El 6 de diciembre de 1978, España fue el asombro del mundo democrático. El pueblo español refrendó por una gran mayoría la nueva Constitución elaborada en las Cortes constituyentes, convocadas por el rey Juan Carlos I, después de convencer todas las formaciones democráticas de izquierda que la reforma democrática, elaborada con espíritu de concordia y reconciliación, alejaba a nuestro país de cualquier impulso revolucionario capaz de resucitar el pasado cainita de nuestro país,

El 6 de diciembre es para los supervivientes de la gesta de la Transición en paz y en libertad un cumpleaños que hay que celebrar, aunque solo sea en el seno de nuestra propia familia. Como toda obra humana la Constitución no es perfecta. Cometimos errores y se nos ha acusado de ingenuos. No es momento para identificarlos. Hay quien se plantea si pueden las generaciones pasadas imponer una Constitución a las generaciones siguientes. Se argumenta que la ciudadanía y las instituciones no pueden ser dependientes de la Carta Magna, por lo que el titular de la soberanía –el pueblo español- tiene derecho a liberarse de la obra de sus antepasados. Siguiendo este argumento llegaríamos a la conclusión de que estaría legitimado un “golpe” revolucionario para hacer una nueva Constitución desde sus cimientos. La Monarquía parlamentaria, pilar de la Constitución, sería derrocada y el Rey tendría que hacer las maletas para marchar al exilio. Los españoles entraríamos en un proceso constituyente de consecuencias imprevisibles para nuestra convivencia pacífica.

Pero la Constitución no es inamovible. Tiene sus propias normas de reforma total o parcial. Somos un Estado de Derecho y por tanto debemos cumplir sus mandatos. Si la reforma afectara al título preliminar, al capítulo de los derechos fundamentales y a la Corona, la iniciativa correspondería al Gobierno, al Congreso y al Senado y, también, a las Comunidades Autónomas. El texto propuesto, si es aprobado por cada una de las Cámaras, por mayoría de dos tercios, llevaría consigo la disolución de las Cortes y la celebración de nuevas elecciones generales. Las nuevas Cortes podrían modificar por mayoría de dos tercios de cada Cámara lo acordado por las anteriores, y la última palabra la tendría el pueblo español mediante referéndum. Los demás artículos de la Constitución pueden ser objeto de reforma si lo aprueban las Cortes por mayoría de dos tercios el Congreso y el Senado por separado. Si el diez por ciento de congresistas o senadores lo solicitan, la reforma sería sometida a referéndum.

Estados federados

En la segunda década de este siglo se produjo un gran debate sobre la conveniencia de transformar España en un Estado federal. Las Comunidades Autónomas se convertirían en Estados federados, semejantes a los de Estados Unidos o Alemania. La realidad es que las Comunidades españolas tienen tanto o más competencias que los que se ponían como ejemplo. El debate se enfrió cuando Pedro Sánchez anunció que España es un Estado con tres naciones: Cataluña, País Vasco y Galicia (cuatro si también se cuenta a Navarra). El resto sería otra nación. En realidad, se buscaba una solución al problema de Cataluña en ebullición permanente. Todo cambió también cuando Sánchez necesitó, para mantenerse en la Moncloa, el apoyo de todas las formaciones políticas que o bien son neocomunistas o independentistas, que tienen como objetivo derribar el legado de la Transición.

El referéndum del 6 de diciembre tuvo para Navarra un valor político de gran transcendencia. Recordemos que Unión de Centro Democrático (UCD), de Adolfo Suárez, había obtenido en Navarra seis de los nueve parlamentarios elegidos el 15 de junio de 1977. Tres diputados (Jesús Aizpún, Ignacio Astráin, Pedro Pejenaute) y tres senadores (Josecho Sarasa, José Luis Monge y el autor). El PSOE obtuvo dos diputados (Gabriel Urralburu y Julio García). El PNV (Manuel de Irujo), en coalición con el PSOE. En el voto final de la Constitución, Jesús Aizpún, que en la Comisión Constitucional había defendido la disposición transitoria cuarta)., nos sorprendió a todos con su abstención. Tuvimos otro sofoco. El 3 de diciembre de 1978, Diario de Navarra publicaba el “Acta de afirmación Foral”, donde un grupo de consejeros forales, entre ellos Aizpún, Carlos Garaicoechea (presidente nacional del PNV, Pachi Zabaleta (de HB) y Carlos Clavería (presidente del PNV navarro), en el que declaraban que “la Constitución no la consideraban aceptable desde el punto de vista foral”.  La realidad es que después de 47 años de vigencia de la Constitución la autonomía foral está en su plenitud, gracias al Amejoramiento del Fuero de 1982, y Navarra no es Euskadi.

Respiramos tranquilos

En la campaña del referéndum, UCD y el PSOE fuimos juntos, pero no revueltos. Debo confesar que la noche electoral fue de infarto. Soñábamos con que el pueblo navarro refrendaba con su voto la Constitución. Este fue el resultado: Sí, 75,70 %; no, 16,95%; blanco, 6,40%, nulos, 0,94% y abstención 33,37%. Los votos favorables a la Constitución, aunque bastaba la mayoría simple, representaban el 50,58% del censo electoral. Pudimos respirar tranquilos.

Reproduzco los preceptos esenciales de la Constitución: “Artículo 1º, 1España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional residen en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. 3. La forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria”. “Artículo 2º. La Constitución se fundamenta en la indisoluble de la unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y en la solidaridad entre todas ellas”. Quien pretenda convertir a España, por la brava, en un Estado plurinacional o trocear la soberanía para atribuirla a determinadas comunidades viola la Constitución. Aquí no cometimos errores ni fuimos ingenuos.