Ya que la vicepresidenta Díaz quiere promulgar el estatuto de los trabajadores del siglo XXI, es el momento de plantear una profunda reforma del modelo sindical español que delineó la Ley de Libertad Sindical de 1985, cuya línea de flotación está en el concepto de «sindicato más representativo», a partir del cual se delimitó el poder de Comisiones Obreras y UGT. Ese concepto es una curiosa excrecencia del sindicalismo obligatorio del franquismo, aunque ahora la afiliación sea libre, pues lo que sigue siendo forzoso es financiar a los sindicatos con los impuestos que pagamos todos los trabajadores. Además, el poder de esas centrales se deriva de una curiosa normativa electoral –que opera bajo su control– en la que se dificulta enormemente la presentación de candidaturas independientes o ligadas a los sindicatos más pequeños en favor de las grandes centrales. Y también de un sinnúmero de reconocimientos institucionales, una vez que el Ministerio de Trabajo –que nunca ha publicado de manera completa los resultados de las elecciones sindicales– les concede la mencionada mayor representatividad. Y a todo ello se añade el resultado del reparto del patrimonio sindical que, en 1981, acordaron el gobierno, CCOO y UGT.

El resultado de este trasiego de dineros, influencias, reconocimientos e inmuebles no ha sido otro que el de un modelo sindical en el que la afiliación brilla por su ausencia. El más reciente de los informes de la OCDE señala a España entre los países con menos trabajadores apuntados en un sindicato. En concreto el 13,7%, una tasa ésta muy alejada de la registrada en la mayoría de los países del centro y el norte de Europa, cuyo máximo del 67,2% se lo anota Dinamarca. O sea que nuestro modelo es, en esencia, el del sindicato de cuadros –con pocos afiliados, preferentemente procedentes del sector público, pues los que pagan su cuota al final siempre resultan molestos–, pero, eso sí, representativo por mor de unas elecciones semiamañadas.

Eso es lo que hay que cambiar. En nuestro siglo, el sindicato tiene que tener afiliados y debe actuar sólo en nombre de quienes lo sostienen. Y por supuesto, ser financiado enteramente por ellos. Todo lo demás constituye un corporativismo obligatorio que es incompatible con la democracia.