Agosto es un buen mes para hacer balance del curso y marcarse planes de futuro. En el caso de que se tengan certezas, claro está. Pero el Gobierno de La Moncloa, con sus últimas actuaciones plagadas de contradicciones, nos ha sumido en la perplejidad. ¿Hacia dónde se encamina este país? ¿Quién de los ministros falta a la verdad? El Gobierno reacciona, a golpe de sondeos de opinión, dando la imagen de una dirección sin rumbo.

Tiene suerte Sánchez de que no estemos en tiempo electoral porque los ciudadanos pueden parecer sumisos en tiempo de pandemia, desde luego, pero tienen memoria y no olvidan, tal como reflejan las encuestas, la opacidad con la que hemos sido gobernados en tiempos del Covid. ¿Conoceremos algún día los documentos ‘top secret’ de los indultos que desautorizaron, desde el Gobierno, la sentencia del Tribunal Supremo?

En cuanto Pedro Sánchez ha comenzado a transitar sobre el polvorín del nacionalismo catalán, le han ido estallando los conflictos cuyo estruendo recibe con sordina acomodado en el Palacio de la Mareta. Sus ministros, agobiados por el rechazo con que fueron acogidos los primeros acuerdos sobre el posible traspaso de los exámenes del Mir a Cataluña, el ‘impuestazo’ a Madrid o la ampliación del aeropuerto del Prat, se han empleado a fondo en ir sacando cartas comodín, a ver si tienen suerte y se cumple la sentencia que les dedicó Manuel Fraga, desde la oposición, en tiempos de Felipe González cuando dijo que «los socialistas solo aciertan cuando rectifican». Porque la cadena de desautorizaciones, no solo entre el PSOE y Podemos sino entre los propios ministros del ala socialista de La Moncloa, parecía no tener fin durante la pasada semana.

El ministro Escrivá cayendo en las redes del valenciano Ximo Puig en su pretensión de imponer un ‘impuestazo’ a Madrid, con la excusa de sus beneficios por la capitalidad (a ver si nos olvidamos que la comunidad valenciana está sufriendo ahora la subida del tipo máximo de IRPF de los más altos de Europa) acabó desautorizado por su colega de Hacienda. A la ministra Montero le hubiera venido bien utilizar las acusaciones a Madrid de ser una comunidad rica para compensar las concesiones económicas que está haciendo el Gobierno a Cataluña pero negó la mayor. Esa injerencia en la comunidad madrileña «no está en la agenda del Gobierno», dijo. Y así cerró el camino al PP, que en el movimiento de Escrivá había encontrado un filón contra el Gobierno. También se hicieron un lío nada menos que dos ministras (la portavoz, que sí, la de Sanidad, que no) con el traspaso de los exámenes del Mir a Cataluña.

Y la corrección de Margarita Robles a Iceta, que no por haber pasado más desapercibida es menos importante. El ministro se había mostrado partidario de ceder a Cataluña las competencias del Estatut que había anulado el Tribunal Constitucional (entre las que figuraba la creación de un Consejo de Justicia independiente del Consejo General del Poder Juicial ) y la titular de Defensa le enmendó la plana diciendo que «la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut en su día fue correcta». Dicho queda. Pero nadie duda de la influencia del PSC en Pedro Sánchez. Fue Iceta quien amagó con su primer globo sonda sobre los indultos a los condenados del ‘procés’ y ya vemos dónde están ahora Junqueras y su club de excarcelados. El Gobierno de Sánchez sigue con sus rectificaciones. Sin explicarlas. Entre las encuestas y las exigencias de la Generalitat anda el juego.