Es verdad que, como afirma Sánchez en su correo no deseado (al menos no solicitado), existe en la administración de justicia una regla no escrita de evitar decisiones procesales relevantes durante las campañas electorales. Como se trata de una pauta optativa, no siempre se cumple –Mercedes Alaya la omitió al menos un par de veces en la larga instrucción de los ERE–, entre otras cosas porque la política española se ha convertido en una larga sucesión de elecciones donde el escrutinio de una enlaza con la convocatoria de la siguiente. El juez Peinado, quizás harto de las presiones del fiscal –¿de quién depende?– y de las estrategias dilatorias del defensor, ha citado a Begoña Gómez en vísperas de los comicios europeos y provocado la irritación del presidente del Gobierno. Podía y acaso debía haber esperado unos días, cierto, pero no tiene obligación de hacerlo porque la independencia jurisdiccional blinda su criterio. Luego nos quejamos los ciudadanos de que los tiempos judiciales son muy lentos.

Claro que también existen en la vida pública otras reglas no escritas, costumbres que podríamos llamar convenciones implícitas y que desde que Sánchez llegó al poder han quedado abolidas. Por ejemplo, que gobernara el candidato de la lista más votada. O que los partidos sistémicos se abstuviesen de pactar con los herederos etarras. (Ésta la defendía el propio Sánchez con una vehemencia que pronto supimos impostada). O que el líder de la nación diese explicaciones al pueblo ante sus representantes en el Congreso en vez de por carta. O que los miembros del Tribunal Constitucional y el titular de la Fiscalía General no desembarcasen directamente desde el Gobierno. O que los cambios de postura sobre temas cruciales (la OTAN) no incluidos en los programas se sometiesen a referéndum. O que las reformas institucionales y los grandes asuntos estratégicos de política exterior se abordaran por consenso. O la neutralidad del CIS, cuyo partidismo ha dejado por los suelos su antiguo prestigio académico.

Nunca se han roto en democracia más códigos tácitos que durante el sanchismo. Incluso algunos explícitos, formalizados como contratos de palabra con el valor moral de un compromiso. Pero sobre todo, ninguna esposa del primer ministro –y ha habido seis antes– ha disparado su carrera profesional bajo el mandato de su marido. (Carmen Romero y Ana Botella hicieron política presentándose a las elecciones, es decir, con el respaldo de los ciudadanos, y ni aun así se libraron de acusaciones de enchufismo y de padrinazgo). Ese plano de discreción voluntaria también era un principio tácito que ha saltado en pedazos entre un escándalo de favoritismo universitario y otro de relaciones inconvenientes con empresas contratistas del Estado. Y resulta que el problema es un juez que hace su trabajo, sólo porque ha osado investigar el entorno directo del P*** Amo.