- Aragonès, al referirse a «pacto con el Estado» como ha hecho, está expresando honestamente el sentido político de una conquista que consiste en desautorizar a la justicia para el pasado y, sobre todo, para desarmarla en el futuro
Lo mejor, para interpretar las causas y las consecuencias de un acuerdo de Sánchez con cualquier otra fuerza política, es olvidarse de lo que el sanchismo cuenta y prestar atención a lo que dice la contraparte. No pierdan el tiempo con intoxicaciones. El método es fácil e infalible. Cuando el acuerdo sea con Podemos, escuchen a Iglesias —un proyecto «para diez o quince años»—. Cuando sea con Bildu, fíjense en lo que dicen los de Otegui —ser una fuerza para «la dirección del Estado»—. Y cuando toque con ERC, analicen detenidamente lo que manifiesta Aragonès. Son más transparentes, son cristalinos.
El president, al referirse a «pacto con el Estado» como ha hecho, está expresando honestamente el sentido político de una conquista que consiste en desautorizar a la justicia para el pasado y, sobre todo, para desarmarla en el futuro. Y sus palabras «continuaremos trabajando para acabar completamente con la represión y poder votar en un referéndum» implican que Moncloa tiene más deberes impuestos por los indepes. El delito de malversación será lo próximo en modificarse. Pasará pronto. Lo volveremos a ver.
El «Ho tornarem a fer» no es la romántica expresión de un deseo lejano, es la exposición de una voluntad firme y de un plan bien trabajado. Una hoja de ruta que se nos verbaliza cada día y que pasa por acabar con la pluralidad catalana y por incapacitar la respuesta del Estado. El «Ho tornarem a fer» es la prueba de que aprendieron del primer golpe. No lo tuvieron tan lejos, pero el Estado terminó funcionando, les faltó base social y algunos acabaron en la trena. A la próxima lo harán mejor. «Continuaremos trabajando».
¿»Pacto con el Estado» a cambio de qué? A cambio de algo tan barato como consolidar la mayoría Frankestein mientras la cosa se va cocinando despacio en esos dos fuegos —la imposición del pensamiento único y la amputación del Estado—. No es un mal negocio. De hecho, objetivamente, nunca lo han tenido mejor. Les va bien. Las estrategias se articulan en torno a un objetivo y la meta de la ruptura es evidente. Quedarse en las explicaciones de lo inmediato, en los análisis tácticos, nos impide anticipar lo que está por venir. Nos enreda.
«¿Pacto con el Estado a cambio de qué? A cambio de algo tan barato como consolidar la mayoría Frankestein mientras la cosa se va cocinando»
Es verdad que Sánchez necesita el voto de ERC para los PGE. Pero conviene tener en cuenta que no es en estos Presupuestos sino en la próxima investidura donde está la razón de su supervivencia política. Es también cierto que la condición de los republicanos catalanes para consolidar su alianza con el PSOE consiste en borrar todos los efectos penales del procés, aunque ello implique en la práctica una agresión sin precedentes a la justicia española.
Eso explica por qué Sánchez da la razón a todos los que calificaron la sentencia como injusta, a quienes califican a los condenados como «presos políticos» y a quienes tachan a las condenas como «actos represivos de un Estado democrático». Les ha comprado todo el lenguaje, el diccionario entero, pero el sometimiento cultural no basta para satisfacer a ERC.
Esta reforma del delito de sedición no va de lavar los delitos del pasado, sino de despejar las intentonas del futuro. Y lo que viene haciendo Sánchez es desbrozar el camino para que los indepes puedan volver a hacerlo cuando quieran, con más opciones de éxito y además sin exponerse a riesgo alguno. Por eso es incorrecto sostener que «la situación se está desinflamando en Cataluña». La realidad es más desgraciada y más sencilla: lo único que pasa es que las élites del nacionalismo están sentadas, tomándose un helado junto al arcén, mientras el sanchismo les va asfaltando la autopista. No hay más. Y no lo hay, entre otras cosas, porque el Partido Socialista calla.
Quienes quieren romper la unidad de nuestra sociedad han conseguido esta semana, a un precio irrisorio, un salvoconducto para el futuro. Un certificado completo de impunidad en el que puede leerse que para desafiar a nuestra Constitución basta con no recurrir a la violencia física. Campo libre. Una declaración unilateral de independencia, un presidente que se niegue a convocar unas elecciones cuando debe, o cualquier otro acto de subversión constitucional que no contenga violencia, no provoque desórdenes públicos, quedará penalmente protegido solo por la hojita de parra de la prevaricación que no tardará en tocarse como decíamos anteriormente.
De manera que lo peor que podrá ocurrirles en el futuro a quienes traten de derruir el orden constitucional es que el Tribunal Constitucional anule sus actos, peccata minuta al lado de la impunidad penal. Y más todavía desde que el Tribunal Constitucional ha decidido postergar sine die todos los asuntos políticamente conflictivos hasta que la sentencia carezca de todo efecto práctico (estados de alarma).
Conclusión: Sánchez ha negociado con los golpistas la legalización de los golpes institucionales en España, esto es, ha desprotegido a nuestra Constitución. Solución: revertir la reforma del delito de sedición. Esa corrección es tan necesaria como urgente y justifica, en sí misma, la decisión de voto en las próximas elecciones generales.
«Esa corrección es tan necesaria como urgente y justifica, en sí misma, la decisión de voto en las próximas elecciones»
¿Es la Constitución Española un bien que merece ser jurídicamente protegido por la ley penal para que quien la ataque no quede impune? Claro que sí. Es un bien de nuestra vida colectiva que la ley debe proteger.
Hay bienes individuales como la libertad, bienes sociales como la salud pública y bienes del estado como el que estamos abordando. No es aceptable que nuestra Constitución quede indefensa cuando está abiertamente amenazada, que no sean delito las agresiones a la Carta Magna en las que no haya violencia. Es un peligro cierto que no exista nada entre la rebelión armada y la algarada callejera. Eso es desamparo puro.
Por cierto, ya que tanto se habla de armonización, no parece que esté de más preguntarse qué otro país del mundo renuncia a proteger su orden constitucional y —ya que estamos— dónde hay otro presidente democrático capaz de hacer algo así. No hay muchos. De hecho, si lo miramos, veremos que no hay ninguno.