ABC 19/11/15 – JOSÉ MARÍA CARRASCAL
· «El conflicto actual lo ha provocado una clase política catalana tan egoísta y ambiciosa que, tras engañar a su pueblo, se engaña a sí misma y es incapaz de ponerse de acuerdo sobre algo tan elemental como quién la conduce.
«No ha pasado nada» dice el lobby del secesionismo. Le falta terminar la frase: «No ha pasado nada, de lo que preveíamos». Mas no ha sido ratificado como presidente catalán. Rajoy no ha tenido que invocar el artículo 155. La oposición no critica su firmeza y Europa no le exige que negocie con los separatistas, como pensaban. Su famosa «astucia» se ha convertido en boomerang.
Se mantiene, sin embargo, un hecho que no puede obviarse: aunque los independentistas no sean mayoría en Cataluña, como pretenden, son muchos, casi la mitad de la población. Lo que obliga a tenerlos en cuenta. No cometamos su error de ignorar al otro.
Examinado de cerca, el secesionismo catalán no es tan amplio ni tan fuerte como parece. Cuando se pregunta a un nacionalista si quiere la independencia, contesta sin vacilar que sí. Pero de preguntarle si la independencia significa cortar todos los lazos con España, su número disminuye. Y no digamos ya si significa quedar fuera de Europa, algo que nunca se les ha preguntado, pero seguro que la inmensa mayoría diría que no. Es, sin embargo, lo que ocurriría, al menos por un periodo indefinido. Mientras, los catalanes que quieren seguir unidos a España son firmes en su actitud y la mantienen en todas las circunstancias. Lo que significa que el soberanismo catalán sólo es fuerte cuando cree que será gratis, pero cuando tiene que pagar por él, la actitud cambia, incluso radicalmente. Por no hablar ya de la escasa habilidad que han demostrado sus dirigentes en el proceso, repleto de distorsiones y falsedades. Una historia imparcial les diría que cuanto más unida está a España, más prospera es Cataluña.
Eso no impide ni impedirá que haya catalanes –como hay vascos, gallegos, andaluces, aragoneses e incluso castellanos (va con la tierra)– que desean independizarse. La cifra se estimaba en un 20 por ciento de ellos a comienzos de la Transición y se ha disparado hasta casi el 50 a estas horas, a consecuencia de la campaña desplegada en centros de enseñanza y medios de comunicación por los gobiernos de la Generalitat que raya en el lavado de cerebro, con un fondo de odio a España (muy español, por otra parte) contraproducente, pues ha generado en el resto de los españoles, que en su inmensa mayoría admiraban a Cataluña, rechazo y desafección ante tal deslealtad.
El distanciamiento no ha hecho más que crecer, a medida que las demandas nacionalistas crecían y los gobiernos centrales cedían, por razones ideológicas unos, por conveniencias electorales otros. Para romperse con motivo del nuevo Estatuto catalán producto de la irresponsabilidad de un presidente que les prometió darles lo que le pidieran y, naturalmente, pidieron soberanía, que no estaba en sus manos conceder. El error no fue corregido por un Congreso tanto o más irresponsable, y tuvo que ser el Tribunal Constitucional quien hiciera la poda. Algo que los catalanes tomaron como ofensa, dado que algunas de tales prerrogativas figuraban en el Estatuto andaluz. Pero los andaluces no quieren separarse de España, más bien al contrario. En cualquier caso, hay culpas para todos.
Hoy, cuando el segundo intento soberanista catalán parece haber descarrilado, llevado por su propio impulso, el problema es: ¿cómo se revierte esta divergencia? Lo primero es reconocer los errores de todos. Errores de soberbia, de jactancia, de envidia, de egoísmo, de cálculo y de experiencia democrática. Los políticos catalanes han actuado como si los españoles fuéramos un pueblo atrasado al que pueden engañar las veces que quieran, obteniendo todo lo que buscan. Los políticos españoles se han equivocado al creer que los catalanes se contentarían dándoles algo más de dinero. No. Eso agranda el problema en vez de solucionarlo, como muestra la situación límite a la que hemos llegado.
Ya no sirven chantajes, sobornos, terceras vías, federalismos asimétricos, ni siquiera la conllevancia orteguiana, que parece un matrimonio mal avenido del siglo pasado. Hay que replantearse la entera situación española a la luz del siglo XXI, dejando los privilegios históricos para las bibliotecas, y buscar el encaje no sólo de Cataluña, sino también del resto de las comunidades sobre los principios de la pluralidad del Estado español y de la igualdad de todos sus ciudadanos.
El conflicto actual lo ha provocado una clase política catalana tan egoísta y ambiciosa que, tras engañar a su pueblo, se engaña a sí misma y es incapaz de ponerse de acuerdo sobre algo tan elemental como quién la conduce. Así no se va a un Estado de Derecho. Así se va al ridículo y a la anarquía. Francesc Homs, cabeza de lista de una CDC que se llamará Democràcia i Llibertat, dice que, tras el 20-D, vendrá a Madrid a «dialogar, negociar y pactar». Antes, tendrá que romper sus pactos con los antisistema de la CUP y rectificar las declaraciones anticonstitucionales que han hecho, sobre las que no se puede negociar. ¿Diálogo? Sí, pero en serio. No chalaneo, ni compraventa, como hasta ahora, mientras continuaba el tres por ciento, los ERE, la Gürtel, las Púnicas y otros choriceos.
Más que oportunidades a los pícaros, lo que hay que ofrecer a los catalanes son realidades a los emprendedores: una España donde puedan desplegar su capacidad comercial, empresarial, organizadora, como lo han hecho siempre, que es también una forma de liderazgo. Esa es su misión, su papel, diría incluso, su destino, tan digno como el que más, pues sin empresas, comercio y organización, un país no ofrecerá nunca a sus ciudadanos las libertades y el desarrollo que sustentan el bienestar social. Cuanto antes dejemos atrás esta bronca de familia, mejor. Lo que no podemos es decir que no ha pasado nada y seguir igual. Esto tiene que arreglarse de la única manera que tiene arreglo: con seny y sentido común, que es lo que viene faltando.
ABC 19/11/15 – JOSÉ MARÍA CARRASCAL