La presencia en las listas de EH Bildu de 44 candidatos que habrían cumplido condena por terrorismo, siete de ellas por asesinato, ha irrumpido en la campaña electoral como un dato político relevante, que por momentos parece interpelar más a los socialistas que a la izquierda abertzale. Aunque el silencio de ésta resulta elocuente porque, como ocurre también con cualquier otra revelación sobre su sintonía con el pasado etarra, sus eventuales alegaciones frente a la repulsa general acabarían entrampando hasta al mismísimo Arnaldo Otegi. EH Bildu ni siquiera podría argüir que esos candidatos han recuperado sus derechos al sufragio pasivo tras liquidar las penas impuestas por la Justicia sin, cuando menos, cuestionar las resoluciones judiciales, advertir de irregularidades en los respectivos procesos, vindicar la inocencia de los señalados y denunciar las normas penitenciarias de excepción que habrían padecido durante años de cárcel.

La decisión de EH Bildu de incluir a esas personas en sus candidaturas no es, en realidad, una provocación deliberada. Ocurre que forman parte de la izquierda abertzale. Y ésta no solo no puede excluirlas –mucho menos ahora– sino que las necesita para simbolizar que el cambio de estrategia operado entre 2010 y 2018 integra también a los ya exmilitantes de ETA que, especialmente en algunas localidades, son las únicas que gozan del predicamento sacrificial que añoran sus bases o confieren autenticidad a su propuesta. De manera que los portavoces de EH Bildu podrían alegar que ni han decidido eso ni su contrario. Que todo obedece a una realidad que no puede ilegalizarse de facto, ni siquiera deslegitimarse.

En 2019 EH Bildu obtuvo 266.946 votos sumando los emitidos para las tres juntas generales. Un 10,1% más que en 2015. Ese año EH Bildu había perdido un 11,2% por la irrupción de Podemos. En 2011, inaugurado el período de la desactivación de ETA, e inaugurada también la confluencia entre la izquierda abertzale, Eusko Alkartasuna y Alternatiba, la nueva fórmula llegó a 273.148 votos. Al inicio de la ilegalización de la izquierda abertzale, en 1999 Euskal Herritarrok obtuvo 228.528 votos. En 1995 Herri Batasuna no había pasado de 160.552 papeletas. En 1991 se quedó en 172.844. Aunque había obtenido 207.382 votos en 1987. Es evidente que la renuncia a las armas y el encuentro con formaciones que ya no podían operar en solitario ha permitido a la izquierda abertzale convertirse en la indiscutible segunda fuerza del país.

El blanqueamiento de la izquierda abertzale es la redención en la que confluyen quienes se apartaron de su senda por culpa de ETA con quienes se han mantenido durante años bajo su autoridad, y nuevos votantes que, si acaso, oyen ecos más que voces. Pero los 44 candidatos con antecedentes penales por terrorismo son una insignificancia en las listas de EH Bildu a 250 ayuntamientos y tres territorios históricos. La constatación de que la inmensa mayoría de los exetarras convictos ha sido orillada o se ha hecho a un lado en un mundo en el que los electos locales o forales también son considerados peones de algo que impulsan muchos sin implicarse nunca en nada comprometido.