EL MUNDO 01/09/14
VICTORIANO RAMÍREZ GONZÁLEZ
· El autor propone modificar el sistema de elección al Congreso para evitar desequilibrios en la representación
· Cree que el actual modelo perjudica a los partidos de implantación nacional y favorece a los nacionalistas
LOS GRANDES partidos, PP y PSOE, y algunos nacionalistas como CiU y PNV han estado muy cómodos con la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General) desde su aprobación en 1985, que prácticamente no difería de la legislación electoral aplicada desde el inicio de la democracia. Esta ley les ha beneficiado por partida doble. Por un lado han obtenido una sobrerrepresentación y por otro, el sistema ha dificultado enormemente la aparición de nuevos partidos de ámbito estatal. Así PP y PSOE se han alternado en el Gobierno de España, unas veces con mayoría absoluta y otras con el apoyo de un partido nacionalista que ha rentabilizado bastante ese apoyo.
Ante cualquier elección, la llamada al voto útil por parte de los partidos interesados en mantener el sistema electoral ha ido creando una especie de burbuja en torno a un bipartidismo casi perfecto. Pero un cúmulo de factores negativos para la sociedad, tales como la crisis económica, el paro y la corrupción en muchos partidos, ha roto esa fidelidad de los ciudadanos con el bipartidismo, hasta el punto de que en las elecciones europeas los votos de PP y PSOE no alcanzaron ni el 50%. En esta situación el sistema electoral para el Congreso de los Diputados va a ser poco representativo, porque en la mitad de las circunscripciones electorales seguirá asignando los escaños a sólo dos (rara vez a tres) partidos políticos.
Actualmente también existe un déficit de representatividad en la composición del Congreso: PP y PSOE recibieron un escaño por cada 60.000 votos (aproximadamente), IU obtuvo un escaño por cada 150.000 votos, y UPyD recibió un escaño por cada 230.000 votos. Si nos fijamos en algunos partidos más pequeños observamos que cada diputado de Amaiur salió a menos de 50.000 votos y EQUO quedó sin representación a pesar de que superó en votos a BNG y a CC.
En elecciones anteriores a 2011 encontramos ejemplos mucho más injustos con los partidos medianos de ámbito estatal. Sin ir más lejos, en 2008 cada uno de los dos diputados de IU representaba casi a medio millón de electores y el escaño de UPyD a más de 300.000. En 1993 desapareció del parlamento el CDS de Adolfo Suárez, que había recibido más de 400.000 votos, mientras que en esas elecciones CC, con menos de la mitad de votos que el CDS, recibió cuatro escaños.
Si no se modifica el sistema electoral del Congreso se producirán de nuevo desequilibrios en la representación: un partido de ámbito estatal teniendo muchísimos más votos que un partido de ámbito nacionalista recibirá menos escaños que el nacionalista. Algo que es completamente injusto, independientemente de que el partido beneficiado en la comparación sea uno u otro. Actualmente, recibir menos representantes habiendo obtenido más votos jamás puede ocurrir en un ayuntamiento tras las elecciones municipales.
Así pues la regeneración democrática debiera contemplar en primer lugar la reforma del sistema electoral del Congreso de los Diputados, cambiando a otro que garantice mayor representatividad y mantenga una prima a la gobernabilidad similar o algo inferior a la actual.
De salida para regenerar la democracia habría que garantizar que un partido que supere a otro en votos no reciba menos escaños. Por otra parte, tanto los partidos grandes como los medianos debieran recibir al menos el 90% de la representación que corresponde a su porcentaje de votos. Pensemos que actualmente un partido mediano como es IU no recibe ni la mitad de los escaños que corresponden a sus votos y UPyD ni la tercera parte de ellos.
Un partido que reciba el 4% de los votos nacionales podemos considerarlo mediano. Con el sistema actual, si el partido ha recibido esos votos en pocas circunscripciones obtendrá una asignación proporcional de escaños, esto es, unos 14 escaños, pero si los votos los recibe distribuidos por todo el territorio posiblemente no reciba más de un par de escaños. Eso no es razonable ni es justo, porque la forma de definir las circunscripciones no debiera condicionar el resultado del reparto a los partidos.
