Los ciudadanos están, en líneas generales, de acuerdo en que la actual situación de pluralismo político que reflejan las Cortes ofrece una oportunidad para reformar algunos aspectos de la Constitución después de 38 años de vigencia, pero siempre y cuando se cuente con el acuerdo de los cuatro principales partidos. El sondeo de Sigma Dos para EL MUNDO incluye, no obstante, porcentajes muy ajustados, o incluso contradictorios entre sí, cuando se pregunta a los encuestados por la posibilidad de abordar el modelo de Estado, asunto sobre el que las respuestas reflejan la ausencia notoria de consenso social a ese respecto.
El Partido Socialista ha anunciado su intención de plantear una subcomisión que desarrolle los trabajos previos a una eventual reforma constitucional, con la que se ha mostrado de acuerdo Podemos. Ciudadanos también apoyaría cambios referidos a determinados puntos y en su pacto con el PP para investir a Mariano Rajoy, de hecho, incluyó alguna medida que precisaría una modificación de la Carta Magna, como por ejemplo la supresión de los aforamientos. El partido en el Gobierno es el más cauteloso, exigiendo «consenso de partida y de llegada», aunque sin llegar a cerrar del todo la puerta. Cualquier reforma que afecte a la definición de los elementos políticos esenciales del Estado (Título Preliminar), a los derechos fundamentales (Capítulo Segundo, Sección Primera del Título I) o a la Corona (Título II) tendría que ser sometida a referéndum, pero en realidad bastaría con que 35 diputados lo solicitasen si se toca cualquier otro (como el controvertido Título VIII, que diseña el Estado de las Autonomías a partir del principio dispositivo) y Podemos ya ha advertido de que lo hará en todo caso.
Los resultados del sondeo muestran que casi dos terceras partes de los encuestados (el 65,9%) está de acuerdo en abordar la reforma de la Constitución esta misma legislatura. Los porcentajes son significativamente altos entre los votantes de los partidos de izquierda (78,5% entre los del PSOE y 85% entre los de Podemos) y se rebajan hasta un 65,6% entre los de Ciudadanos. Entre los del PP, sin embargo, más conservadores, la diferencia entre quienes están a favor (44,6%) y en contra (43,6%) se reduce a un raquítico punto.
No obstante, este posicionamiento abiertamente favorable de los ciudadanos se encontraría condicionado a un improbable, a día de hoy, acuerdo entre los cuatro principales partidos. Así lo reclama el 63,5% de los encuestados, mientras que a alrededor de un tercio le bastaría con un pacto constituyente entre dos o tres fuerzas. Entre quienes piden un consenso global, resultan llamativamente altas las respuestas afirmativas entre los electores del PSOE (el 77%) y Podemos (el 64,7% de los mismos).
Un elevadísimo 85,8% querría aprobar ya la supresión de los aforamientos incluida por Ciudadanos en su pacto por el PP, casi el 70% estaría de acuerdo en eliminar la preeminencia del varón en la sucesión al Trono de España y apenas a un 49,1% le parecería bien introducir la integración de España en la Unión Europea, sorprendentemente bajo en un país de fuerte tradición europeísta como el nuestro.
Lo difícil empieza cuando se pregunta por el modelo de Estado. Un 59,3% cree que habría que abordar su reforma, como una parte importante de la doctrina académica, frente a un 30,6% que no estaría de acuerdo. El problema es que no queda claro hacia dónde quieren los españoles que se dirija la reforma.
Hay una mayoría clara de ciudadanos que está en contra de un cambio constitucional que reconozca que algunas comunidades como el País Vasco y Cataluña son singulares (54,4% frente a 39,4%), porcentajes que únicamente se invierten entre los votantes de Podemos (y, entre estos, un tercio estaría en contra).
La ausencia de consenso queda perfectamente reflejada cuando se cuestiona si habría que aumentar con un modelo federal, reducir o mantener las competencias que ejercen las comunidades autónomas. Las respuestas se reparten en tres tercios prácticamente iguales, con ligera ventaja para los partidarios de rebajarlas, que son mayoría clara entre los votantes del PP y de Ciudadanos. Entre los de Podemos ocurre lo contrario: son holgadamente más quienes querrían incrementarlas.
Caso aparte es el del PSOE, la formación que más claramente está apostando por una reforma en sentido federal para resolver sus problemas de articulación en Cataluña. Pues bien, entre sus electores son mayoría quienes prefieren dejar las cosas como están (40,9%), además de otro 15,5% que lo que querría sería reducir las competencias de las comunidades autónomas. Sólo un 35,8% de los votantes socialistas estaría en cambio de acuerdo en aumentarlas con un modelo federal, fragmentación que es muy expresiva de las dificultades que está encontrando el PSOE para conectar con su electorado en este asunto.
Mucho más claro es el rechazo de los votantes del PSOE a otra de las propuestas incluida en su reforma del modelo territorial: la de convertir al Senado en una Cámara de representación territorial. Menos del 20% lo aprobaría. Un 58,4% preferiría eliminarlo sin más, como el 55,7% del total de los encuestados.
El sondeo de Sigma Dos ha preguntado asimismo por las preferencias sobre la Ley Electoral. Sólo un 17,7% apostaría por dejarlo como está, frente a un 28,8% que piensa que sería mejor dar una prima al partido más votado (como propone para los ayuntamientos el PP, cuyos votantes son los que se muestran por cierto más favorables a este sistema) y a un mayoritario 46,6% que opina que habría que buscar un sistema que favoreciese un reparto de escaños más proporcional. Son los electores de Podemos quienes defienden más fervorosamente esta opción (el 77,2% la apoyaría). Entre los de Ciudadanos, que ha incluido en su pacto con el PP la posibilidad de discutir esta reforma, un 54,6% la respaldaría.
Como sería previsible, los porcentajes son abrumadoramente altos cuando se pregunta por eventuales ampliaciones del catálogo de derechos que recoge la Constitución, da igual que se trate de planteamientos ideológicos propios de la derecha que de la izquierda política. Así, casi tres cuartas partes de los españoles estaría de acuerdo en que la propiedad privada pasara a ser un derecho fundamental; a un 79,4% le parecería bien reconocer un derecho a una renta mínima; el 81,1% aprobaría ampliar el derecho a la vivienda e introducir determinadas limitaciones a los desahucios, y existe práctica unanimidad en que sería bueno incrementar la protección del derecho a la salud (93,4%) y mencionar explícitamente la igualdad de hombres y mujeres (94,8%).