Tres días ha tardado la factoría del gurú Iván Redondo en prepararle un traje a medida al nuevo Pablo Casado. El líder del Partido Popular sorprendió el jueves a toda España con un discurso vibrante que molestó mucho a Vox, por lo que tenía de ataque frontal, pero que preocupó enormemente en Moncloa, pues Casado se colocaba en el centro del tablero político, equiparando al Gobierno con el partido de Santiago Abascal.

Los cien asesores que trabajan con Redondo en Moncloa no descansan nunca y han estado pergeñando una venganza bien fría contra ese giro imprevisto que desarboló por completo al Gobierno. Que Casado reivindique el centro y articule un discurso basado en la defensa de la democracia, la Unión Europea, la globalización, la libertad, el estado de derecho y la economía de mercado supone una grave amenaza para el relato que Moncloa lleva dos años construyendo: que todo lo que no sea Sánchez es fascismo. De ahí que el Gobierno necesite cuando antes que Casado se eche al monte de nuevo para seguir tildándole de derecha extrema.

Por eso Sánchez ha sorprendido este domingo con el anuncio de que quiere un estado de alarma de seis meses para controlar la pandemia. El decreto del Ejecutivo incluye pocas novedades más allá de imponer el toque de queda, pero incorpora dos grandes cambios formales: su renovación se tramitará en el Congreso de los Diputados deprisa y corriendo esta misma semana y tendrá que ser por una duración de seis meses.

Una vez renovado por el Congreso, el Gobierno tendrá carta blanca para ir aprobando lo que quiera vía decreto e ir cambiando las restricciones según su criterio. Recordemos que la figura del estado de alarma confiere poderes extraordinarios al Ejecutivo y limita el control judicial de sus actuaciones al Tribunal Constitucional, que ya sabemos que no es especialmente rápido tomando decisiones. Por tanto, de salir adelante Sánchez tendría cobertura jurídica para limitar derechos fundamentales durante seis meses. 

Y ahí es donde está la trampa. El Gobierno quiere aprovechar el discurso moderado de Casado para ponerle en un brete y obligarle a tragar con seis meses de impunidad. Si Casado traga, fenomenal: el Ejecutivo habrá ganado manos libres durante una buena temporada. Si, por el contrario, rechaza la maniobra, se habrá acabado con el renovado Casado en menos de una semana. Volverán a identificarle con Vox y la derecha recalcitrante que no arrima el hombro para salir de la crisis. Jugada ‘redonda’ para Moncloa.

Mes a mes

No hay que perder de vista que este estado de alarma es la demostración palmaria de que Casado tenía razón cuando en primavera pedía cambiar las leyes para evitar tener que recurrir de nuevo a ese elemento tan excepcional. ¿Aceptará a pesar de ello esos seis meses que le pide Sánchez? Quizás lo más sensato sería tender la mano al Gobierno, porque es evidente que la pandemia exige medidas inaplazables, pero exigir a cambio que las renovaciones de la alarma sean parciales, mes a mes, por ejemplo, y en función de cómo vaya la situación.

Si estuviéramos en un país normal y Sánchez fuera un político de fiar, probablemente no habría problema en darle ese cheque en blanco, pero el problema es que su larga colección de traiciones y sus pocos escrúpulos no auguran nada bueno. De hecho, basta ver el espectáculo que el Gobierno ha ofrecido este fin de semana: Sánchez tenía decidido el estado de alarma desde el jueves por la noche, pero no lo aprobó hasta el domingo porque quiso obligar a las comunidades al esperpéntico ‘show’ de tener que pedir ayuda al Ejecutivo central. Los muertos, los enfermos y el virus eran lo de menos. Lo importante era que el Gobierno quedara para la historia como el gran salvador que arregló el desaguisado autonómico.

Fraude de ley

Además, pocos han caído en la cuenta de que se ha declarado un nuevo estado de alarma tan solo 24 horas después de que expirase otro que afectaba exclusivamente a la Comunidad de Madrid. Teniendo en cuenta que la Constitución limita a 15 días la duración del estado de alarma sin que exista una autorización del Congreso, ¿no estamos ante un claro caso de fraude de ley, al menos en lo que se refiere a Madrid?

Casado hace bien en jugar la partida del centro, pero debe extremar la precaución. Ser moderado no debería significar ser imbécil

Decíamos aquí la semana pasada que los próximos 70 días van a ser claves para conocer las verdaderas convicciones democráticas del Gobierno. Y hoy queda todavía más claro que estamos ante el momento decisivo de la legislatura. Muchos han interpretado el duro discurso de Casado contra Vox como la antesala de que el líder popular se va a entregar a Sánchez como un corderito, pasteleando con él la reforma del Poder Judicial y prestándose, por ejemplo, a renovar este estado de alarma. Es decir, según esa teoría Casado se va a convertir en una especie de Inés Arrimadas 2.0.

Sin embargo, lo que estamos viendo estos últimos días difícilmente permitirá un entendimiento Sánchez-Casado: el presidente ha demostrado que tiene su mayoría ‘Frankenstein’ bien engrasada (véase el comunicado conjunto que firmaron durante la moción de censura), por lo que pronto podrá aprobar sus primeros Presupuestos, y está preparando el terreno para indultar a los líderes del ‘procés’ (las declaraciones de Ábalos son bastante ilustrativas al respecto). Casado hace bien en jugar la partida del centro, pero debe extremar la precaución. Ser moderado no debería significar ser imbécil.