe repensar?
R.- Sí, de hecho en el próximo Código se llama encausado, porque está en una causa. Ahora basta que sea uno denunciado para que sea imputado. Y da lugar a equívocos.

P.- ¿Con la nueva forma de elección del CGPJ se subordinará el Poder Judicial al Ejecutivo?
R.- Eso es una exageración. La reforma tiene aristas y problemas, y de hecho el informe del Consejo ha sido crítico, pero en absoluto se subordina al Ejecutivo.

P.- ¿Cómo sería la fórmula de elección más idónea para usted?
R.- La elección parlamentaria. Ahora es un híbrido. Y con la reforma seguirá siendo híbrido, pero se dará posibilidades a las asociaciones.

P.- Oiga, ¿sería partidario de regular el tema de los indultos?
R.- Sí. Creo que hay que cambiar la normativa y restringir la concesión de indultos, seleccionando y motivándolos mucho mejor para que se entienda que hay una razón excepcional para concederlos, porque si no, resultan escandalosos.

P.- Escandaliza a muchos que los jueces vayan a la huelga y que escondan, bajo la excusa de falta de medios, reivindicaciones laborales.
R.- No soy nada partidario de la huelga de jueces, pero no creo que tengan privilegios. Nos han recortado el sueldo, permisos y licencias como a todos los funcionarios. Dicho esto, no deberían usar la imagen de la justicia para defender otras cosas más del ámbito laboral.

P.- ¿Las tasas judiciales pretenden que haya una justicia para pobres y otra para ricos?
R.- Es muy fácil hablar de una justicia para ricos y otra para pobres, pero con la ley de tasas no es así. Lo que no cabe es una tasa que limite el ejercicio de asistencia a los tribunales, y la ley tiene un principio básico: que tienen exención todos los que ganen mil euros. El problema es un sector de renta media baja que puede tener dificultades, pero habrá que ver cada caso. Creo que por la ley de tasas nadie se va a quedar sin defensa en España.

P.- ¿Le parece mal que los jueces critiquen al Gobierno, como dijo?
R.- Sí. Creo que los jueces no deben criticar al Gobierno porque tampoco gusta que el Gobierno critique a los jueces. Debemos respetarnos. Todo el mundo tiene derecho a opinar, los jueces también. Y tienen derecho a criticar, pero sin insultar.

P.- Pues usted puso a parir la reforma laboral del Gobierno…
R.- Pero no insulté al Gobierno.

P.- Oiga, ¿tiene sentido mantener la Audiencia Nacional cuando ETA haya desaparecido?
R.- Bueno, la Audiencia Nacional, una vez desaparecida ETA, no parece muy útil. Aunque podría utilizarse para los temas que están surgiendo de gran complejidad, como el narcotráfico, crimen organizado, mafias o corrupción, que requieren de jueces especializados.

P.- ¿El final de ETA se va a escribir con vencedores y vencidos? Porque las víctimas se sienten abandonadas a su suerte…
R.- Está clarísimo que el final de ETA se escribirá con vencedores y vencidos. Pero no estaría de más que a los vencidos se les dejara vencidos sin grandes alharacas. Reconozcamos que la democracia ha triunfado, y dejemos que el tema de ETA se diluya en el tiempo.

P.- ¿Qué pasa si finalmente el tribunal europeo de Derechos Humanos tumba la doctrina Párot?
R.- Tendríamos que asumir la sentencia, aunque crearía una situación preocupante. En todo caso, conviene esperar a conocer el fallo, la argumentación, para que los órganos judiciales españoles que pudieran verse afectados decidan cuáles son sus consecuencias en el ordenamiento interno.

P.- ¿Cuál es su opinión sobre dicha doctrina?
R.- La denominada doctrina Parot no es más que un sistema de cómputo de las condenas impuestas a efectos de su liquidación definitiva. Fue acordado por el pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Comparto la decisión del alto tribunal que, ademas, la confirmó el TC.

P.- Pues de ser así deberían ser excarcelados 54 etarras, y peligrosos delincuentes como Ricard, el asesino de las niñas de Alcasser, lo que crearía gran alarma social ¿no?
R.- Por supuesto, provocará primero un tremendo malestar en las víctimas de esos delincuentes, y es imprescindible que ahora nos sientan a su lado. Y es lógico y comprensible que la alarma social sea intensa, pero los ciudadanos deben saber que el Estado de Derecho mantiene sus instrumentos de lucha contra la delincuencia, de la clase que sea.

P.- Pero la doctrina Parot al ser una interpretación jurisprudencial ¿corresponde al ámbito del Estado, no? Además, la refrendó el TC.
R.- Conforme a la doctrina del Tribunal europeo la determinación de la pena debe de entrar dentro de los parámetros del Convenio europeo, pero la ejecución de la pena es materia reservada a los Estados firmantes del mismo.