El Correo-ANDONI PÉREZ AYALA
Uno de los problemas que se plantea al abordar la reforma del Estatuto, tema al que todas las formaciones políticas vascas han venido dedicando su atención durante este último periodo de sesiones parlamentarias, es la falta de experiencia reformadora durante las casi cuatro décadas de vida del actual régimen estatutario. Salvo la tentativa frustrada del denominado ‘plan Ibarretxe’ hace ya más de una década, que no se puede decir que fuese en realidad una propuesta de reforma estatutaria al situarse en un terreno que desbordaba por completo el ámbito propio de ésta, no ha habido ninguna operación en este sentido. Tras casi cuarenta años ya desde que fue aprobado mediante referéndum (octubre de 1979), el Estatuto de Gernika no ha experimentado modificación alguna hasta el día de hoy.
Otro problema a añadir al anterior, aunque estrechamente relacionado con él, es la falta de una cultura política de la reforma estatutaria (extensible también a la reforma constitucional). Aquí los textos estatutarios (como así mismo los constitucionales) no se reforman parcialmente cuando, ante la aparición de nuevas realidades, se ve conveniente introducir cambios en el funcionamiento de las instituciones, como se hace en todos los países de nuestro entorno, sino que, por el contrario, nos gusta más jugar al todo o nada. O nos pasamos cuatro décadas sin tocar nada o, cuando nos proponemos introducir cambios, éstos tienen que ser totales para establecer un nuevo orden institucional cuya prueba de validez sería precisamente su radical distanciamiento en relación con el anterior.
El desarrollo de nuestro particular ‘procés’ estatutario estos últimos meses es una muestra ilustrativa de lo que venimos diciendo. No se trataría de actualizar el sistema de autogobierno existente, introduciendo los cambios a acordar en la delimitación del ámbito de autogobierno y en el sistema institucional existentes sino que, por el contrario, de lo que se trata es de implantar un modelo nuevo que poco o nada tiene que ver con el que ha estado vigente durante las cuatro últimas décadas; es decir, iniciar un auténtico proceso estatuyente que defina el nuevo estatus a partir de ahora. Tal sería el objetivo a alcanzar, de acuerdo con la posición mantenida en la ponencia parlamentaria sobre el autogobierno por las formaciones políticas (PNV y EH Bildu), que cuentan actualmente con mayoría en la Cámara.
Planteadas las cosas en estos términos, que es como realmente están planteadas a la vista de las ‘bases’ políticas aprobadas en la ponencia, resulta bastante problemático poder llegar a acuerdos comunes porque, como ya se ha indicado, más que una actualización del autogobierno existente nos hallaríamos ante la implantación de otro modelo nuevo, asentado sobre bases muy distintas de las que hemos tenido hasta ahora. Convendría aclarar, antes de seguir, cuál es el objetivo que se pretende conseguir porque no es lo mismo abordar un proceso de actualización del autogobierno mediante la reforma del Estatuto que aprovechar ésta para emprender una operación dirigida a implantar otro sistema distinto de signo netamente soberanista, en consonancia con las posiciones mantenidas por las formaciones políticas de esta orientación.
El proceso seguido hasta ahora en la ponencia parlamentaria, así como las ‘bases’ políticas aprobadas en ella, han podido servir para escenificar las pretensiones soberanistas de la mayoría parlamentaria, lo que sin duda hay que tener muy en cuenta; pero resulta bastante dudoso que vayan a servir para establecer realmente las bases de la actualización del autogobierno y de la reforma estatutaria en curso. Y el problema, no menor, que se plantea es que una vez aprobadas (aunque haya sido en una instancia no decisoria como es la ponencia parlamentaria) va a resultar muy difícil a quienes las han respaldado públicamente desdecirse de ellas en el curso de una negociación política que inevitablemente habrá que hacer para poder acordar un texto en el que podamos tener cabida también los que no compartimos aspiración soberanista alguna.
Por otra parte, el método seguido de disociar la elaboración de las bases políticas, tarea confiada a las formaciones políticas presentes en la ponencia parlamentaria, y la articulación jurídica de éstas, de las que se encargará a partir de ahora un grupo de expertos juristas, no deja de ser un método bastante original en la experiencia constitucional comparada. Una cosa es el asesoramiento jurídico y constitucional, totalmente necesario, y otra encargar a los ‘expertos’ la elaboración del texto del Estatuto, a partir de unas ‘bases’ políticas como las acordadas por la mayoría parlamentaria en la ponencia. No se entiende muy bien por qué la redacción del texto estatutario es una cuestión de expertos y habilidosos juristas que no puede ser llevada a cabo por los parlamentarios electos.
A la vista de cómo se han desarrollado hasta ahora los trabajos en la ponencia parlamentaria, la posibilidad de que el proceso en curso culmine con un texto estatutario que tenga un respaldo político no inferior al que tuvo en su momento el actualmente vigente, resulta bastante problemática. Y hay motivos para dudar de que si se mantiene la orientación seguida hasta ahora en los trabajos de la ponencia, vaya a ser posible conseguir ese respaldo político, sin el que cualquier operación de actualización y reforma (sobre todo si es global como se pretende) del marco estatutario del autogobierno no sería viable. La actual pausa vacacional proporciona una buena ocasión para reflexionar sobre estas cuestiones, antes de reiniciar los trabajos parlamentarios cuando dé comienzo el curso político.