Nota previa. La ministra de Justicia, Pilar Llop, está cometiendo un craso error al criticar la sentencia del Supremo que ratificó la de la Audiencia de Andalucía en el asunto de los ERE. Porque al pronunciarse en esos términos, el indulto parcial a José Antonio Griñán se entenderá por la opinión pública —según el sondeo de DYM para el grupo Henneo, publicado ayer, el 62,5% de los consultados votantes socialistas se opone a la medida— como un mecanismo partidario de revocación de la resolución y no como un ejercicio de equidad. El indulto no es un resorte gubernamental para dejar sin efecto las sanciones penales, sino un recurso para mitigar situaciones en las que la aplicación de la ley por los tribunales —’summum ius, summa iniuria’— ha de paliarse por razones de utilidad pública, justicia material o equidad, siendo, además, una decisión recurrible ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

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Juan Espadas, secretario general del PSOE de Andalucía, no ha respaldado con su firma el indulto parcial a José Antonio Griñán. Aduce el artículo 8.1 del código ético del PSOE de 2014, que dice lo siguiente. “Los cargos públicos del PSOE se comprometen a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral, así como la comisión de hechos constitutivos de delitos graves”.

¿Quiere esto decir que los demás firmantes militantes del PSOE, si fuesen cargos públicos u orgánicos, como Susana Díaz, han incumplido esa norma de conducta que se exige en el partido? Posiblemente, no. Por la sencilla razón de que el Gobierno que preside el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dejado en papel mojado el mandato ético cuando en junio del año pasado el Consejo de Ministros indultó a los condenados en octubre de 2019 por la Sala Segunda del Tribunal Supremo por el delito de malversación, medial para el de sedición, a propósito de los hechos acaecidos en Cataluña de septiembre y octubre de 2017.

Efectivamente, el de malversación —con o sin enriquecimiento personal— es un delito de corrupción política porque su autoría solo es posible por autoridades y/o funcionarios públicos. Si el máximo dirigente del PSOE no se atuvo al artículo 8º del código ético, ¿por qué tendrían que hacerlo los demás cargos públicos u orgánicos de la organización? 

La precisión anterior era necesaria. Como lo es también apuntar dos aspectos más de esta cuestión. El primero: los medios en general —salvo excepciones, como El Confidencial— no han informado con exhaustividad sobre el elenco de personalidades que apoyan que el Gobierno indulte parcialmente al expresidente de la Junta de Andalucía. El segundo: la entidad personal y profesional de muchos de los firmantes, socialistas y no socialistas, indica que estamos ante un caso muy excepcional, sin precedentes en España. 

Han firmado políticos que militan —o lo hicieron— en distintos partidos al PSOE, desde el PP hasta CiU, pasando por Izquierda Unida y otras formaciones de izquierda. Es amplia la lista de sindicalistas, empresarios y personalidades del ámbito financiero y del arte, la cultura y el deporte, académicos, juristas, docentes, periodistas, cargos de la política internacional y otros que han ostentado altas responsabilidades institucionales.

Miquel Roca, padre de la Constitución, es una persona seria, buen jurista y moderada. Carlos Solchaga, exministro de Felipe González, es, posiblemente, uno de los gestores públicos más eficientes que ha tenido la Administración Pública española. José Luis Garci es un cineasta de sesgo liberal-conservador, oscarizado en 1983. Vicente del Bosque, el seleccionador nacional de fútbol que nos trajo la Copa del Mundo a España en 2010. 

Admiro a Josefina Gómez Mendoza, académica de la Historia, geógrafa de prestigio indiscutible y persona ecuánime. E igualmente al catedrático emérito de Sociología José Juan Toharia, un académico rigurosamente independiente. José Álvarez Junco es un insigne historiador respetado por autores de distintas escuelas en la materia. Javier Cercas, un literato de la más alta categoría y un valiente y decidido ciudadano en momentos muy difíciles en Cataluña. Tomás de la Cuadra Salcedo, exministro con González, es catedrático de Derecho Administrativo y fue presidente del Consejo de Estado, hombre de grandes hechuras jurídicas. Josep Borrell es una figura internacional en un momento crítico de la Unión Europea. Javier Solana, ex secretario general de la OTAN, un político de gran dimensión. Juan José Laborda y Javier Rojo fueron presidentes del Senado y otros muchos son personalidades que pertenecen a distintas generaciones con una cualificación indubitable.

La mayoría de las personas que apoyan el indulto parcial a José Griñán lo hacen por razones que entienden son tan poderosas como para exponerse públicamente a ser zaheridas con descalificaciones injustas porque al mostrarse favorables al perdón de la pena de prisión al condenado no ganan nada y, en determinados ámbitos, hasta pueden perder reputación. Muchos otros, quizá con algunos motivos de mayor proximidad al condenado, han eludido significarse, lo que dignifica el paso de los que lo han hecho. 

La política no puede ser neroniana. Deben cultivarse en ella algunas virtudes cívicas, entre ellas, las de la equidad y la clemencia, sin atender a intereses meramente partidistas o de oportunidad. En lo que conozco de las personas que he mencionado, y de otras que he omitido por razones de espacio, me consta su escrupulosidad cuando asumen posiciones públicas ‘políticamente incorrectas’. 

Si hasta 4.000 personas han secundado la petición de indulto parcial a José Antonio Griñán, y si tantas entre ellas merecen estima por su trayectoria personal, profesional, política o académica, parecería razonable que el Gobierno fuese sensible a lo que representan ajustándose a las motivaciones humanitarias que aduce la familia del exministro y que los ciudadanos reflexionasen sobre el significado de que un grupo tan plural y diverso de personalidades haya contraído un compromiso ante un sector muy amplio de la opinión pública que, endurecida en exceso por el enfrentamiento y la inmoderación, considera intolerable lo que se denomina impropiamente como un ‘autoindulto’.