Javier Zarzalejos-El Correo
- El Gobierno está violentando normas básicas que deben guiar el comportamiento de los actores políticos en una democracia
Últimamente se habla mucho de «las reglas no escritas de la democracia», casi siempre para constatar con nostalgia que todas ellas se están quebrando. Construir una democracia nominal es relativamente fácil. Se redacta una Constitución, se pone en pie un conjunto de instituciones y se celebran elecciones periódicas, que en democracias auténticas están abiertas a la incertidumbre de los resultados mientras en las dictaduras se caracterizan por la certeza del vencedor, que siempre gana aunque pierda, como es el caso de Nicolás Maduro.
Tal vez por esta razón, el fracaso de la democracia es un fracaso de la cultura cívica que debe animarla, una cultura alimentada por esas reglas no escritas que deben animar los comportamientos, las actitudes y la forma de conducirse de ciudadanos y actores políticos.
Pongamos algunos ejemplos. Álvaro Ortiz, máximo responsable de la Fiscalía General del Estado, un órgano esencial en un Estado de Derecho, ha sido declarado inidóneo para el cargo por el Consejo General del Poder Judicial. La Sala Tercera del Tribunal Supremo anuló el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal de Sala y declaró formalmente que el fiscal había incurrido en desviación de poder. Parece más que probable que, para rematar semejante trayectoria, Álvaro Ortiz resulte imputado por revelación de secreto en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Nada en la ley se opone -por ahora- a que el fiscal general del Estado continúe en su cargo, pero solo desde el desprecio más descarado a esas normas no escritas se puede entender que Álvaro Ortiz siga en su puesto y encima aproveche la apertura del año judicial para dar lecciones a los jueces.
Otro caso. José Luis Escrivá puede tener todos los méritos que se quiera para ser gobernador del Banco de España. Los tienen él y, afortunadamente, unos cuantos españoles de ambos sexos, que con toda seguridad podrían desempeñar eficazmente esa responsabilidad. No hay ninguna ley que le impida ser nombrado para ese puesto por haber sido ministro. Franco -al que tanto gustan los socialistas de recurrir en sus ataques a la derecha- sentó el único precedente. Pero una entidad como el Banco de España, obligada institucionalmente a mantener su independencia, no debe ser presidida por quien se ha mostrado tan disciplinadamente alineado con el Gobierno más sectario que ha conocido la democracia española.
El próximo año tendrá lugar la evaluación oficial de la reforma del sistema de pensiones, alumbrada por Escrivá, pero que ha sido puesta seriamente en duda en cuanto a su sostenibilidad por instituciones y expertos; entre ellos, el Banco de España que ahora va a gobernar el aludido. ¿Qué autoridad política, moral o institucional podrá tener el Banco de España bajo José Luis Escrivá cuando tenga que pronunciarse sobre la reforma de las pensiones que él mismo propuso? La incompatibilidad política es clara y la tacha que pesa sobre Escrivá desde este momento resulta insalvable, tanto que tendremos que esperar del nuevo gobernador exhibiciones aun mayores de su mal talante y su irrefrenable arrogancia intelectual para combatir las críticas que encaja tan mal. Deberíamos ser disculpados los que pensamos que salvar la reforma de las pensiones del escrutinio europeo el próximo año es una de la razones que más puede haber influido en esta decisión de Pedro Sánchez.
No habría que olvidar el Tribunal Constitucional en el que tres de sus magistrados, entre ellos su presidente, han estado directamente vinculados, con sujeción jerárquica, al Gobierno socialista. La relación podría ampliarse.
Esas reglas no escritas deberían extenderse para exigir una mínima decencia intelectual y política a la hora de argumentar. Hablar de la singularidad fiscal de Teruel y Soria para legitimar el concierto económico pactado con los independentistas catalanes es un despropósito sonrojante y ofensivo para las provincias aludidas. Por no hablar de la descarada logorrea de la ministra de Hacienda, que degrada el debate público al negar la realidad del pacto fiscal que ha permitido a Salvador Illa presidir la Generalidad.
Debe resultar muy cómodo contar con tantos y tan disciplinados peones en las instituciones. Pero el mensaje a los ciudadanos es devastador. No solo se alienta la peor pedagogía desde un poder que carece de límites de ética pública, sino que se compromete el crédito de las instituciones colonizadas hasta umbrales irreparables.
Cuesta creer que nadie en el Partido Socialista repare en la pesada hipoteca que pesará sobre él en el futuro, cuando pierda el poder y entonces tengan que escuchar la relación de sus comportamientos.