Tonia Etxarri-El Correo
Con la aprobación del decreto que permitirá legalizar a medio millón de inmigrantes ‘sin papeles’ (casi 26.000 serán los beneficiados en Euskadi), el Gobierno dará hoy un paso de gigante hacia una normativa que nace con la polémica como sello de identidad. Más allá de la cantidad de receptores, que no deja de tener su importancia, las reticencias han surgido sobre las formas como se piensa llevar a cabo lo que se ha dado en llamar, en la oposición, «regularización masiva». Sin exigir un contrato de trabajo previo que acredite una intención de proyecto de integración. Sin exigir tampoco la comprobación de antecedentes penales si en los países de origen y tránsito no se facilita un certificado. Bastará con una declaración por escrito. Y una firma. Un trámite burocrático tan poco controlado que bien puede servir de pista de aterrizaje para quienes hacen de la picaresca su forma de supervivencia.
Es, precisamente ahí, en los criterios de vulnerabilidad y en la acreditación de los antecedentes penales, donde el Consejo de Estado ha expresado sus reservas en un informe, que es preceptivo pero no vinculante, emplazando a los autores del texto a que eviten el caos procedimental para frenar una situación de desbordamiento. ¿Qué se entiende por una situación de vulnerabilidad? ¿Cómo se acreditan los antecedentes penales? Ahí surgen todas las dudas. También las de la oposición, que considera que ese trámite, a la baja, podría servir de «peligroso coladero».
La normativa que hoy se aprobará va a contracorriente de Europa. La Unión está reforzando sus mecanismos de control endureciendo la ordenación del flujo migratorio. Si Bruselas ya ha advertido de que serán devueltos a nuestras fronteras los inmigrantes regularizados en España que se desplacen a otros países del espacio Schengen, es porque considera que nuestro Gobierno adopta una vía unilateral que desborda el marco común.
El texto del Consejo de Ministros, que estudia alegaciones como la del Gobierno vasco pidiendo que el euskera sea valorado como mérito, no como requisito (por pedir, que no quede), no pasará por el filtro del Congreso. El Ejecutivo sabe que esta regularización quedaría encallada por falta de apoyo.
La oposición, haciéndose eco del malestar generado por tantos episodios de violencia registrados a diario en nuestro país, pide más control. Agresiones que no son una ‘inventada’. Son tantas que no caben en los telediarios pero aparecen testimonios constantes en las redes sociales. Resulta contradictoria la coincidencia de esta regularización con la entrada en vigor de la reforma legal contra la multirreincidencia que persigue, precisamente, acabar con la impunidad con la que están actuando determinados delincuentes. En el Metro de Madrid, a plena luz del día, asaltos para robar a discapacitados, en San Sebastián o Barcelona. Menas en Vitoria que no vienen a integrarse, precisamente. La polémica está servida. Entre la transparencia y el miedo a estigmatizar a colectivos de inmigrantes. Decir que hay que ordenar los flujos migratorios significa dar una respuesta para que no se desborde la situación. Una regularización sin control tensionará todas las instituciones y nuestra convivencia.