Por segundo año consecutivo, España ha empeorado su posición en el índice de percepción de la corrupción que elabora Transparencia Internacional. Siendo 0 muy altos niveles de corrupción y 100 muy bajos, el informe publicado en febrero otorga a España la calificación de 60 puntos y la sitúa en la posición 35 de los 180 países analizados. Si nos limitamos a los Estados miembros de la Unión Europea, en la 14 de 27. Los países que mejor nota obtienen, aquéllos en los que la percepción de corrupción es prácticamente inexistente (Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda), son también los mejor clasificados en cuanto a la garantía y disfrute de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Transparencia Internacional ha publicado su meritorio informe en un momento en el que la agenda informativa de nuestro país está centrada en diversos escándalos de corrupción de distinta naturaleza y alcance, y que afectan a los principales partidos. En este contexto, no basta con escandalizarse por la sordidez de los episodios y exigir las responsabilidades políticas pertinentes, sino que es preciso preguntarse cómo y por qué han ocurrido y qué reformas habría que adoptar para evitar que este tipo de actos se repitan en el futuro. La corrupción trae causa básicamente de tres factores: falta de control en la elaboración de listas electorales, utilización partidista de instituciones que deben ser neutrales; e insuficiencia de controles en la contratación pública y en la adjudicación de subvenciones.

La dimisión del diputado socialista Juan Bernardo Fuentes -‘Tito Berni’- por su presunta implicación en una trama corrupta destapada en Canarias pone de manifiesto la ausencia de controles por parte de los partidos a la hora de confeccionar las listas y de supervisar la actuación de sus representantes. ‘Tito Berni’ no es ningún advenedizo en política. Fue diputado ya en 2006 y ahora era miembro de tres comisiones en el Congreso de los Diputados de relevancia en materia económica.

Aunque es evidente que los partidos no pueden inmiscuirse en la vida privada de sus representantes, no lo es menos que están obligados a velar por que sus comportamientos públicos y privados no resulten incompatibles con su función de representantes de los ciudadanos. En este caso, como en tantos otros, el partido abdicó de su obligación de supervisar la actividad de sus diputados. El único criterio para confeccionar una lista electoral hoy en España es la absoluta y plena confianza del ‘caudillo’ nacional o del ‘cacique’ local del partido. Mientras las listas no se confeccionen por órganos colegiados que lleven a cabo la preceptiva selección y depuración de los candidatos, oportunistas sin escrúpulos seguirán obteniendo puestos de representación.

El ‘caso Kitchen’ es el otro gran protagonista de nuestra particular agenda de la corrupción. La gravedad del mismo reside en que pone de manifiesto que, desde el Ministerio del Interior, políticos del PP presuntamente utilizaron a las Fuerzas de Seguridad del Estado con fines partidistas y para desacreditar a fuerzas de la oposición. Esta corrupción institucional fue posible, entre otras causas, porque cuando una formación accede al Gobierno puede reemplazar a la cúpula de la Policía. Los mandos supremos de la Policía y de la Guardia Civil son -como otros cientos de puestos públicos- cargos de libre designación.

Para evitar episodios de corrupción institucional como el ‘caso Kitchen’ sería muy efectivo adoptar reformas que blindasen los nombramientos de la cúpula policial y los alejasen de la confrontación partidista. Valga el ejemplo del director del FBI -una de las principales y más conocidas agencias de seguridad del mundo-, que es nombrado para un mandato de diez años. Alguna medida similar habría que adoptar en relación a nuestros directores generales del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil (y, por supuesto, de las policías autonómicas allí donde existen).

Finalmente, los empresarios no se dedicarían a pagar cenas y juergas a los políticos, ni a sobornarles de cualquier otro modo si no tuvieran la convicción de que algo podrán recibir de ellos: ayuda para la concesión de una subvención o para la adjudicación de un contrato. Ello es posible por la peligrosa relajación de los controles administrativos que se produjo con la pandemia y se ha mantenido con la finalidad de repartir antes los fondos recibidos de la Unión Europea. Esa relajación no ha servido para agilizar las adjudicaciones y sí para aumentar las posibilidades de su concesión irregular.

Si no combatimos sus causas, los casos de corrupción aumentarán al mismo tiempo que disminuirá la confianza ciudadana en las instituciones.