ÍÑIGO HENRÍQUEZ DE LUNA LOSADA, ABC 26/02/13
«España necesita hoy, más que nunca, una reforma electoral que permita acercar los representantes políticos a los ciudadanos».
La delicada situación que atraviesa España requiere de un análisis sereno y profundo. Afrontamos una crisis económica, pero también política e institucional sin precedentes en nuestra historia reciente, que alcanza a todos: partidos políticos, sindicatos, instituciones del Estado y medios de comunicación. Unas crisis que tienen su origen en una considerable pérdida de valores éticos y morales que afecta no sólo a la clase política sino a la sociedad en su conjunto.
Una muestra inequívoca de esta crisis de valores es la proliferación de casos de corrupción que, precisamente a causa de la crisis económica, actúan de acelerador de la creciente desafección de los ciudadanos hacia los partidos políticos. Y es lógico que así sea, pues son los ciudadanos quienes finalmente sufren las consecuencias de las imprescindibles políticas de ajuste.
Nuestro sistema político, nacido de la Transición y consagrado en la Constitución de 1978, se diseñó sobre la base de unos partidos fuertes y cohesionados que dieran estabilidad a nuestra joven democracia. Se basaba en dos pilares: la organización y funcionamiento de los partidos políticos, regulados en una primera ley preconstitucional que deja a su libre albedrío el funcionamiento interno; y el sistema electoral, que se hizo pivotar en torno a listas cerradas y bloqueadas como garantía de la cohesión interna. Es lo que Robert Michels ya calificó en 1911 como la «Ley de hierro de las oligarquías de los partidos» y que Alfonso Guerra definió más gráficamente con la expresión: «El que se mueve, no sale en la foto».
Aunque este modelo pudo tener sentido al inicio de la Transición, ha llegado la hora de preguntarnos qué ha fallado para que ese desapego ciudadano, esa percepción de agotamiento de nuestro sistema político, se haya instalado en el subconsciente colectivo.
Sencillamente, que las reglas del juego sobre las que se sustenta nuestra arquitectura política y constitucional no se han movido un ápice en estos casi 35 años; al contrario que la madurez política de los españoles, que no ha parado de crecer en valores democráticos y en conciencia crítica, gracias a las oportunidades que nos otorga la nueva sociedad de la información, permitiendo compararnos con lo que ocurre en otras democracias occidentales.
El escenario encaja perfectamente en la definición de crisis que concibiera Bertolt Brecht: «Cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer». Y ese inmovilismo a ultranza, esa estrategia del avestruz, ese contrasentido que supone impulsar valientes reformas económicas pero no políticas, no hace sino acrecentar la distancia entre los ciudadanos y sus representantes.
En mi opinión, a nuestro liberalismo económico le falta una buena dosis de liberalismo político, que son, al fin, dos caras de una misma moneda. Ha llegado el momento de reconocer, con valentía y autocrítica, que ese afán de los partidos políticos por controlarlo todo —Instituciones y sociedad civil— se ha convertido en un obstáculo a la plena vigencia del principio de la separación de poderes, piedra angular de las democracias parlamentarias de corte liberal.
Por ello, no resulta extraño que de esa falta de respuesta, de ese autismo en el que viven instalados los grandes partidos nacionales, estén emergiendo movimientos populistas y antisistema como el 15-M, y otras formaciones políticas de nuevo cuño, que bajo la pretendida bandera de la regeneración democrática, están pescando —y de qué manera— en el río revuelto de la desafección ciudadana.
Pero no nos engañemos, si a la actual descomposición interna y desmoronamiento del PSOE le siguiera ahora la del PP, acosado por el desenlace incierto de algunos presuntos casos de corrupción, no sería descabellado pensar que podemos enfrentarnos pronto a un futuro peligroso y descorazonador: un escenario de inestabilidad política similar al que ya vivimos durante la II República.
Debemos afrontar con honestidad que la enfermedad de nuestro sistema político no es la corrupción —que es un síntoma—, sino el sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas y la falta de democracia interna en los partidos políticos. Nuestra democracia no solo tiene un problema cuantitativo, sino cualitativo. Necesitamos candidatos que forjen su liderazgo en procesos electorales internos y representantes que se deban más a sus electores y menos a sus dirigentes; necesitamos partidos políticos transparentes, que no confundan el plano político con el administrativo y laboral, cuya financiación se haga pública y accesible; necesitamos combinar disciplina interna con voces libres que promuevan una sana autocrítica. En realidad, es volver a los principios liberales, condensados en aquella frase de Lord Acton: «El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente».
España necesita hoy, más que nunca, una reforma electoral que permita acercar los representantes políticos a los ciudadanos. Nunca he ocultado mi admiración por los sistemas mayoritarios anglosajones, pero hay que ser realistas, nuestra cultura política no es esa, y nuestra Constitución consagra la proporcionalidad como requisito fundamental de nuestro sistema electoral. Sin embargo, sistemas como el alemán, que combinan un reparto proporcional de los escaños con la elección directa de algunos diputados en circunscripciones uninominales, bien podrían servirnos como modelo.
Ha llegado la hora de recuperar el camino acertado para nuestra Nación, como hicimos en la Transición. Ha llegado la hora de volver a recuperar la confianza de los ciudadanos en los políticos y en las Instituciones. Ha llegado la hora de la Política con mayúsculas.
ÍÑIGO HENRÍQUEZ DE LUNA LOSADA / PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN LA ASAMBLEA DE MADRID, ABC 26/02/13