Es posible conseguir que la representación de los partidos dependa sólo de sus votos totales aunque las circunscripciones electorales sigan siendo las 52 actuales. Suecia es un ejemplo, pero hay muchos países más tales como Alemania, Polonia, los otros países nórdicos, etc. Nuestros diputados conocen propuestas desarrolladas para España que no requieren modificar la Constitución, compaginan representatividad con gobernabilidad y mantienen una representación justa para todos los partidos, sean de ámbito regional o estatal.
Otro cambio a incluir en la reforma electoral para regenerar la democracia es el desbloqueo de las listas electorales, tanto en elecciones al Congreso de los Diputados como en las elecciones municipales, para que todos los candidatos tengan posibilidad de ser elegidos. En el caso de las elecciones municipales, el desbloqueo de listas serviría también para que el candidato a alcalde por cada partido sea el mejor valorado por sus electores en lugar de ser el que encabeza la lista, como ocurre actualmente. El PP ha hablado de modificar el sistema de elección de alcaldes como un proceso de regeneración democrática. De antemano es insuficiente y, además, no sabemos si es regeneración democrática o todo lo contrario, porque no ha dicho exactamente en qué consiste la modificación que propone.
LO QUE se ha comentado es que garantizaría la alcaldía al partido que reciba al menos el 40% de los votos y diste del segundo al menos cinco puntos. Suponemos que sería asignándole mayoría absoluta de concejales al primer partido. Una cuestión es ¿por qué se prima con mayoría absoluta al vencedor si cumple esos dos requisitos y no recibe prima alguna (aunque fuese menor) si le falta un solo voto para cumplirlos?
Ese tipo de barreras produce injusticias y paradojas. Por ejemplo, si en un municipio que elige 25 concejales votan 100 electores y el partido A obtiene 40 votos, el B obtiene 34 votos y el C obtiene 26 votos, afecta la reforma al reparto porque el partido vencedor ha recibido el 40% de los votos y supera en más de cinco puntos al B. Por tanto, al partido A le asignaríamos 13 concejales y los 12 restantes se distribuirían entre B y C obteniendo siete y cinco respectivamente, usando el método d’Hondt. Observamos que un voto menos para el partido A le haría perder tres concejales y también observamos que, paradójicamente, al partido C le hubiese interesado que dos de sus electores hubiesen votado al partido B porque entonces no se cumpliría la diferencia de los cinco puntos entre A y B. Habría que repartir los 25 concejales como se hace actualmente y en tal caso el partido C obtendría seis concejales. Si se desea un método para primar al partido vencedor hay fórmulas que no producen ni saltos ni paradojas como las que acabamos de ver.
Por otra parte, creo que el PP cometería un error si hiciese una reforma sin ningún consenso pensando en beneficiarse. Incluso podría perjudicarle en algunos casos, porque las mismas alianzas que hacen los partidos a posteriori de unas elecciones con el sistema electoral actual pueden hacerlas a priori con un sistema electoral nuevo, para ser la primera fuerza política o distar menos de cinco puntos del partido más votado.
El PSOE quiere aunar, con todos los restantes partidos, un frente contra la reforma anunciada, con objeto de impedir que se lleve a cabo. Posiblemente sea lógico oponerse a la reforma electoral para la elección de alcaldes que está anunciando el Gobierno, máxime si quiere disminuir la proporcionalidad. Sin embargo, creo que es un error no abordar de inmediato la reforma de la Ley Electoral argumentando falta de tiempo. Dicha reforma ha sido fuertemente reivindicada en bastantes movilizaciones sociales, en medios de comunicación y por muchos artículos de opinión, desde el inicio de esta legislatura.
Victoriano Ramírez González es director del Grupo de Investigación en Métodos Electorales (GIME) de la Universidad de Granada.