Javier Tajadura Tejada-El Correo
Las declaraciones realizadas por el presidente Sánchez al anunciar su decisión de permanecer en el cargo resultan sumamente preocupantes, tanto por el fondo como por la forma de hacerlas públicas. Su apelación a la necesaria regeneración democrática del sistema encubre realmente una llamada a la involución y a la erosión de las libertades públicas. En primer lugar, conviene recordar que Sánchez es un presidente parlamentario cuya legitimidad democrática no emana del cuerpo electoral sino de su investidura por el Congreso. Sánchez ha apelado a la ciudadanía y reclamado la movilización social a su favor en lugar de comparecer ante el Congreso y plantear al menos una cuestión de confianza (que puede ganar por mayoría simple) para legitimar su continuidad en el cargo. Su proceder ha sido claramente populista y antiparlamentario.
En segundo lugar, por lo que se refiere al contenido de la regeneración, esta se circunscribe a la eventual inclusión en nuestro ordenamiento de mayores límites a la libertad de expresión. Si con ello pretendiese limitar la crítica política legítima basada en informaciones que pueden perjudicar la reputación de su familia, se trataría de una medida claramente inconstitucional. Es cierto que abundan en las redes muchas falsedades que deben ser combatidas, pero el objetivo real del presidente no son las campañas de desinformación masivas (procedentes de países enemigos, principalmente Rusia) sino determinados medios de comunicación cuyo compromiso por la democracia no puede ser puesto en cuestión. Y junto con los medios de comunicación, la regeneración se formula como coartada para llevar a cabo un asalto al Poder Judicial, imponiendo la necesaria renovación del CGPJ, pero sin atacar el núcleo del problema que es su colonización partidista.
Nada de lo anterior puede considerarse por tanto como un programa de regeneración, sino más bien de involución y retroceso democráticos.
La agenda de la necesaria regeneración democrática que requiere nuestro país debería incluir al menos cuatro elementos. Las instituciones europeas insisten en la importancia de los dos primeros. Primero: renovación y reforma del modo de elección de los vocales del CGPJ. La mayoría de sus miembros deben ser elegidos por los propios jueces y debe abandonarse el inconstitucional sistema de reparto o cuotas. Segundo: reforzamiento de la imagen de independencia de la Fiscalía. Debe ponerse fin a la coincidencia del mandato del Fiscal General con la del Gobierno. Tercero: profesionalización de la alta dirección de la Administración y de todos sus organismos. Debe ponerse fin (mediante la reforma legal oportuna) al escándalo que supone que directores de museos, hospitales, policía, puertos, correos… sean nombrados a dedo por el Gobierno. Cuarto: restablecimiento de las reglas básicas no escritas de la democracia (tolerancia y autocontención). El adversario político no puede ser tratado como un enemigo y no se puede utilizar la mayoría propia para colonizar todas las instituciones. A ninguna de estas medidas se refirió el presidente en su alegato populista.